El eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez ha reconocido en el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, pero ha negado que usara ese dinero para financiar su campaña de las últimas elecciones europeas. Según ha explicado ante el juez, ha usado la mitad de ese dinero para gastos “personales y profesionales” pero sin haberlo invertido en la campaña electoral. Un dinero que le llegó en fajos de 10.000 euros cada uno en un maletín negro.

Tal y como reveló elDiario.es, el hoy eurodiputado y el empresario Álvaro Romillo, apodado como ‘CryptoSpain’ y al frente del fallido Madeira Invest Club, hablaron durante meses buscando colaborar en actos públicos y de cara a la irrupción de ‘Se Acabó La Fiesta’ en el Parlamento Europeo. Conversaciones en las que Alvise llegó a comprometerse a legislar a favor de las criptomonedas si era “llave de gobierno” entre PP y Vox en un futuro. Pocos días antes de las elecciones europeas de 2024 Alvise acudió a una de las empresas de Romillo a recoger 100.000 euros en efectivo.

Hasta la fecha, el líder de SALF ha reconocido que cogió ese dinero sin dar explicaciones a Hacienda y asegurando que fue “como autónomo” y “sin factura”. Sus versiones han ido variando hasta asentarse en que era el pago por aparecer en un acto organizado por el fallido club de inversiones de Romillo en el Hipódromo de la Zarzuela, algo que el propio empresario niega.

Ante el juez, ha dicho textualmente que “no hubo financiación ilegal” de su candidatura. Fuentes del caso explican a elDiario.es que ha asegurado que pagó sus gastos de campaña “antes siquiera” de que Romillo le hiciera llegar el dinero en fajos de billetes en un maletín. Su campaña, ha dicho, se basó en “una furgoneta Mercedes, un megáfono de pilas grandes y camisetas y papeletas” y no gastó más de 30.000 euros.

Culpa a una empresa de no presentar sus cuentas

“¿Ha presentado usted sus cuentas al Tribunal de Cuentas?”, ha preguntado directamente el magistrado Julián Sánchez-Melgar. La respuesta de Alvise Pérez ha sido apuntar a la empresa a la que afirma que contrató para que “las entradas y salidas de dinero estuvieran computadas y presentadas al Tribunal de Cuentas”. Asegura que llamó a esa empresa en cuanto leyó que se le acusaba de no presentar las cuentas ante este organismo y que está “subsanando” esos problemas.

El último informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones europeas es claro al respecto: “La agrupación de electores ”Se Acabó la Fiesta“ (SALF) no ha presentado la contabilidad electoral”. Propone, incluso, la “no adjudicación de las subvenciones electorales que correspondan a la agrupación de electores al no haber presentado la contabilidad electoral”.

Un informe de la Policía Nacional aportado recientemente a la causa ha abierto nuevas incógnitas sobre la financiación de los primeros pasos de ‘Se Acabó La Fiesta’ tras revelar que un inversor inmobiliario, Mariano Schoendorff, hizo llegar en total algo más de 10.000 euros al partido. Por un lado haciéndose cargo con una de sus empresas de una factura de 3.500 euros de la formación y, por otro, haciendo pagos que entre todos sumaban 7.000 euros más.