El acuerdo para lograr una reforma del Estatuto Marco parece, paradójicamente, más lejos según avanzan las negociaciones. Cuando está cerca de concluir el calendario inicial de reuniones con los sindicatos para negociar punto a punto la propuesta de Sanidad sobre las condiciones laborales de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, al Ministerio se le multiplica la presión. Y ahora a varias bandas.

Si hasta ahora era el comité de huelga, encabezado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), quien estaba apretando las tuercas al departamento que dirige Mónica García, los sindicatos que forman parte de la mesa de negociación (CCOO, UGT, CSIF, Satse y y CIG Saude) establecieron este lunes tres medidas que son “irrenunciables” si quieren contar con su firma: la jornada laboral de 35 horas semanales –que sí se ha recuperado en algunas comunidades–, el acceso a la jubilación parcial, anticipada y voluntaria, y una reclasificación profesional que vaya acompañada de una subida salarial para las categorías, como las enfermeras o los fisioterapeutas, que han ascendido de nivel en la nueva ordenación. De no escucharse antes de mediados de septiembre, asoma de nuevo la amenaza de huelga.

“Son dos materias que están en la mesa de negociación”, responde Celia Gómez, directora general de ordenación profesional del Ministerio de Sanidad, a preguntas de elDiario.es. El Ministerio aún confía en “cerrar un texto consensuado que pueda tener la fuerza suficiente para favorecer su aprobación en las Cortes”. El departamento defiende que ha hecho cesiones importantes “propuestas por la parte social” y que el texto actual “puede concitar consenso”. Esta semana está prevista una nueva reunión y habrá al menos otra durante el mes de julio, según Sanidad.

Las fricciones sostenidas durante tantos meses están siendo un foco de desgaste para García, que ha encontrado en sus antiguos colegas, que tenían grandes expectativas con su mandato, la mayor oposición a su gestión. El colectivo del que formaba parte le está dando la espalda. Además, las dificultades no acabarían, en el mejor de los escenarios, cuando se cierre un hipotético texto de ley (con o sin acuerdo con los sindicatos). Necesita después recabar un improbable apoyo mayoritario del Congreso de los Diputados para salir adelante.

Una triangulación singular

La negociación ha estado marcada por una triangulación muy singular. Por un lado, los sindicatos de la mesa –los interlocutores acreditados y naturales para este proceso– habían mantenido un perfil bajo estos meses, ciñéndose a las conversaciones internas, pero han cambiado de estrategia. “Ha habido un trabajo constructivo pero también una venta precipitada de resultados, poco respecto al ámbito de negociación y de introducción de agentes que no son parte del proceso”, denunció la presidenta de Satse, Laura Villaseñor, en una rueda de prensa este lunes, en la que todos los sindicatos unidos –salvo la Confederación Española de Sindicatos Médicos–, acusaron al Ministerio de actuar con “discutible lealtad y muy poca responsabilidad”.

Por otro lado está el comité de huelga, formado por CESM y el Sindicato Médico Andaluz. Las reuniones con estos interlocutores fueron vistas, desde el principio, con malos ojos por la mesa del ámbito porque significaba de facto que había conversaciones a varias bandas y les restaba control en el proceso. Estas reuniones, con intercambio de documentos, continuaron a medida que fueron escalando las presiones hasta llegar a la convocatoria nacional de huelga del pasado 13 de junio.

Un mes después del paro, que se dejó sentir por toda España de manera desigual, los convocantes reconocen que ha habido “avances puntuales”: la hora de guardia se pagará mejor (equiparándola a la retribución de la ordinaria), no se podrán encadenar jornadas de guardia (complementarias) con jornadas habituales ni tampoco se devolverán las horas que no se hacen después de las guardias, como hasta ahora, y se elimina la obligación de trabajar solo en la pública para los médicos y médicas residentes, como constaba en el primer borrador que remitió el Ministerio. Quedan, además, exentas de las guardias sin perder salario las profesionales embarazadas o que están en periodo de lactancia, quienes tienen problemas de salud y los mayores de 55 años.

Con todo, CESM y SMA consideran estas mejoras “limitadas y puramente cosméticas” porque no desaparecen “las guardias obligatorias, las 24 horas no desaparecen y el tiempo de descanso debería computar como tiempo efectivamente trabajado”. Su batalla tiene fundamentalmente dos demandas: un estatuto propio solo para el personal médico y eliminar la exclusividad del personal directivo y de los cargos intermedios –jefes y jefas de servicio– de la sanidad pública, lo que en la práctica impide compatibilizar el trabajo en consultas privadas. Dos cuestiones que el Ministerio ya ha avanzado que no negociará.

Unos y otros, pese a que les separan sus prioridades, comparten una misma demanda: la relacionada con la jubilación anticipada. El argumento de Sanidad para no responder a esta petición es que no tiene capacidad para incluirlo en su ley porque “afecta al sistema de Seguridad Social con una normativa propia”, aunque sí ha planteado hacer un estudio sobre su viabilidad junto a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social. Este razonamiento no es válido para los sindicatos que lamentan una “falta de voluntad de otros ministerios, una falta de voluntad de la ministra o el ninguneo por parte del Gobierno de España al Ministerio”. “Si no se tienen los apoyos del gobierno, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo”, dijeron este lunes.