El Govern balear de Marga Prohens (PP) ha logrado sacar adelante este miércoles los presupuestos autómicos de 2025, los segundos de su mandato, tras doblegarse en áreas clave –lengua, memoria democrática y política migratoria, entre otras- para poder granjearse el respaldo de Vox. A pesar de las sucesivas pugnas entre ambos socios de investidura y de que la extrema derecha ya tumbó en diciembre el primer borrador de las cuentas de este año, los conservadores han dejado al descubierto hasta qué punto son capaces de ceder para poder sacar adelante sus iniciativas y mantener a flote la estabilidad de su gobierno. O al menos en apariencia. Prohens gobierna rodeada de los suyos -todos los consellers del Ejecutivo son del PP- e insiste en la fidelidad a su programa, pero sin Vox no va a ningún lado.

Ya lo advirtió en diciembre de 2023 la entonces portavoz de la formación de extrema derecha, Idoia Ribas: “Vox solo se arrodilla ante Dios”. Lo dijo durante el primer debate presupuestario de esta legislatura, cuando los de Bambú arrancaron de los populares el compromiso de destinar 20 millones de euros a desmantelar la escuela en catalán y eliminar todas las subvenciones a patronales y sindicatos. La aprobación de los presupuestos de 2025, que ascienden a 7.469,1 millones de euros -lo que representa un incremento de 148,4 millones (+2%) respecto al pasado año-, deja de nuevo un reguero de concesiones que pasan por reformar la ley balear de educación con el objetivo de garantizar “el conocimiento del español en el sistema educativo”, denegar la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes del reparto de otras comunidades autónomas y asumir el discurso ultra contra el Pacto Verde europeo.

Entre medias, la Cámara autonómica ha sacado adelante normativas y medidas que el PP insiste en desligar de su acuerdo presupuestario con Vox, como la ley de liberalización del suelo, que flexibilizará las restricciones urbanísticas en Balears, permitirá construir en rústico y amparará la legalización de centenares de edificaciones construidas fuera de ordenación en la Serra de Tramuntana -el pulmón verde de Mallorca declarado en 2011 Patrimonio Mundial por la UNESCO-. Una normativa que nace con el objetivo, defiende el Govern, de facilitar el acceso a la vivienda, pero que, a juicio de la oposición de izquierdas, las entidades ecologistas y las plataformas ciudadanas únicamente beneficiará a constructores, promotores y a los propietarios “más privilegiados”.

Hasta este miércoles, Balears era una de las autonomías gobernadas por el PP en minoría que aún no cuentan con presupuestos debido al bloqueo de Vox, que, pese a las continuas cesiones ideológicas y económicas que ha logrado arrancar a los conservadores, ha mantenido firme su pulso para lograr sus objetivos. En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Carlos Mazón aprobó en mayo sus cuentas a costa de implementar recortes en educación, emergencias, lengua valenciana, patronal, sindicatos y memoria histórica por imposición de la extrema derecha. Apenas un mes después, el presidente de la Generalitat se ha visto abocado a enmendar los presupuestos con un plan de “optimización del gasto público” ante la asfixia financiera de cada una de sus Consellerias.

Poco antes de las 15.30 horas, en el Parlament balear, PP y Vox hacían valer su voto favorable para aprobar unas cuentas cuyas negociaciones fueron fruto, según manifestó Prohens al anunciar el cierre del acuerdo con la extrema derecha, de un “ejercicio de responsabilidad” y de una “apuesta por la estabilidad” por parte de ambos partidos. Sin embargo, para ello ha sido necesario pagar varios precios. Uno de ellos, la derogación de ley balear de memoria democrática: los conservadores suprimirán la normativa a pesar de que el pasado mes de diciembre se comprometieron a mantenerla vigente tras alcanzar un insólito pacto con los partidos de izquierdas.

En cuanto a las enmiendas presentadas por Vox al texto presupuestario, el PP ha incorporado hasta un total de 28. Con la aprobación de las mismas, el Ejecutivo de Prohens prevé destinar 500.000 euros a la realización de pruebas dentales dirigidas a determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a las islas, a pesar de que la aplicación de técnicas médicas para este fin es un procedimiento que depende de la instrucción de la Fiscalía y se reserva única y exclusivamente para aquellos casos en los que sea necesario certificar este aspecto y no exista otra vía documental.

A propuesta de la extrema derecha, el Govern del PP también incrementará en 100.000 euros el crédito para la puesta en marcha de la Oficina Antiokupación, y dotará de 21 millones de euros la aplicación y ampliación del plan de segregación lingüística que populares y ultraconservadores pactaron a principios de legislatura.

En su intervención en la última sesión del debate presupuestario que se ha celebrado desde el pasado lunes, la diputada del PSIB-PSOE Mercedes Garrido ha criticado que se trata de las mismas cuentas cuyo borrador ya fue aprobado en noviembre pero “con un par de empeoramientos”: “Destinarán 21 millones de euros a segregar a los hijos en función de la lengua, favorecerán a quien más tiene y perjudicarán a quienes más lo necesitan, bajan impuestos y suben las listas sanitarias de espera, favorecen a los especuladores y lo pagarán los ciudadanos”.

“Han vendido el alma de un pueblo a quien lo quiere destruir”, ha aseverado en alusión a Vox, para acto segudo dirigirse a la bancada del PP: “¿A cambio de qué? La respuesta la deben dar ustedes”, ha sentenciado.