Un expresidente de Perú, Martín Vizarra, en un discurso a su país se comprometió solemnemente a reducir la corrupción a lo normal. La frase la pronunció en un contexto de escándalos de corrupción que afectaban a su gobierno. Aquí y ahora la corrupción estructural que sufrimos también se ha considerado durante demasiado tiempo un fenómeno bastante normal y cada caso que se ha descubierto, lejos de servir para diseñar estrategias y acciones de gobierno correctoras, se convertía en un arma arrojadiza del debate político bronco con la que atacar desde la oposición a quien estaba gobernando, pero al final sin consecuencias reales.

Los dos grandes partidos que desde 1982 se alternan en el poder nunca han tenido intención de desplegar políticas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción más allá de las medidas reactivas del Código Penal y todos sabemos de su eficacia: procesos que se perpetúan durante décadas por falta de medios y especialización de la justicia; medidas de gracia que consagran la impunidad a través de indultos, atenuantes vergonzantes y beneficios penitenciarios escandalosos. De hecho, los corruptos, cuando han tenido la mala suerte de caer, suelen estar muy tranquilos porque condenas como la de inhabilitación, cuando vienen a ser firmes, les suele llegar en edad de jubilación. Las de cárcel, muy raramente las cumplen por una causa u otra y de los dineros saqueados lo que les pillan suele ser la calderilla de todo lo robado cuando no se declaran insolventes. A los corruptores, empresarios a veces de mucho postín, ni se les molesta, como si pasaran por allí de casualidad. Y en cuanto a la tecnoestructura funcionarial colaboradora necesaria porque es la que da apariencia de legalidad a los procedimientos amañados, esos es como si no existiesen.

El plan de lucha contra la corrupción presentado el 9 de julio en el Congreso de los Diputados por el presidente Pedro Sánchez responde a una necesidad apremiante y puede suponer un gran avance si el gobierno de Sánchez lo convierte en una prioridad, lo mejora y no se queda en una mera declaración para salir de la ciénaga en la que los ábalos, koldos y cerdanes lo han hundido. Pero llega muy tarde. Decenas de miles de millones de euros se pierden por la mala gestión y la corrupción en la contratación pública: en el 40% de los procedimientos de contratación pública solo concurre una empresa. La propia Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) sostiene que la falta de presión concurrencial encarece la contratación pública en más de 40.000 millones de euros al año. El FMI calcula que el daño de la corrupción en España puede alcanzar la cifra de 70.000 millones de euros al año. El propio Tribunal de Cuentas Europeo descubría en 2013 que un kilómetro de autopista en las mismas condiciones orográficas y técnicas costaba en España el doble que en Alemania. El GRECO (Grupo Europeo contra la Corrupción) viene advirtiendo año tras año de todo esto y la CNMC descubrió en 2002 que seis de las grandes constructoras españolas se habían estado repartiendo los grandes contratos públicos desde hacía 25 años. Esta información la han venido conociendo gobiernos y oposición sin que el clamor de tanta indignidad se haya escuchado hasta hoy, cuando el descrédito de la política y la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema democrático ha puesto a un partido fascista a las puertas del gobierno del Estado además de estar condicionando muchos gobiernos autonómicos.

En 2003, Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción. Los estados firmanantes se comprometían a desplegar en sus propios países una estrategia que en buena parte se asemeja a las medidas incluidas en el plan de Pedro Sánchez. España ratificó dicha Convención en 2006, con tres años de retraso, y desde su publicación en el BOE en julio de ese año integra por imperativo constitucional el ordenamiento jurídico español sin que dicha integración haya cristalizado a nivel estatal en ninguna de las grandes líneas que Naciones Unidas estableció: órganos independientes dotados de medios y personal especializado que desarrollen políticas de prevención de la corrupción; que activen sistemas de detección y persecución de las conductas corruptas; que protejan a las personas denunciantes amparándolas de forma integral; que se dediquen a perseguir y recuperar los activos saqueados; que detecten, desenmascaren y persigan las fortunas sucias; que sancionen conductas contrarias a la ética pública e investiguen los conflictos de interés; que comprueben las declaraciones de bienes y actividades de políticos y funcionarios cruzando datos con la Agencia Tributaria y otros organismos como los registros mercantiles y de propiedad; que accedan a la titularidad real de las empresas contratantes; que colaboren estrechamente con las fiscalías especializadas y los juzgados en los casos penales. Y que tengan capacidad para iniciar procedimientos de sanción a los cargos públicos y a los funcionarios corruptos y también a las empresas corruptoras por incumplimientos de los planes de integridad que deberían ser obligatorios en todas las administraciones y su sector público.

A pesar de que durante todos estos años la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción era el eje principal para avanzar en la consolidación de políticas de integridad pública y buen gobierno, en realidad ha sido una norma desconocida en nuestros ámbitos administrativo, político y jurídico. Es cierto que algunas medidas sueltas se han adoptado por exigencias generalmente de la UE pero ha faltado la visión de promulgar una ley orgánica de prevención y lucha contra la corrupción que, entre otras muchas medidas, cree una Agencia integradora de los órganos dispersos ya existentes y de las funciones antes descritas cuya independencia la garantice su adscripción al Parlamento y la designación por amplia mayoría de la persona que la dirija.

Incluso antes de 2003, la propia UE se adelantaba y establecía en sus reglamentos la obligatoriedad de implementar políticas de integridad, prevención y lucha contra la corrupción en los países miembros. Muchas directivas especialmente las relacionadas con la contratación pública y la transparencia introdujeron mandatos expresos para prevenir esta lacra. La propia Unión creó en 1999 la OLAF, la oficina europea antifraude, con jurisdicción sobre todos los países miembros, aunque exclusivamente para la vigilancia de los fondos europeos. Países de nuestro entorno como Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) e Italia con su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) se adelantaron a España más de una década por no hablar de otros países europeos cuyas agencias anticorrupción existen desde antes de la propia Unión Europea.

A nivel autonómico, diferentes correlaciones de fuerzas políticas a las del Estado pusieron en marcha unas experiencias que bien hubiesen podido copiar los gobiernos centrales. En 2016 los respectivos parlamentos autonómicos aprobaron la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) y la Oficina Antifraude de las Islas Baleares, hoy disuelta por decisión del PP y Vox. Con posterioridad Andalucía creó su propia Oficina Antifraude, así como Navarra, y bastantes años antes lo había hecho Cataluña. En todos estos casos, los dos grandes partidos estatales lo aceptaron a regañadientes o votando en contra porque los socios respectivos en cada ámbito, especialmente los partidos entonces emergentes Podemos, Ciudadanos, Comuns o la histórica ERC lo exigieron para formar los gobiernos de coalición. Dos grandes ciudades como Madrid y Barcelona también crearon sus propias oficinas municipales anticorrupción. En Barcelona se puso en funcionamiento en 2015 el primer buzón ético para denuncias de corrupción que permitía la denuncia anónima

Las experiencias autonómicas podían haber sido un buen modelo para el Estado, pero nunca hubo el menor interés. En el caso de la AVAF, la Unión Europea en su ‘Manual de Buenas Prácticas para la Lucha contra la Corrupción’, publicado en Bruselas en 2023, la destaca como modelo de institución territorial para la prevención, detección y lucha contra la corrupción, protección de las personas denunciantes y establecimiento de canales de denuncia. Esto también nos lleva a denunciar lo que hoy está pasando con aquellas iniciativas autonómicas ahora que el PP y Vox gobiernan: han disuelto la institución balear y han tomado al asalto la AVAF para demoler los principios básicos sobre los que construyó su independencia y eficacia, especialmente la colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía anticorrupción y los juzgados de instrucción. Este es el verdadero programa oculto del PP-Vox en materia anticorrupción: destruir cualquier iniciativa que nos acerque al cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y colonizar los órganos de control internos y externos para actuar con total desfachatez, como están haciendo con las obras de reconstrucción en las comarcas valencianas afectadas por la DANA del 29 de octubre en la que murieron 228 personas por la negligencia e ineptitud de quienes debían haber protegido a la población. Adjudicar contratos por la vía de emergencia a empresas involucradas en casos de corrupción, como está haciendo Mazón, es un indicador de lo que realmente quiere el PP-Vox cuando elimina agencias anticorrupción y una evidencia de que sus broncos discursos en el Congreso de los Diputados son una escenificación cínica del peor teatro.

Modelos nacionales e internacionales no le faltan a Pedro Sánchez y visto el coste social, político, ético, económico y de desafección democrática que supone la corrupción no se deberían escatimar medios para poner en marcha de forma prioritaria las políticas públicas de integridad y lucha contra la corrupción a través de una necesaria Ley Orgánica de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción comprensiva de los objetivos aquí expuestos.