La Junta de Castilla y León multó en abril a la residencia de mayores Colisée La Vega, ubicada en Salamanca con 30.001 por una infracción muy grave en materia de atención y protección a las personas mayores como gerocultoras que hacían funciones propias del personal de Enfermería, la suministración de medicación equivocada y la espera de hasta 14 horas sin comer de los residentes. La Consejería de Familia aprecia “culpabilidad” de la empresa, responsable del incumplimiento de sus obligaciones legales y que ha actuado “de modo culpable”.

En concreto, se trata de “ocasionar perjuicios a los usuarios que afecten a su integridad física, seguridad y salud como consecuencia de no realizar de modo adecuado las prestaciones debidas establecidas en la normativa reguladora”, según los datos facilitados por la Consejería de Familia a través de una petición de Transparencia firmada el 20 de junio. elDiario.es se ha puesto en contacto con la empresa, pero no ha recibido ninguna respuesta al respecto.

La residencia en cuestión se autorizó en diciembre de 2008, con una capacidad máxima de 234 plazas aptas para personas dependientes. En el expediente sancionador, se refleja que los ancianos pasaban 14 horas sin comer y que había trabajadores no cualificados realizando funciones que no les correspondían, como organizar y repartir medicación a los residentes o incluso realizar exámenes médicos, lo que incumple también el convenio colectivo.

La Consejería asegura que los residentes cenaban a las 20 horas y se les levantaba a las 7.30 de la mañana. Los usuarios esperaban en su habitación hasta las 10 horas, momento en el que empiezan a repartir los desayunos. “Pueden pasar unas 14 horas sin realizar ninguna ingesta, pudiendo derivar en problemas de salud por las diversas patologías que pueden padecer los usuarios del centro”, señala el informe.

Se produjeron dos inspecciones en abril y septiembre de 2024 tras dos quejas similares por su disconformidad con la atención sanitaria recibida por sus familiares en el centro y los horarios en la comida. A pesar del apercibimiento formulado por la Consejería de Familia en la primera visita, no se mejoró la organización cuando se acudió por segunda vez.

Las dos inspecciones se realizaron tras “varias” quejas que alertaban de la falta de atención a uno de los usuarios y de un error reiterado al suministrar la medicación a otra residente —un fallo que llegó a reconocer el propio centro y que atribuyó a que se llamaba igual que otra anciana y se habían mezclado las instrucciones—. “Es un error grave que no se registró en ningún documento ni se tomaron medidas al respecto, pudiendo derivar esta en graves consecuencias para la salud y seguridad de los residentes al poner en riesgo su integridad física”, señala el expediente.

En el centro tampoco se siguieron los protocolos correspondientes que prohíben a las gerocultoras realizar curas u otras tareas propias del personal de Enfermería. Además, se ignoraba el registro del suministro de medicación. De hecho, en la segunda inspección se mantenía la misma situación que en la primera: un trabajador repartía los sobres de medicación por las habitaciones y los dejaba sobre la mesa de los residentes “sin la supervisión ni el acompañamiento de ningún personal sanitario”.

Todas las gerocultoras realizaban anotaciones en las que se registraban la cura de úlceras en cualquier turno y día, incluso de noche, cuando no hay personal sanitario en el centro. Una de las gerocultoras contó al Servicio de Inspección que ella realizaba curas, tomaba la tensión y repartía medicación, todas ellas tareas propias del personal de Enfermería. Además, habían contratado a un trabajador como ‘personal de oficios varios’ que hacía las funciones de médico —como una exploración y un posible diagnóstico—, oficio que tenía en su país a pesar de que no se le había homologado el título. Además, firmaba en los registros como ‘médico de prueba’. Él mismo aseguró a Inspección que organizaba estupefacientes, realizaba inventarios y coordinaba con el centro de salud. “Es una especie de supervisor del área sanitaria”, advierte el informe.

La Junta consideró que era una infracción muy grave, a lo que le consignó una sanción de 30.001 euros. La compañía presentó en un primer momento un escrito de alegaciones, pero después se acogió al pago voluntario de la sanción, que quedó en 18.000,6 euros.

La primera vez que elDiario.es informó sobre esta sanción, la empresa sí contestó a este medio y aseguró que habían “reforzardo” sus protocolos internos de administración de medicamentos, supervisión y registro, “con especial foco en la seguridad de los residentes y en la adecuada asignación de funciones al personal sanitario y asistencial”. “La formación y el control de los procedimientos clínico-asistenciales también ha sido intensificada”, afirmó entonces el Grupo Colisée. La empresa apuntó que está “comprometida con el bienestar, la seguridad y la dignidad” de sus residentes.