La jueza de la DANA ha pedido al Gobierno autonómico de Carlos Mazón que conserve la “copia íntegra” las comunicaciones almacenadas en el ‘CoordCom’, la caja negra que registró las decisiones operativas en el marco de la catástrofe del pasado 29 de octubre, tal como solicitaba la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

La magistrada instructora, en un auto dictado este miércoles, requiere a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que proceda a la “conservación íntegra” de las comunicaciones almacenadas en el ‘CoordCom’ desde la alerta hidrológica del 24 de octubre hasta la jornada de la trágica DANA que dejó 228 fallecidos. La resolución de la jueza alude a las comunicaciones escritas y registros de audio y video, “emitidas o recibidas” desde el Centro de Emergencias, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Ccecopi) o el Puesto de Mando Avanzado o los vehículos de la Agencia Valenciana de Seguridad.

La instructora rechaza la obtención de la “totalidad” de los datos del ‘CoordCom’ por su “carácter indiscriminado, con toda clase de archivos”, incluyendo audios y videos de los cuales “se desconoce su pertinencia” y que se extendería a un “periodo extenso” entre el 24 y el 29 de octubre. La resolución recuerda que no consta un “específico consentimiento” de los implicados en la gestión de la emergencia sobre los archivos de video y audio almacenados en el ‘CoordCom’.

“Ello no obstante, sí que se hace preciso acordar que se conserven los archivos expresados, con el límite máximo del día 29 de octubre de 2024, hasta las 24.00 horas, partiendo de que la instrucción puede exigir la obtención concreta de datos contenidos en el mismo”, advierte la jueza.

El ‘CoordCom’, tal como informó este diario, se erige en la “columna vertebral” (desde el punto de vista tecnológico) de la gestión autonómica de emergencias y comunicaciones y soporta las operaciones tanto del ‘112 Comunitat Valenciana’ como de los más de 120 servicios esenciales y agencias integrados en la operativa.

La retirada de los Bomberos, en el foco de la instrucción

La información que almacena está en el punto de mira de la jueza. Varios testigos han confirmado que el ‘CoordCom’ registró el pasado 29 de octubre la decisión de solicitar que los Bomberos acudieran presencialmente a varios puntos del barranco del Poyo y del río Magro para vigilar los caudales. Sin embargo, la retirada de los efectivos no se avisó al Centro de Coordinación de Emergencias, que se quedó “a ciegas”, según la expresión que usó el testigo E. V. C. en su declaración testifical del pasado 19 de junio.

Dos días antes, la jefa de servicio de Emergencias, M.R.M. reveló que la movilización de los Bomberos para medir los caudales quedó registrada en el ‘CoordCom’ a las 12.48 del día de la catástrofe.

La jueza ya pidió datos, en una resolución del 2 de julio, tanto al Consell como al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia sobre el dispositivo fallido para medir los caudales.