En el momento más delicado de su mandato, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta este miércoles a su última comparecencia del curso político en el Congreso de los Diputados. Frente a un PP reforzado tras el congreso que encumbró a Alberto Núñez Feijóo el fin de semana, el principal reto del jefe del Ejecutivo es tratar de convencer a sus socios parlamentarios de la necesidad de agotar la legislatura pese al caso de corrupción que ha perturbado la vida interna y externa tanto del Gobierno como del PSOE en las últimas semanas: la presunta implicación del que fue uno de los hombres de su máxima confianza, el exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán, dentro de una trama de amaños de contratos públicos y cobro de mordidas por el que también se investiga al exministro José Luis Ábalos y a su más estrecho colaborador durante años, Koldo García, a raíz de su aparición en un informe de la Guardia Civil.

Sánchez trató de salir airoso el pasado sábado del Comité Federal pese al estado de ‘shock’ y preocupación interna que han generado ambos casos. Logró escenificar una suerte de cierre de filas, ya que todos los dirigentes presentes, con la sonada excepción del presidente castellano manchego, Emiliano García-Page, respaldaron su idea de seguir al frente tanto del PSOE como del Gobierno. “El capitán no se desentiende cuando viene mala mar, se queda para capear el temporal y salvar el barco”, dijo, entre aplausos de los suyos.

Más difícil es ahora conseguir un respaldo similar en el Parlamento con sus socios, a los que necesita para aprobar cualquier votación, todos ellos públicamente molestos con los casos que afectan a los socialistas y reclamando incesantemente explicaciones y medidas adicionales en materia de transparencia y anticorrupción que bien no llegan o bien no les satisfacen.

En el Gobierno son conscientes de la presión que han ejercido en los últimos días tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios y aseguran que el presidente tendrá en cuenta sus peticiones en su comparecencia de este miércoles, especialmente las que tienen que ver con atajar la corrupción “en todos los flancos y actores” implicados. En el Ejecutivo, no obstante, creen que los socios parlamentarios tienen también una “responsabilidad”. “Si algún grupo quiere una moción de censura, que lo explique”, lanzan.

Mientras la legislatura avanza a cuentagotas, pero con recientes triunfos del bloque progresista en el Parlamento, al poco de estallar el escándalo de Cerdán el propio Sánchez en persona mantuvo una ronda de encuentros con esos socios que, al menos, le garantizaron que no tienen pensado respaldar una moción de censura pilotada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, con la concurrencia necesaria de la extrema derecha de Vox. Pero poco más. El propio Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, pero, sobre todo ERC, Junts, EH Bildu y PNV, esperan y exigen que este miércoles Sánchez propicie un punto de inflexión. Sin concretar tampoco demasiado sus peticiones, todos ellos confían en que el presidente del Gobierno presente un paquete de medidas legislativas que por un lado permitan cortar de raíz cualquier tipo de corrupción y, además, promulguen un giro a la izquierda de la acción ejecutiva. Podemos, en cambio, ha roto directamente relaciones con el Ejecutivo y da por finalizada la legislatura mientras habla del PSOE como de una “organización corrupta”.

La postura del espacio de Sumar

Ya el lunes, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, advertía al PSOE de que no se sale de esta crisis con “retórica”, “parálisis”, “inmovilismo”, “anuncios vacíos” o “inacción”, y remarcó que Sumar no está en el Gobierno “para resistir, sino para transformar y avanzar”.

El socio minoritario del Gobierno ve necesario poner encima de la mesa medidas de regeneración democrática y agenda social. Y ha endurecido el tono en los últimos días. De hecho, será la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien haga la primera intervención por parte del grupo plurinacional, un movimiento inusual y que da cuenta de la importancia que otorga la coalición a esta comparecencia. En el turno de réplica, Sumar repartirá entre sus sensibilidades territoriales tras las últimas crisis y dejará hablar al diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, y al de Més per Mallorca, Vicenç Vidal.

Una de las medidas con las que ha presionado el grupo plurinacional es la creación de una oficina anticorrupción. También el lunes fuentes de Sumar trasladaron que llevarán “la retribución del permiso parental” al Consejo de Ministros este mismo julio, como forma de seguir presionando al PSOE, que se comprometió a aprobar esa retribución en el pacto que permitió la coalición.

IU, que también forma parte del Gobierno, pretende que Sánchez incluya entre sus anuncios alguna de las 35 medidas contra la corrupción que plantearon hace apenas unas semanas, en pleno estallido del caso Cerdán. El equipo de Antonio Maíllo ha pedido, por ejemplo, un cambio legal para que los corruptores asuman los “costes directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales y restitución de derechos lesionados”. O, por ejemplo, que esas empresas corruptoras tengan prohibido concurrir a licitaciones públicas de contratación si han sido condenadas, tanto ellas como sus directivos, en los últimos diez años.

Más duro se mostró este martes Gerardo Pisarello, miembro de Sumar y portavoz de los comuns en el Congreso. Según dijo, si Sánchez no reacciona ni muestra capacidad de liderar la situación crítica en la que se encuentra la legislatura durante su comparecencia, puede ser “la antesala de una cuestión de confianza”. Él quiere que esta intervención sirva para “recabar si esa confianza existe o no” por parte de sus socios parlamentarios y, ante esta disyuntiva, los comuns reivindican su presión a Sánchez y al PSOE “audacia”, “valentía” y que estén “a la altura” para lanzar una batería de medidas anticorrupción y de avance social.

“Todo lo que tiene que ver con la corrupción no ayuda, al contrario, pone problemas”, aseguraba la semana pasada el vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert. La formación pide al PSOE “hacer limpieza” en sus filas “caiga quien caiga” y espera también que Sánchez, en su comparecencia, anuncie medidas anticorrupción y un viraje a la izquierda en sus principales políticas como garantía para que la legislatura sobreviva. Respecto al Comité Federal del sábado, Albert aseguró esta misma semana que ni a ERC ni a los catalanes “les interesa cómo se organiza internamente” el socialismo español, sino que lo que reclaman es saber “hasta dónde llega la corrupción y qué se hará para que no vuelva a ocurrir”. Esperan que todos esos interrogantes los responda Sánchez este miércoles.

“No vale con unas disculpas”

El líder del PNV, Aitor Esteban, señaló tras el estallido del escándalo de Santos Cerdán que su grupo dará su “visión de la situación” y cómo cree que “es el momento político” durante el Pleno de este miércoles. “Pensamos que no vale con unas disculpas. Tendrá que delimitarse que el triángulo Cerdán-Ábalos-Koldo termina ahí y sería conveniente que se hiciera un relato con sentido y fundamentado sobre qué pasa desde el momento en el que se aparta a Ábalos del Gobierno”, sostiene. “Ejemplaridad, transparencia y que cumpla con el pacto de investidura. No vamos a pedir ningún plus más ni mercadear con estos hechos tan graves”, ha asegurado, por su parte, en las últimas semanas, la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero.

Otro de los principales socios del Gobierno, EH Bildu, considera que“ no se puede sostener” al Ejecutivo “tan solo con el argumento de los que vienen son peores, que son bastante peores y que no están en absoluto, digamos libres de casos de corrupción”. “Ahora estamos asistiendo a espectáculos que nos llaman la atención. Pero, en fin, lo que decimos a este Gobierno es ya solo con decir que los otros son peores, no basta”, advirtió también esta semana el líder de la formación independentista vasca, Arnaldo Otegi. Este será su planteamiento en el Pleno del miércoles: “Lo que habría que hacer es lo que no se hizo en el año 78. Es poner en marcha un proyecto democrático, popular y plurinacional. Poner en marcha un escenario realmente democrático, un proyecto que combata de manera estructural la corrupción y un proyecto que suscite mayorías populares en Euskal Herria, en Catalunya y en otros pueblos del Estado”.

Junts, el socio que se encontraba más alejado de las tesis de Moncloa incluso antes de que estallara el caso de Santos Cerdán, considera que la de la corrupción “es una crisis del sistema político español” y se plantea, desde este miércoles, “aprovechar las debilidades del Estado”. Jordi Turull ha venido sosteniendo en las últimas semanas que su interés “se concentra ahora en conocer si esta crisis impactará sobre el cumplimiento de los acuerdos de investidura”. En la reunión que mantuvo su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, con Sánchez, en Moncloa, hace un par de semanas, Junts pidió al Ejecutivo “garantías” en esos cumplimientos, una petición que remarcarán también este miércoles en el Parlamento.

Sánchez también recibirá presión desde el Grupo Mixto con Coalición Canaria. El presidente de las Islas, Fernando Clavijo, avanzó este lunes en una entrevista en La Vanguardia que su formación pedirá al líder socialista que se someta a una cuestión de confianza. “La pregunta es la siguiente. ¿El Gobierno dispone de los apoyos necesarios para gobernar, aprobar un presupuesto y afrontar los principales problemas de la ciudadanía? Hoy sólo hay una manera de responder a esa pregunta: una cuestión de confianza”, dijo.

El Gobierno descarta una herramienta como esta, que es una prerrogativa exclusiva del presidente, toda vez que considera que no ha perdido los apoyos parlamentarios como muestran las leyes que se siguen aprobando en el Congreso.

Además de los retos que le han puesto sus propios socios, Sánchez se enfrenta este miércoles a un Feijóo reforzado, que fue refrendado como líder del PP en el congreso de este fin de semana casi a la búlgara (con el 99% de los apoyos) y que mantiene un doble discurso respecto a sus pactos con Vox, su principal aliado en las instituciones y, a la vez, su principal rival electoral. La asunción de algunos de los postulados más radicales de la extrema derecha por parte del equipo de Feijóo y la reciente propuesta del partido de Santiago Abascal para expulsar a millones de migrantes podrían ser utilizados por el jefe del Ejecutivo como única vía para ofrecer un perfil que pueda generar simpatías entre quienes le apoyan, sobre todo los socios de izquierda, en un momento muy adverso.