El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha dictado un auto en el que acuerda la libertad provisional, tras el pago de una fianza, para dos de los cuatro acusados que permanecían en prisión por el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil tras ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate en febrero de 2024.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las defensas de los dos investigados que ingresaron en prisión en noviembre de 2024 y del que ingresó en prisión en mayo de 2025 (supuestamente los tres tripulantes que viajaban junto al piloto Karim El Baqqali) solicitaron su puesta en libertad provisional al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate.

Así, en el caso de los dos detenidos en noviembre de 2024 la Fiscalía no se opuso a que fueran puestos en libertad bajo fianzas de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente, tras lo que el juez dictó un auto el pasado 4 de julio acordando la libertad una vez se abonaran esas fianzas, lo que ocurrió el pasado miércoles.

Ambos han sido puestos en libertad provisional con la imposición de varias medidas cautelares como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

En el caso del acusado detenido en mayo de 2025 el juez ha desestimado la petición de libertad.

Dos acusados siguen en prisión

El 9 de febrero de 2024 dos agentes de la Guardia Civil fallecieron en el puerto de Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, que pasó por encima de ellos hasta en seis ocasiones. La Guardia Civil detuvo inicialmente a seis personas, acusados de dirigir y tripular la narcolancha, pero acabó poniéndolos en libertad tras cinco meses en prisión, tras descartar que la embarcación que pilotaba “Kiko el Cabra” fuera la que embistió a los agentes.

El 19 de septiembre de 2024 se detuvo al piloto de la narcolancha que presuntamente embistió a la zodiac de la Guardia Civil, el súbdito marroquí Karim El Baqqali, y el 8 de noviembre del mismo año otros dos de los tripulantes, también de nacionalidad marroquí. El último fue detenido el pasado mes de mayo.

En una nota, Jucil, asociación mayoritaria en la Guardia Civil que se personó como acusación popular y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los hechos se ha mostrado preocupada por el mensaje que traslada esta puesta en libertad.

El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, ha manifestado que la puesta en libertad provisional bajo fianza de dos de los cuatro acusados por la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024, “puede enviar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia”.

A juicio de Vilariño, “casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR, cuya desaparición ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico”. “Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa”, ha añadido.

Asimismo, ha manifestado que “no podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar”.

“El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha y desde Jucil exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen”, ha concluido.