La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad, para los que la Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación en cargos de la administración pública por un derribo en el sector VI de la Cañada Real. El primero, J. C. S., aún continúa en el cargo y es jefe del servicio de Disciplina Urbanística desde hace dos décadas. El otro implicado es el ex comisionado de la Cañada Real, M. G., un puesto que ocupó entre 2021 y 2023 y para el que dependía directamente del Gobierno regional. Los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022, cuando aún ostentaba esa función.

La resolución dependerá de si consiguen demostrar, o no, que la demolición se ejecutó de acuerdo al procedimiento legal. Por un lado, la acusación sostiene que el derribo “se aceleró deliberadamente” pese a que el ocupante de la vivienda había interpuesto un recurso contra la orden de desalojo. En cambio la defensa mantiene que la vivienda se halló en un estado de “flagrante abandono”, y por eso se acometió el derribo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde este miércoles por la mañana han declarado ambos acusados, así como el residente afectado y dos testigos, tendrá ahora que deliberar sobre la legalidad de las actuaciones.

Para testificar acudieron un vecino del denunciante y una extécnico del Comisionado, que realizó las inspecciones aunque dejó su puesto justo un mes antes de la demolición. Según la defensa o los propios acusados, miembros del Comisionado para la Cañada Real acudieron a inspeccionar la zona en ocasiones previas y “nunca le habían visto por allí”, tal y como ha declarado M. G., que ha calificado de “chabola” el espacio en cuestión. “Era mi casa desde hacía años […] Yo estaba de vacaciones y nadie me avisó de que la iban a derribar”, ha declarado ante la jueza A. C., cuya familia vive en Marruecos pero que consta como empadronado en la vivienda desde 2006.

La estructura, según se ha descrito en la sala, estaba hecha de ladrillo y tejas en la parte superior. Constaba de dos habitaciones, baño y un cocina, además de un vallado exterior que A. C. cerró con candado antes de irse de viaje, tal y como ha señalado él mismo. Previamente, la administración pública le había ofrecido un realojo a otra vivienda en el municipio madrileño de Cobeña, aunque la rechazó alegando que le quedaba “muy lejos del trabajo”, un desguace en San Martín de la Vega. Este otro núcleo está a casi 60 kilómetros del pueblo donde querían reubicarlo, y allí se desplaza desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

Por su parte, el actual jefe de servicio de Disciplina Urbanística con José Luis Martínez-Almeida ha defendido que su papel era el de “hacer caso” a las directrices de la Comunidad de Madrid al ser la titular del terreno. “Si ellos nos dicen que la parcela está abandonada, les creemos. No hubiera costado nada dar un aviso si sabemos que estaba ocupada”, ha argumentado. En este sentido, el excomisionado para la Cañada Real ha negado que su trabajo tuviera “un poder ejecutivo o legislativo” como tal. “Nos encargamos de coordinar a siete administraciones distintas, nada más”.

La acusación ha recordado que su cliente ya había iniciado alegaciones ante los primeros intentos de desalojo, para los que había adjuntado documentos que acreditaban su residencia en la vivienda, como el padrón de habitantes o los registros del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). La última fue un recurso ante los tribunales, que seguía en trámite en el momento de la demolición después de desestimarse otros intentos previos para frenar el desalojo. “Si hubiesen esperado a que hubiera una resolución firme sin destruir antes la casa, tal vez el Juzgado habría revocado la decisión. Ahora el daño es irreparable”, ha sentenciado el abogado del denunciante.

La denuncia de A. C. no es el único caso judicial abierto por un derribo en la Cañada Real. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por otra demolición en esa misma zona, aunque en este caso, el denunciante fue un vecino de etnia gitana defendido por Secretariado Gitano, residía en el sector 4. En aquella ocasión, la Justicia concluyó que se “vulneró” el “derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio” del denunciante. Por ello, condenaron a las dos administraciones a abonar una indemnización conjunta de 15.000 euros.