La legislatura europea echó a andar con mal pie. La desconfianza llegó a un punto álgido cuando el PP europeo, pilotado por Manfred Weber, se dejó arrastrar por la estrategia de Alberto Núñez Feijóo y puso en cuestión a Teresa Ribera como vicepresidenta de la nueva Comisión Europea. Han pasado ocho meses de aquel momento, que pareció un punto de no retorno, y las heridas siguen sin cerrarse. Socialistas y liberales, que tuvieron que ‘tragarse el sapo’ de tener un vicepresidente de Giorgia Meloni en el Colegio de Comisarios por el empeño de Ursula von der Leyen, llevan desde entonces viendo cómo Bruselas asume la agenda del PPE –y de la extrema derecha– en temas como la migración o la agenda verde, más allá del flirteo con las fuerzas ultras en la Eurocámara, sin mucho margen de maniobra para presionar.

Por eso aprovecharon la moción de censura contra Von der Leyen, impulsada por 77 eurodiputados de la ultraderecha. El pretexto fue la sentencia contra la ocultación de los SMS de Von der Leyen con el CEO de la farmacéutica Pfizer durante el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Aunque no había ninguna posibilidad de que la iniciativa saliera adelante, dado que requería de una doble mayoría de dos tercios de los eurodiputados que representaran a la mitad de la Eurocámara, socialistas y liberales echaron en cara a la presidenta de la Comisión Europea su flirteo con la ultraderecha y negociaron algunas medidas de cara a los presupuestos.

Y es que las grietas en el seno de la ‘coalición que gobierna la UE’ se abrieron antes incluso de que el Colegio de Comisarios estuviera constituido, ante la intención de Von der Leyen de impulsar centros de detención de migrantes como los de Meloni fuera de la UE. Aunque socialistas, liberales y verdes se revolvieron contra esa opción, la propuesta ha seguido adelante por parte del gobierno comunitario siguiendo el endurecimiento que marcan una mayoría de países miembros.

Después siguieron los ataques a la agenda verde, que fue uno de los leitmotiv de la anterior legislatura. Bajo el eufemismo de la ‘simplificación’, la Comisión Europea está rebajando la exigencia de las normativas medioambientales ante la presión de las industrias y el auge de la extrema derecha, con su agenda negacionista. Dentro del gobierno comunitario, la batalla la da la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, pero el margen de maniobra es escaso, teniendo en cuenta que su composición es una de las más derechizadas de las últimas décadas.

Las batallas: agenda verde y migración

La penúltima pelea en ese frente tuvo que ver con el intento de la Comisión Europea de retirar una ley contra el ‘greenwashing’ ,el blanqueo verde. La maniobra puso en pie de guerra a los socios de coalición. Y la última, con la propuesta de la Comisión sobre los objetivos de reducción del 90% de las emisiones de carbono en 2040, que incluye “flexibilidad” entre sectores y los denominados “créditos de carbono”, que básicamente permitirán a los estados miembros pagar a los países pobres para seguir contaminando. En el Parlamento Europeo la negociación de ese expediente la liderará el grupo ultra Patriotas por Europa, del que forma parte Vox, y que ha dejado claro su rechazo a esa norma. Hacerse con la tramitación de ese dosier le permite jugar con los plazos, después de que el PP europeo y la extrema derecha rechazara tramitarlo de urgencia.

En medio de ese panorama, y a las puertas de presentar el Marco Financiero Plurianual, que es el proyecto de presupuesto para el periodo 2028-2034 de la UE, se presentó la moción de censura. Los presupuestos constituyen una de las negociaciones más duras en el bloque comunitario y la pretensión de Von der Leyen es acometer cambios sustanciales que inquietan a las fuerzas progresistas. Y también a un buen número de países, que se oponen radicalmente, por ejemplo, a que se centralice en las capitales la gestión de los fondos de cohesión. El temor se ha extendido incluso al reparto de la Política Agrícola Común (PAC).

El grupo socialdemócrata, liderado por Iratxe García, llegó amenazar con abstenerse en la moción de censura. Apoyarla era impensable porque supondría votar con los ultras. Pero aprovechó para apretar un poco las tuercas a Von der Leyen, que se comprometió a conservar el Fondo Social Europeo, que en el periodo 2021-2017 supuso una inversión de 142.700 millones de euros para políticas de empleo, sociales, educación y formación. La pretensión del gobierno comunitario era diluirlo en el nuevo marco presupuestario.

Aunque no se plantearon siquiera la abstención, los liberales también se revolvieron contra Von der Leyen, a quien reclamaron que garantice que la condicionalidad de los fondos para que los países cumplan con los valores europeos y el Estado de derecho no pongan en peligro que el dinero llegue a la sociedad civil.

Las concesiones

Pero detrás de todo, lo que planea es el acercamiento de la presidenta, y fundamentalmente del PP europeo, a las fuerzas de la ultraderecha, con las que han votado en varias ocasiones desmarcándose de la ‘mayoría Von der Leyen’. “Esta moción liderada por la ultraderecha no contará con el voto a favor de mi grupo. No porque defendamos el rumbo de la Comisión Europea sino porque no vamos a regalar ni un voto a quienes como Le Pen, Orbán o Abascal quieren destruir la UE”, dijo García. “Frente a ese asalto no caben dudas”, recalcó. La portavoz liberal, Valérie Hayer, recordó a la alemana que no puede dar por hecho su apoyo siempre y le instó a “poner orden” en su partido.

En su discurso durante la moción de censura, la alemana empleó un tono muy duro contra la extrema derecha, aunque en su caso hace una distinción, ya que no mete en el saco a fuerzas como los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, que comparten grupo con los polacos de Ley y Justicia o con el AUR rumano, que impulsó la iniciativa.

Von der Leyen acusó a los ultras de “polarizar a la sociedad y erosionar la confianza en la democracia con falsas afirmaciones sobre la intromisión en las elecciones” y de “intentar reescribir la historia de cómo Europa superó con éxito una pandemia mundial, (…) dando vueltas a conspiraciones desacreditadas”, a pesar del varapalo de la justicia europea, que rechazó la ocultación de sus mensajes con el dueño de la farmacéutica. “No puedo prometer que en el futuro estemos siempre de acuerdo en todo. Pero lo que sí puedo prometer es que siempre estaremos dispuestos a trabajar por el compromiso y la unidad”, dijo, tendiendo la mano a sus aliados.

También el líder del PP se vio obligado a reivindicar el acuerdo con socialistas y liberales al recordar que en el 90% de las ocasiones votan juntos. “Teresa Ribera, Stéphane Séjourné y también Ursula von der Leyen representan una Comisión equilibrada basada en la elección de 200 millones de votantes el año pasado”, puso en valor Weber, que unos meses antes había alentado la estrategia de Alberto Núñez Feijóo contra la propuesta de elegir a Ribera como vicepresidenta. Una jugada que dejó heridas y que, sumadas al flirteo con los ultras y una derechización de la agenda, pueden no cerrarse en lo que queda de legislatura.