Las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) es una de las principales quejas del funcionamiento de la renta mínima anual. El Ministerio de la Seguridad Social ha anunciado este viernes que ha adelantado este año las revisiones anuales de la prestación varios meses, a abril en lugar de octubre, con el objetivo de reducir las cuantías que reclama en reintegros a las familias, un problema al alza en los últimos años sobre el que le han advertido varias instituciones como el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

El departamento que dirige Elma Saiz ha explicado que ahora se realiza “un sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital”. Una primera en abril, ya con efectos en el mes de mayo, y otra en octubre, “con el objetivo de adelantar todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación”. “De esta forma, las familias beneficiarias saben desde mayo si, acorde con los ingresos del año anterior, su IMV sube, baja o se suprime”, apuntan.

Hasta este momento la revisión anual se hacía en octubre, con los datos consolidados de la Agencia Tributaria. Así, la Seguridad Social reclamaba a las familias devoluciones y reintegros acumulados de muchos meses, denunció el Defensor del Pueblo. El último informe anual de la institución que lidera Ángel Gabilondo recogió que la media de los períodos reclamados abarca “en la gran mayoría de supuestos un período de diez mensualidades” de ingreso mínimo vital. Casi un año.

El Ministerio de Inclusión explica que ha trabajado “desde hace meses” con Hacienda para realizar un cruce de datos previo, en el mes de abril y con efectos desde el mes de mayo, para que los beneficiarios de la prestación conozcan el estado de la misma cuanto antes.

“Desde el primer minuto de la legislatura nos comprometimos a revisar esta situación y a mejorar el Ingreso Mínimo Vital en todo lo posible. Este primer ejercicio ha sido un éxito y agradezco a todos los trabajadores públicos, tanto de Hacienda como del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de Inclusión, su implicación para aliviar la incertidumbre de las familias”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El problema que genera a las familias estas devoluciones es uno de los motivos por los que el Consejo de Europa investiga el IMV, tras la reclamación presentada por la ONG ATD Cuerto Mundo, admitida a trámite en junio.

Se reducen las devoluciones este año

Las revisiones anuales del IMV pueden tener como consecuencia el abono de atrasos, si la Seguridad Social concluye que la prestación recibida era inferior a la que correspondía al hogar, o la exigencia de devoluciones, si concluye que el IMV era superior al que tenían derecho.

En los últimos años, las reclamaciones de dinero a las familias, ya fuera con descuentos en el IMV o con la exigencia de deudas, había ido en aumento, como reflejó esta semana la AIREF con datos de 2023, y hace unas semanas el Tribunal de Cuentas, con datos hasta 2024. Según la evaluación de este último organismo, la Seguridad Social reclamó reintegros a 200.788 hogares, un 73% que el año anterior (116.183).

Según el Ministerio, este 2025 la situación ha cambiado y se han reducido las devoluciones. El departamento de Elma Saiz indica que en mayo se ha actualizado la nómina de 655.000 hogares, con un 19% (unos 124.000) a los que se les ha reducido el IMV junto a otro 2% (13.000) a los que se le ha suispendido la prestación. Por otro lado, un 49% de los hogares mantienen la misma cuantía de la prestación del año anterior y a un 30% se le aumentan las cuantías.

Las devoluciones son un importante problema para las familias, advierten las ONG, ya que son hogares de ingresos muy reducidos que viven al día en la mayoría de casos y que no puede afrontar el pago de deudas. Según el Tribunal de Cuentas, en el periodo de 2020 a 2023, se ha recuperado el 26% de las deudas reconocidas y se han dado de baja el 4,5%. La propia reclamación de las mensualidades a posteriori “constituye un desincentivo para solicitar la prestación”, advierte el organismo público, “ante el riesgo de tener que afrontar devoluciones, eventualmente elevadas, a unos beneficiarios sin capacidad de ahorro que les pueda permitir afrontar la devolución de estos importes”.

La AIReF insistió esta semana de nuevo en otra de las exigencias más repetidas respecto al ingreso mínimo vital: que trate de aproximar el cálculo de la ayuda con la renta más reciente de los hogares, en lugar de la renta del año precedente, lo que consideran que puede reducir el volumen de desajustes y reclamaciones posteriores, así como también adaptarse mejor a la situación presente de las familias.

“Desde el inicio, el Ingreso Mínimo Vital ha estado en continua evaluación. Trabajamos para que sea más accesible a los ciudadanos que lo necesitan y también para que los trámites de solicitud y revisión sean eficaces sin ser tediosos”, ha destacado Saiz.