Vía libre para el desmantelamiento de organismos y personal incómodo en el Gobierno federal. El Tribunal Supremo ha allanado este martes el camino para los planes del presidente de EEUU, Donald Trump, de reducir sustancialmente la plantilla de empleados federales.

El fallo del tribunal llega pocos días después de las trágicas inundaciones en Texas, con más de 100 muertos, que han reabierto el debate sobre las consecuencias de los recortes de medios y personal para servicios gubernamentales críticos.

Los jueces del Supremo, una vez más, se alinearon con la agenda de Trump y anularon las órdenes de tribunales inferiores que habían congelado temporalmente los recortes comandados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk hasta finales de mayo.

El Supremo ha declarado, en una orden sin firmar, que no había recortes concretos judicializados, sino solo una orden ejecutiva emitida por Trump y una directiva de la administración para que las agencias realicen reducciones de empleos.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única que votó en contra, y en su voto particular acusó a sus colegas de “entusiasmo” por avalar “las acciones legalmente cuestionables de este presidente”.

Jackson advirtió sobre las consecuencias: “Esta orden ejecutiva promete despidos masivos de empleados, la cancelación generalizada de programas y servicios federales y el desmantelamiento de gran parte del Gobierno Federal tal como lo creó el Congreso”.

“El fallo del Tribunal Supremo representa otra victoria definitiva para el presidente y su administración. Reprueba claramente los continuos ataques a los poderes ejecutivos constitucionalmente autorizados del presidente por parte de jueces de izquierda que intentan impedir que el presidente logre la eficiencia gubernamental en todo el gobierno federal”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, informa Associated Press.

Decenas de miles de empleados federales han sido despedidos, han dejado sus empleos con programas de renuncia o han sido suspendidos. No existe una cifra oficial sobre los recortes de empleo, pero al menos 75.000 empleados federales han solicitado la renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba ya han sido despedidos, asegura AP.

En mayo, la jueza federal de distrito Susan Illston determinó que la administración Trump necesita la aprobación del Congreso para realizar reducciones significativas en la fuerza laboral federal. Por 2 votos a 1, un panel del Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito de EEUU rechazó bloquear la orden de Illston, considerando que la reducción podría tener efectos más amplios, incluyendo el sistema nacional de seguridad alimentaria y la atención médica para veteranos.

Illston ordenó a numerosas agencias federales que suspendieran la ejecución de la orden ejecutiva del presidente sobre la fuerza laboral, firmada en febrero, y un memorando posterior emitido por la DOGE y la Oficina de Administración de Personal.

Los sindicatos y las organizaciones sin ánimo de lucro que presentaron la denuncia dieron a los jueces varios ejemplos de lo que sucedería si se permitiera su entrada en vigor, previendo recortes del 40% al 50% en varias agencias.

“La decisión de hoy ha asestado un duro golpe a nuestra democracia y pone en grave peligro los servicios de los que depende el pueblo estadounidense. Esta decisión no cambia el hecho de que reorganizar las funciones gubernamentales y despedir a empleados federales de forma masiva y aleatoria sin la aprobación del Congreso no está permitido por nuestra Constitución”, declararon las partes demandantes en una declaración conjunta, informa Associated Press.

Entre las agencias afectadas por la orden se encuentran los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos.

También se aplica a la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.