El prestigio internacional de Doñana sigue cotizando a la baja. Si hace año y medio perdió el reconocido sello de la Lista Verde, ahora se arriesga a entrar en una lista negra, la de Patrimonio en Peligro de la Unesco. No es el primer aviso y tiene toda la pinta de que no será el último, porque siempre hay riesgos acechando: si en su anterior informe cargaba contra la ley de PP y Vox para indultar regadíos, ahora el pésimo estado del acuífero es su principal preocupación, pero no la única, ya que también pone el foco en el hundimiento de las poblaciones de aves y en la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Que la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) llame la atención sobre lo mal que está Doñana es ya un clásico, de hecho en 2020 envió una misión para conocer la situación sobre el terreno. Ahora vuelve a lanzar otro ultimátum: la “degradación continua” del acuífero que alimenta el parque nacional encamina a que se le incluya en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, en la que por cierto hay muy pocos enclaves en peligro.

Sobre el papel, un paso de este calibre no hay que interpretarlo como si fuese una sanción, sino que implica más bien gritar a los cuatro vientos internacionales el mal estado de un bien que –en teoría– está protegido. Y ahí se apunta al país encargado de la custodia de este patrimonio (su interlocutor directo es el Reino de España), al que se le ponen deberes que por cuestiones competenciales le caen al Gobierno y a la Junta, que por su parte dicen que acusan recibo y que están ello.

Avances insuficientes

Doñana se ganó en 1994 el honor de ser Patrimonio de la Humanidad, pero desde entonces no ha dejado de sortear peligros. Ahora ha desaparecido la ley para amnistiar regadíos (pese a la pulsión de Vox por resucitarla) y no se incluye el almacén de gas, porque la evaluación se cerró antes de que se materializase de manera más clara esta amenaza. El último informe del Comité del Patrimonio Mundial, que estos días celebra en París su 47ª sesión, se ha ratificado sin alegaciones ya que no se abrió a discusión al haber consenso, tal y como apunta Juanjo Carmona, coordinador de la Oficina de Doñana de WWF, organización que ha participado como observadora.

Juanjo Carmona, de WWF, interviene en el Comité del Patrimonio Mundial.

El examen hecho a Doñana admite avances, pero insuficientes. Se resalta, por ejemplo, el “cierre continuo de pozos ilegales”, la suspensión de nuevas concesiones de agua y una mejor coordinación entre administraciones. También se destacan los pasos para mejorar la gestión del acuífero, la puesta en marcha de un sistema de indicadores para monitorear la situación del parque o la compra de la finca Veta la Palma para ampliar el enclave. Posteriormente, el Ejecutivo andaluz también ha adquirido otra hacienda, Tierras Bajas.

Pese a todo, la Unesco no advierte avances significativos para “revertir el deterioro del acuífero”, con un declive alarmante en tres de sus cinco masas de agua subterránea. Por ello vuelve a reclamar “la aplicación rápida y eficaz de medidas de conservación”, lo que incluye el desarrollo de las recomendaciones que hizo en 2020 la misión sobre el terreno.

A esto se une su “máxima preocupación” por la “continua disminución” de las poblaciones de aves acuáticas invernantes, además de reclamar la declaración ambiental “completa” sobre el proyecto para reabrir la mina de Aznalcóllar. El organismo considera que sus “riesgos potenciales” obligan a “un análisis exhaustivo y preventivo”, que en todo caso llegará tarde porque ya tiene licencia.

El Gobierno apela al aumento de controles

¿Y ahora qué? Por lo pronto, reclama que se le entregue un nuevo informe para antes del 1 de febrero del año que viene. Pero está visto que por mucha advertencia y por mucho que se clame al cielo, las cosas no terminan de cambiar y así se lleva una década larga. En este tiempo, la mayor consecuencia llegó vía condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no acarreó castigo económico sino que se limitó a reclamarle a España que cumpliese “a la mayor brevedad” con sus obligaciones de acuerdo a las leyes europeas. Aquello fue en 2021.

En cuanto a los que se tienen que dar por aludidos ante esta situación, los ejecutivos central y andaluz, desde el Gobierno se apunta que “comparte la preocupación de la Unesco sobre el deterioro del acuífero que nutre a Doñana”. “Consciente de esta situación y de la urgencia de revertir esta situación”, se esgrime el Marco de Actuaciones para Doñana impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). Aquí se incluyen medidas de sustitución del uso de aguas subterráneas por superficiales y obras de restauración fluvial que mejoren la capacidad de recarga del acuífero, a lo que se unen los trabajos de vigilancia y control de los cultivos.

Cierre de pozos ilegales en el entorno de Doñana.

Así se apunta desde la Oficina Técnica de Doñana, organismo que coordina este Marco de Actuaciones, que pone el acento en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) lleva tiempo intensificando las inspecciones de la superficie de cultivos ilegales bajo plástico y los pozos ilegales. Como resultado, en 2018 existían de media 1.200 hectáreas de cultivos bajo plástico en la Corona Norte de Doñana, frente a las 547 detectadas en la actualidad: se han reducido a más de la mitad en este lustro largo, un 20% en el último año.

La Junta y los ecologistas

Desde la Junta de Andalucía, por su parte, se incide en que se “van a seguir cumpliendo los requisitos de la Unesco, como ya lo ha hecho hasta el momento”. Entre las reclamaciones que se le hacen está la aplicación del Plan de la Corona Norte, un Plan de la Fresa que desde la Consejería de Medio Ambiente se insiste en que “se sigue implementando”, y con respecto al plan para la adaptación de Doñana al cambio climático aún pendiente “se está trabajando en ello y se espera tenerlo ultimado a finales de este año”.

Lo del Plan de la Fresa no lo tienen tan claro en WWF, y es que para Juanjo Carmona arrastra un retraso “totalmente injustificado”, mientras que al Estado le exige que apruebe y ejecute ya el Plan de Extracciones del acuífero. La Unesco, en definitiva, no sólo muestra su preocupación, sino que pide a ambas administraciones “que hagan sus deberes”.

Desde SEO/Birdlife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, alerta de que el diagnóstico de este organismo internacional evidencia que Doñana “está al borde del colapso ecológico”. “No caben más excusas”, y es que si no se actúa ya la inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro “será inevitable, y con ella, un descrédito internacional que nuestro país no se puede permitir”.