A Coruña fue la primera ciudad de Galicia en conseguir de la Xunta la declaración de mercado residencial tensionado. El gobierno gallego cedió a regañadientes, tras poner todos los impedimentos posibles, ante lo que era un imperativo legal e incluso su resolución final de aceptación aparecía plagada de críticas a la medida y a la Ley de Vivienda que la ampara. Si alguien pensaba que ese hito iba a facilitar las cosas a quienes venían detrás, se equivocaba. Santiago de Compostela, la segunda de la lista, acaba de recibir un requerimiento de enmienda para regresar a la casilla de salida. El consistorio no oculta su sorpresa ante una resolución cargada de “juicios de valor y opiniones que no son propias de un documento administrativo”.

El escrito, de diez páginas, remitido este martes por el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, reclama la corrección de “deficiencias” en la documentación que Compostela envió a finales de mayo porque considera que “no se ajusta” a lo que exige la ley estatal de vivienda. Esa reformulación de la petición deja en suspensión el plazo de seis meses del que disponía la Xunta para aprobar la declaración.

Lo primero que echa en cara al diagnóstico de Santiago es que utilice “principalmente” los datos “de un conocido portal inmobiliario”, algo que “no puede justificarse” con el argumento de que “están siendo empleados en estudios académicos de evidente rigor y alcance”, puesto que “en ningún caso cabe equiparar ”un trabajo académico a una declaración de zona tensionada “con las consecuencias que eso comporta”.

Sólo por eso, la Consellería de Vivenda ya reclama un nuevo diagnóstico que “parta única y exclusivamente de los datos que figuren en estadísticas oficiales o en poder de organismos públicos”. Considera que ese cambio supondrá una modificación “sustancial” de los documentos que fueron expuestos al público, algo que obligará a que, tanto el documento como la memoria justificativa, “se sometan a un nuevo trámite de información pública”. Por ello, la Xunta suspende el plazo máximo de seis meses para resolver la solicitud mientras se atiende este requerimiento.

La “lectura poco atenta” de la Xunta

El Ayuntamiento de Santiago no ocultó su “sorpresa” por la respuesta de la Xunta y sus “numerosos juicios de valor y opiniones” junto a afirmaciones que “sugieren una lectura poco atenta de la abundante documentación enviada”.

En un comunicado, el Gobierno local lamentó que la Xunta “ponga en cuestión” el estudio realizado por un equipo de “personas expertas de una universidad pública del Sistema Universitario Galego”, en concreto, de la Universidade da Coruña y le recuerda que parte de los datos empleados son del propio IGVS y “bastarían por sí mismos para la declaración.

El consistorio también la menta que el Gobierno gallego “vuelva a poner obstáculos a una actuación que podría hacer directamente si tuviese voluntad en lugar de cargas a los ayuntamientos con la obligación de presentar estudios y otra documentación”. En su respuesta, el IGVS negaba que las competencias perteneciesen a la administracion autonómica, invocando la ley gallega de vivienda de 2012.

“El Ayuntamiento entiende que no hace falta un nuevo diagnóstico y, en todo caso, responderá, tras un análisis más demorado, a todas las cuestiones que aparecen”. La respuesta de Compostela concluye afirmando que, desde su perspectiva, “datos, diagnóstico y plan de medidas correctoras sustentan con firmeza y rigurosidad la propuesta de declaración de zona de mercado residencial tensionado”.

Medidas “sin incidencia” y valoraciones a las que “falta rotundidad”

Aunque, para la Xunta, la fuente de datos es suficiente para paralizar todo el proceso, el IGVS no deja un apartado del diagnóstico y la memoria justificativa sin criticar. Dice, por ejemplo, echar en falta un análisis del estado de conservación del parque de vivienda existente en la capital gallega, dentro del plan para instaurar medidas correctoras.

También pide que se complete el documento “con referencias a la antigüedad del parque inmobiliario, a la superficie construida de las viviendas o a la evolución del número de transacciones inmobiliarias realizadas”, unos datos que sí están “disponibles en fuentes oficiales”.

Vivenda pone el foco en el concepto de ‘gran tenedor’. Para Santiago, es aquel que sea titular de cinco o más inmuebles de uso residencial dentro del término municipal, algo que se justifica porque, según los datos del IBI, en Compostela hay más de un centenar de esas viviendas que son “titularidad exclusiva” de ese tipo de propietarios.

El documento recuerda que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística —recogidos en la propia solicitud— en Santiago hay 56.746 vivendas por lo que, “proporcionalmente” no le parece “que el número de 100 inmuebles sea muy significativo”. El director del IGVS concluye que las consecuencias que la declaración de zona de mercado residencial tensionado implicarán para los grandes tenedores aconsejan una “mayor contundencia” a la hora de evaluar cómo repercutirán en la reducción de la tensión y una “mayor justificación” de su potencial influencia sobre el mercado de alquiler.

Sobre el plan específico con medidas correctoras del mercado tensionado, el Instituto da Vivenda e Solo considera que las medidas “carecen de incidencia” para revertir esta situación “y pueden desarrollarse directamente sin necesidad” de contar con la declaración. Un argumento que ya había empleado en el caso de A Coruña.

Además, considera que “la mayoría de las medidas detalladas en el documento están implantadas o en curso de ejecución”, si bien otras “carecen de contenido específico”. Por último, el IGVS, el director del ente autonómico advierte que este plan “debe incluir un calendario de implantación de las medidas propuestas” más concreto, ya que ahora establece que se realicen “a partir de 2025 y con el horizonte temporal de 2028”.