El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto de oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2025, con un total de 26.889 plazas que, sumadas a las 9.699 de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suman 36.588. La convocatoria total es inferior a la del año pasado, con unos históricos 40.000 puestos, pero marca récord, por quinto año consecutivo, en el apartado de nuevo ingreso, con 27.697 plazas, mientras 8.891 serán de promoción interna. “Inyectamos savia nueva al Estado, para darle la solidez, la cercanía y las capacidades que exige el momento social, económico e histórico”, ha señalado el ministro de Función Pública, Óscar López.

Según los cálculos del Gobierno, la oferta en la AGE, con 26.889 plazas de funcionario (13.400) y personal laboral, supone la creación de 5.400 empleos netos y “profundiza en el cambio de tendencia logrado en 2021, manteniendo un flujo de entrada de nuevos ingresos en el sistema por encima de la pérdida de efectivos”. “El Gobierno progresista tiene un proyecto público claro, ambicioso y diferencial. Un modelo que en siete años ha roto la dinámica de abandono y recortes que protagonizó el PP hasta 2018”, ha indicado López.

Esta convocatoria incluye plazas para la Administración General del Estado (AGE), que dependen del Gobierno y sus diferentes organismos, como el Servicio Estatal Público de Empleo, la Seguridad Social o la Dirección General de Tráfico. Precisamente, desde el Ejecutivo quieren reforzar la atención a la ciudadanía, con 8.851 plazas para personal funcionario para estos servicios, pero también para las oficinas de extranjería, las gerencias territoriales de Justicia, el Catastro, la Agencia Tributaria, las oficinas de expedición del DNI, homologación de títulos educativos, bibliotecas, archivos y museos estatales y capitanías marítimas, para “garantizar una atención ágil, directa, de calidad e inclusiva”.

Además, el 10% de las plazas de esta oferta de empleo público están destinadas a personas con discapacidad. Son un total de 2.610 plazas, de las que las personas con discapacidad intelectual optan a 538. A la par, Función Pública ha anunciado que se reforzarán las capacidades para facilitar la incorporación de estos y estas trabajadoras a la administración, como las Unidades de Inclusión en los departamentos ministeriales, que se constituyeron en 2024.

Otro de los objetivos del Ejecutivo en los últimos años ha sido revertir el envejecimiento de las plantillas, algo que ha conseguido en parte, con una disminución de la edad media de los 51 a los 49 años en dos años.

“Insuficiente” para los sindicatos

El Ministerio de Función Pública cerró el pasado 3 de julio la negociación con los sindicatos para esta nueva oferta pública de empleo. Unas conversaciones de las que el Gobierno, que tiene la competencia en este campo, salió sin el visto bueno de las organizaciones sindicales. CCOO consideró que las plazas eran “soberanamente insuficientes” y CSIF que “reduce la creación de empleo neto”. Incluso UGT, la única que el año pasado aceptó la convocatoria, ha rechazado firmar un acuerdo.

La del año pasado fue una oferta pública de empleo histórica, que supero por primera vez las 40.000 plazas, de las que más de 30.000 eran para puestos en la Administración General del Estado —cerca de 21.000 de acceso libre y más de 10.000 de promoción interna— y el resto para personal de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aunque fuentes cercanas a las conversaciones ya habían rebajado las expectativas respecto a esa cifra para este nuevo ejercicio, si habían señalado que se acercaría.

Al margen de esta convocatoria, Función Pública anunció a finales de junio una oferta extraordinaria, de 1.000 plazas, para garantizar la jubilación parcial anticipada del personal laboral de la Administración General del Estado, que tenía reconocido ese derecho pero que había quedado en el limbo tras el acuerdo de pensiones, que obligaba a que los relevistas tuvieran un contrato indefinido y a tiempo completo. Precisamente, la recuperación de este derecho para el personal laboral de toda la administración y su “plena implantación” para el funcionario y estatuario es una de las reivindicaciones de los sindicatos.

La semana pasada, CCOO y UGT elevaron la tensión con el Gobierno, con una protesta ante el Ministerio de Hacienda, a la que acudieron 2.000 personas, según los organizadores, para reclamar que el Gobierno “complete la ejecución del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y del plan de choque para reducir la temporalidad”, además de “la subida salarial correspondiente a este año”.