Una retroexcavadora avanza abriéndose paso entre palés, sofás, puertas derruidas y numerosos materiales que ahora son escombros, pero hasta hace nada constituían una de las centenares de infraviviendas del asentamiento Can Rova 2, el mayor de Eivissa y un símbolo del drama de la vivienda en la isla. Peones de obra, personal de limpieza y otros trabajadores han sido desalojados esta mañana, a partir de las nueve, cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad –Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local– han avisado con un dron que tenían que abandonar el terreno, propiedad de la familia catalana Ayguavives Suaña.

El incendio ocasionado a finales de junio en la cocina de una de las chabolas ha precipitado la decisión del juez de que la finca debía ser desalojada cuanto antes, después de que los Ayguavives Suaña pidieran el desalojo inmediato. “Una vecina que trabaja por la noche estaba cocinando cuando llegó y se quedó dormida”, cuenta Ariel, uno de los afectados, a elDiario.es. Observa, desde la acera de enfrente, cómo el que era su hogar ha quedado en apenas unas horas reducido a un montón de basura.

Una de las chabolas donde malvivían los trabajadores.

Un policía asiste al desahucio. Al fondo, los enseres personales de los residentes, entre ellos, una bicicleta.

Se han ido, tanto él como el resto de personas que vivían hasta ahora en Can Rova 2, en silencio, sin oponer resistencia. Cuando por la mañana el dron de la Policía Nacional informaba de que tenían que abandonar el solar, ya estaban casi todos fuera y los que quedaban han ido saliendo a cuentagotas sin hacer apenas ruido. La imagen contrasta con la del desahucio, el pasado julio de 2024, del primer Can Rova.

Muchos de los trabajadores instalados entonces en el terreno privado de un propietario pirata que les cobraba a algunos hasta mil euros por vivir dentro de sus dominios en una caravana, furgoneta o tienda de campaña y que sufrieron el desalojo de los antidisturbios hoy comparten un tereré mientras observan la terrible escena desde debajo de una sabina. Parecen agotados por la incansable búsqueda de una habitación o una vivienda para conservar sus trabajos y por fin tener una rutina tranquila. “Mientras tengamos que cuidar de nuestros hijos, siempre nos quedarán fuerzas”, afirma Francisca, de origen paraguayo. Hay, entre ellos, por lo menos cuatro menores: un niño de unos cuatro años y tres bebés, uno de apenas unos meses.

El departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado en una nota de prensa que, desde el anuncio de la fecha de desalojo, ha atendido un total de once menores, repartidos en siete parejas con hijos y una mujer sola con hijos.

Una de las mujeres desalojadas en Can Rova.

Residentes en el poblado chabolista retiran sus pertenencias.

Además, también contabilizan 23 adultos sin cargas familiares, de los cuales hay nueve parejas, dos hombres solos y tres mujeres solas, sin vínculo familiar. Así como una persona que requiere atención por motivos de salud debido a una enfermedad incapacitante. A estas cifras se deben añadir dos parejas más, cuyas mujeres están embarazadas, han añadido desde el Consistorio en una nota de prensa.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Rosselló Juan, ha detallado que desde hace varios días –avisaron del desalojo hace una semana– han informado a los desalojados que cuentan con el apoyo de los Servicios Sociales y que pueden acercarse a la oficina de Puig d’en Valls para analizar su caso particular y solicitar ayudas. Una versión que no coincide con la de los trabajadores, quienes lamentan la falta de atención por parte del equipo municipal y buscan con urgencia un lugar donde residir a partir de ahora. “Estamos en la calle”, lamentan. Rosselló ha añadido que, tras tener conocimiento de que hay personas que se han dirigido a las oficinas, se reforzará el personal “para dar un buen servicio”. El concejal ha agregado que primero se les hará una valoración de vulnerabilidad y después se les prestará la “ayuda que permite la ley”.

Un peluche de uno de los menores que residía en el poblado.

Uno de los operarios que ha intervenido en el desalojo.

Pasar la noche en Cáritas

De momento, a lo largo de este mes, las madres con sus hijos pernoctarán en los recursos habitacionales de Cáritas, pero el resto de adultos no tienen dónde ir. Una de las desalojadas muestra a elDiario.es una conversación con el arrendador de un inmueble: 700 euros al mes por una habitación, gastos aparte, más la fianza, que corresponde a una mensualidad. El problema, señala Ariel, es que la mayoría de caseros “no quieren niños”. Por eso, para una familia es aún más difícil permanecer en la isla por la crisis de vivienda a pesar de tener un contrato de trabajo. Por otro lado, no han recibido, en general, ayuda por parte de sus empresas para poder acceder a un lugar en el que residir.

Durante su periodo en el asentamiento han continuado buscando opciones habitacionales, sin encontrar alternativas: “La gente tiene la concepción de que buscamos vivir así, pero no es verdad. También queremos levantarnos tranquilos, teniendo nuestra cama, nuestra ducha… pero esto es lo que sucede cuando de las mil puertas que podrías tener abiertas solo queda una”, continúa Ariel.

Rosselló ha insistido en que no “se permitirá” que los ciudadanos de la isla “vivan en estas condiciones” y ha pedido a la gente que, antes de venir, “se aseguren de tener una vivienda”. El parque habitacional, sin embargo, está muy limitado y sus precios no están al alcance de casi nadie. La mayoría de los trabajadores desalojados, además, llevan años en Eivissa, no son recién llegados. Valentín, trabajador de mantenimiento, se trasladó este lunes desde Can Rova 2 a la zona de Can Misses. Poco después, se llevó la grúa y, para no invertir más dinero -la compró por unos 7.000 euros-, decidió dejarla. “Ya no hay más opciones, hemos llegado al límite. El abogado hizo un buen trabajo, pero después del incendio ya no pudo hacer más”, reconoce este hombre de origen colombiano.

El sofá que hacía de cama a uno de los residentes.

La comitiva policial retira una de las caravanas.

Demandados por ‘okupación’

Los propietarios de la finca de Cas Bunets, representados por el abogado Mariano Suñer, demandaron a las familias por ‘okupación’, iniciando un procedimiento legal contra los desalojados que, según consideró David Fechenbach, defensor legal de los desahuciados, “iba para largo”. Un error en los trámites judiciales cometido por la familia catalana de alto poder adquisitivo obligó a frenar el pasado abril otro intento de desalojo y, finalmente, una resolución judicial de urgencia por la vía contenciosa ha obligado a poner fin al asentamiento en pleno julio -en plena temporada- por el peligro medioambiental.

En el terreno había fosas sépticas que ahora el Consistorio se encarga de cerrar y un sistema eléctrico ilegal con riesgo de electrocución que los técnicos de Medio Ambiente ya se han asegurado de que estuviera desactivado. Además, la unidad canina antiexplosivos del SEPRONA de la Guardia Civil ha rastreado el peligro de detonación antes de que actuaran camiones y tres retroexcavadoras. También se habían activado a los antidisturbios, por orden judicial, aunque no estaban en la zona al haberse desarrollado la actuación de manera pacífica.

Dos hombres y una niña abandonan Can Rova II.

Los residentes del poblado a las puertas del mismo.

2.000 euros por infravivienda

Los desalojados habían invertido en algunos casos alrededor de 2.000 euros por infravivienda. Ahora, la familia Ayguavives tendrá que desembolsar el coste de derribo de las chabolas al Ayuntamiento, quien ha recordado que, a partir de este momento, tienen el “deber legal de conservar y mantener la finca”, que quizá se destine al cultivo para evitar de nuevo su ocupación. Aún así, los núcleos de infraviviendas proliferan en distintas áreas de la ciudad, a pesar de los esfuerzos municipales. En Vila, hace apenas una semana, las caravanas y autocaravanas instaladas en el aparcamiento de es Gorg experimentaron otro desalojo de menor calibre y justo delante de la finca de Cas Bunets, al otro lado de la carretera, hay otra tienda de campaña.

Una de las menores que residía en el asentamiento.

Más de 300 personas han dejado Can Rova II.

Richard, uno de los desalojados, informa que siguen manteniendo el contacto con su abogado -contratado por unas cuarenta familias del asentamiento tras el desahucio de Can Rova 1-, pero también admiten que no pueden contradecir la decisión del juez. Por eso, en esta ocasión no han opuesto resistencia. Los conductores de los vehículos que circulan por la carretera Vila-Sant Antoni, junto a la que se extiende el asentamiento, observan con curiosidad el destrozo. Las tareas de limpieza se alargarán probablemente dos días, pero las infraviviendas quedarán hoy totalmente “desmanteladas”, asegura Rosselló.

Sobre las once de la mañana no quedan en la parte baja del terreno (dividido en tres áreas) nada más que escombros. Una grúa municipal se ha trasladado hasta el asentamiento para retirar los vehículos considerados abandonados y varios camiones de Ca Na Negreta S.A acceden al solar para empezar a quitar los restos de materiales. Junto al trajín, un agente municipal saluda a uno de los desalojados: “¿Y ahora?”, le pregunta. “En la calle”, le responde su conocido.