El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una batería de 15 medidas diseñada con el apoyo de la división anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para hacer frente a la crisis derivada del caso Koldo y la implicación de los dos últimos secretarios de organización del PSOE: Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Refuerzos en la Fiscalía Anticorrupción, que pidió prisión para Santos Cerdán, también condenas y multas más altas para las empresas que se benefician de la corrupción política y controles aleatorios del dinero de los cargos públicos.

Condenas más altas y castigo a los “corruptores”

“Detrás de cada mordida hay alguien que recibe pero también alguien que paga. Empresas y empresarios que suelen irse de rositas”, ha dicho Sánchez. Ha anunciado que el Gobierno va a “endurecer” las condenas por los delitos contra la administración pública y va a duplicar los plazos de prescripción para evitar que los casos caduquen. Las multas económicas a las empresas que participen en estos casos de corrupción, además de entrar en una “lista negra” para que no puedan seguir optando a contratos público, aumentarán y se calcularán sobre sus ingresos anuales, no solo sobre el botín concreto del caso.

El caso Koldo y las últimas revelaciones han puesto encima de la mesa el papel de las empresas que agasajan a cargos públicos para engrasar su acceso a contratos millonarios. Acciona y Servinabar son dos de las que figuran en la lista de sospechosos del juez Leopoldo Puente como empresas corruptoras.

“No basta con prevenir, también hay que reparar”, ha dicho para anunciar un sistema de recuperación de los bienes públicos perdidos en casos de corrupción. “Vamos a aumentar los medios, la plantilla de la Oficina de Recuperación de Activos”, ha dicho sobre este organismo. Se crea también la figura del “decomiso administrativo o preventivo”, la incautación de estos bienes a los supuestos corruptos incluso sin una condena de por medio.

La prevención: controles aleatorios del dinero de los cargos públicos

Creación de una Agencia de Integridad Pública independiente. “Asumirá funciones clave en la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas”. La “multiplicidad” de organismos dedicados a la lucha contra la corrupción, ha dicho, en ocasiones ha generado “ineficiencias y vacíos de coordinación”. Los controles que se aplican a la distribución de los fondos europeos Next Generation, ha añadido, se extenderán a toda la administración, usando la inteligencia artificial junto con sistemas de compliance y pactos de integridad.

Existirá también una Ley de Administración Abierta que, entre otras cosas, establecerá controles “aleatorios y anuales” para controlar aumentos de patrimonio sospechosos en políticos y cargos públicos. También se van a reforzar controles sobre los partidos políticos: estarán obligados a realizar auditorías externas si cuentan con más de 50.000 euros de financiación pública. El umbral para publicar las donaciones que reciben los partidos baja a 2.500 euros y se pondrá en marcha una Ley de Transparencia para lobbies.

Reforzar la Fiscalía Anticorrupción

El Presidente del Gobierno, entre críticas a los años que un proceso de corrupción puede llegar a dilatarse en los tribunales, ha anunciado medidas de refuerzo judiciales. Secciones “especializadas” en corrupción en los nuevos tribunales de instancia, el otorgamiento de un “carácter preferente” a los procesos “que involucren” a cargos públicos y refuerzos para la Fiscalía Anticorrupción que ahora mismo lleva la batuta en el caso Koldo, donde están imputados José Luis Ábalos y Santos Cerdán, para quien pidió prisión provisional.

La protección del denunciante

La ley actual que protege a los denunciantes de corrupción, ha reconocido Sánchez, “no es suficiente” y por eso ha anunciado un refuerzo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos denunciantes tengan “garantías plenas” de confidencialidad, reforzando los canales internos de denuncia en las empresas pero también en las administraciones públicas. “Nuestra lucha contra la corrupción no puede basarse en rumores, pero tampoco puede permitirse que informaciones valiosas se pierdan en los pasillos”.