El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado a la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) a adoptar “inmediatamente” las medidas necesarias “para que cesen los olores y la degradación ambiental” del embalse de As Conchas (Lobeira, Ourense) y su entorno, una situación iniciada hace 24 años y provocada por la proliferación de macrogranfas en la comarca de A Limia. La sentencia —considerada “histórica” por los demandantes— exige además “garantizar” el abastecimiento de agua potable “limpia, segura y libre de microorganismos y sustancias químicas que constituyan una amenaza para la salud de las personas”.

La sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal gallego considera que ambas administraciones, con su inacción, han vulnerado los derechos fundamentales a la vida, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, vinculados al disfrute del agua, y ordena a Xunta y Confederación a indemnizar a los siete vecinos demandantes —representadas por ClientEarth y Amigas de la Tierra— una cantidad mensual de mil euros desde la fecha de la presentación de la reclamación inicial, hasta un máximo de 30.000 euros para seis de ellos y de 6.000 para otra de las denunciantes, ya que es residente en A Coruña.

El fallo desestima la demanda contra los ayuntamientos de Bande, Os Blancos, Trasmiras, Lobeiras y Muíños, ya que el tribunal considera que “sólo están vinculados de forma subsidiaria por la actuación de otras administraciones competentes de vigilancia del caudal y de protección del medio ambiente”.

La inacción de las administraciones

La sentencia recoge la responsabilidad de la Xunta por no salvaguardar la calidad de las aguas subterráneas, proteger el medio ambiente ni cumplir las normas sanitarias “lo que permitió un incremento excesivo en una comarca como A Limia de macrogranjas (más de 300) sin trasladar el riesgo medioambiental a la empresa y/o empresasdestinatarias del beneficio”.

Esto “se acrecienta con la ineficaz gestión de los residuos que terminaban en lugares no controlados”. Eso hacía que tampoco se controlase la posible presencia en ellos de antibióticos o químicos derivados de medicamentos, lo que provocó “una saturación del medio que el terreno era incapaz de asumir y con ello el perjuicio al medioambiente y la existencia de bacterias resistentes”.

El fallo se detiene en la paralización, en 2014, de la planta de tratamiento de residuos y recuerda las fotografías aportadas por la Sociedade Galega de Historia Natural en las que se reflejan “masas ingentes de estiércol” de gallina —gallinaza— acumuladas en el terreno“.

La responsabilidad de la CHMS deriva de su “obligación” de controlar la calidad de las aguas. La sala critica la “inacción” ante un hecho “constatable” como fue el empeoramiento de esa calidad desde el año 2011 y le achaca no intervenir contra la “proliferación de las autorizaciones de las macrogranjas”.

Para los magistrados, “era evidente un deterioro paulatino y crónico” de la calidad del agua cuyo origen, “pese a no reconocerse expresamente” era “palmario a la vista de los datos, dado que la población es escasa y la cabaña ganadera es asimilable a la de una gran ciudad en cuanto al nivel de residuos”.

Casi un cuarto de siglo de sufrimiento

El TSXG considera que los demandantes “experimentan un innegable perjuicio moral que no ha cesado”. La sentencia enumera las molestias provocadas por las emanaciones de gases (bioaerosol) y los olores provenientes del embalse; también, la situación de riesgo para la salud derivada del consumo y la utilización del agua por la alta concentración de nitratos y la existencia de cianobacterias o el disfrute del agua del embalse.

Los ponentes destacan que el inicio de esta situación “se remonta desde 2011”, algo que “provoca angustia y ansiedad” al ver su prolongación en el tiempo, “casi 24 años”. Esa angustia la trasladaba hace casi dos meses una de las denunciantes, Mercedes Álvarez, en conversación con elDiario.es: “Es terrible. Me gustaría que hubiese una palabra para describirlo. Es como cuando rompes un huevo y está muy podrido. Es eso, pero multiplicado”.

Junto al color verde de las aguas, ese mal olor es una de las principales consecuencias del crecimiento —bloom, como se denomina en la sentencia— de las cianobacterias. Unas floraciones que suponen un riesgo para la salud de los vecinos. El estudio científico que aportaron a la causa advertía de la presencia de “un número anormalmente alto de bacterias, algunas de ellas muy peligrosas para la salud”, incluidas varias que están clasificadas como resistentes a los antibióticos. La sala del TSXG destaca la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre estos microorganismos: “Algunas estimaciones calculan que hasta 1 de cada 4 personas que están vivas hoy en día podrían morir por una enfermedad infecciosa producida por una bacteria multirresistente”.

El informe científico presentado por los demandantes concluía que, en una botella de un litro de agua, aparecían entre 32 y 97 millones de bacterias muy peligrosas que se encontraban presentes durante todo el año porque, en el embalse, “se dan las condiciones óptimas para que proliferen”. Sin embargo, desde 2015 hasta 2024, la Xunta consideró que la calidad de sus aguas para el baño era “excelente”.

La “esperanza” tras una sentencia “histórica”

Los vecinos demandantes y la asociación ecologista Amigas de la Tierra —que, junto con ClientEarth se encargó de su representación— no ocultaban su satisfacción tras una sentencia “histórica” que “representa un paso crucial hacia el reconocimiento de que los devastadores impactos de la ganadería industrial no son solo una cuestión de políticas públicas, sino también de derechos humanos”.

Amigos da Terra recogía en un comunicado las palabras de Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación de vecinos y otro de los demandantes: “Esta sentencia histórica nos hace más fuertes. No vamos a parar hasta que el embalse vuelva a ser un lugar de vida, donde podamos pasear, nadar y beber sin miedo. Seguiremos presionando para que las autoridades cumplan con su responsabilidad y pongan en marcha soluciones reales, no promesas vacías”.

Por su parte, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, consideraba la sentencia “una victoria sin precedentes frente a la ganadería industrial” y mostraba su “esperanza” por la nueva vía que abre “para todas las comunidades afectadas por la contaminación procedente de macroexplotaciones ganaderas”, antes de concluir: “Por fin la población de As Conchas puede respirar tranquila, después de tantos años soportando un ambiente insalubre”.