Los ataques de jóvenes uniformados a los residentes inmigrantes en Torre Pacheco deberían constituir una evidente referencia para el desarrollo de la política inmigratoria. Pues, como hemos visto, además de la durísima violencia ejercida sobre las víctimas, no deben olvidarse proclamas como “España cristiana y no musulmana” o “Moros no, España no es un zoo”, además de gritos propios del franquismo. No puede ignorarse que, en alguna medida, cierto partido político ha podido estar propiciando o estimulando dichas actitudes. Lo que, en primer lugar, plantea la necesidad de valorar si tal política es o no contraria a los principios democráticos que debe presidir toda la acción de un partido político. Es más, la Ley de Partidos Políticos, de 2002, en el art. 9.2 a) dispone que puede acordarse la ilegalidad de un partido cuando “promueva, justifique o exculpe” la “exclusión o persecución (…) de personas… Por razón de su nacionalidad o raza (…)”. Un supuesto que, por sí solo, ya justificaría la rigurosa investigación judicial de tales hechos.

Dada su evidente gravedad, estamos obligados a situar la valoración de los mismos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Para reafirmar que es muy preocupante que, tantos años después, estén infringiéndose los valores que fundamentaron la Democracia. Esto decía el artículo primero de dicha Declaración: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Y, aún más. Art. 7: “Todos son iguales ante la Ley, y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la Ley”. Y, aún más, Art.13.1: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir residencia en el territorio de un Estado”.

Derechos inalienables que fueron más concretados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que, ante la permanencia de la dictadura, no fue incorporado a nuestro sistema legal hasta 1977. Proclama así sus Principios: “No puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”.

A partir de estos antecedentes, desde el profundo respeto al ser humano, centrémonos en el presente. La nacionalidad, única circunstancia que diferencia a los inmigrantes de los españoles, no puede generar una tan intensa diferencia de trato que haga quebrarse el valor de la “igualdad”, uno de los presupuestos de nuestro sistema democrático. El tratamiento discriminatorio de los mismos es, además, un factor que favorece activamente la fractura de la sociedad y un posible proceso de exclusión social de graves consecuencias.

El problema no es nuevo. En 1929, el eminente jurista Hans Kelsen se opuso a la distinción entre nacional y extranjero como soporte del concepto de Estado: “No es requisito indispensable del orden jurídico nacional distinguir, entre los individuos sujetos a él, aquellos que son nacionales de los que no lo son: en una autocracia nadie tiene derechos políticos; en una democracia radical la tendencia es la de ensanchar cuanto sea posible el círculo de quienes poseen derechos políticos”. Así lo mantuvo también el profesor M. Atienza: “El principio de que se puede discriminar a las personas en lo concerniente al goce y disfrute de los derechos básicos por razón de su nacionalidad (…) es pura y simplemente inmoral”.

Pero la realidad es que los flujos migratorios desde los países empobrecidos hasta los desarrollados se mantendrán. La globalización económica y financiera está generando un incremento de la desigualdad económica que, ineludiblemente, provoca movimientos migratorios desde los países empobrecidos a los desarrollados. Situación que es evidente que no se resolverá con políticas de fuertes controles fronterizos y de constantes obstáculos a la legalización de los inmigrantes como sujetos reales de derechos. Así lo exige el art. 10 de la Constitución: “La dignidad de la persona, los derechos inalienables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son el fundamento del orden jurídico y de la paz social”. Precepto que debe obligar al Gobierno y autoridades competentes a afrontar de forma decisiva, en cuanto afecta a los inmigrantes, la desigualdad y la falta de oportunidades de empleo, con la premura necesaria, la discriminación y la pobreza y, de forma inmediata, la violencia moral y/o física de que, con tanta frecuencia, son víctimas.