El PP ha cedido finalmente ante Vox y destinará 250.000 euros públicos a la producción y emisión de un documental sobre la “represión republicana” en Balears. Los populares han dado su apoyo a la enmienda presentada en este sentido por la extrema derecha e incorporará la partida en los presupuestos autonómicos de 2025, que se debaten esta semana en el Parlament, a pesar de que hace apenas seis días tumbaron la propuesta en comisión.

La iniciativa propone financiar la producción de “una serie dramática sobre la represión republicana en Menorca, Eivissa y los bombardeos sobre la población civil en Palma”, con el objetivo de “ofrecer una visión rigurosa y plural de la historia de Balears”. Una iniciativa que se aleja del consenso histórico existente en torno a cómo, desde el mismo momento del alzamiento fascista y de que, el 19 de julio de 1936, el comandante militar Manuel Goded declarase el estado de guerra en las islas y asumiera el control absoluto de Mallorca y Eivissa, se desató una dura represión que ya había sido planificada meses antes del conflicto y sería perfectamente ejecutada por falangistas, militares, autoridades civiles, redes clientelares de derechas, capellanes e, incluso, por familiares de las propias víctimas.

Durante su intervención en el pleno, el diputado de Vox Sergio Rodríguez manifestó este lunes que su partido “nunca se ha opuesto a reconocer a las personas que fueron víctimas durante la Guerra Civil” ni ha dicho “ni una sola palabra contra la ley de fosas”. “Jamás compartiremos la visión sectaria”, apuntó, asegurando que desde la formación no harán “el guion” del documental ni dirá “cómo hay que contarlo”. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer la historia de todos”, sentenció.

La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ya defendió en comisión que no se trata de “una revancha”, sino de “un acto de justicia con quienes fueron silenciados durante décadas”, olvidando la diputada de extrema derecha que las víctimas del bando franquista gozaron durante casi 40 años de amplios reconocimientos y honores y sus descendientes, de cuantiosas pensiones públicas. Los conservadores, tal como ha avanzado Diario de Mallorca, ha virado finalmente en su posicionamiento sobre esta medida.

Cabe recordar que, en una de sus investigaciones, el historiador Bartomeu Garí subraya que “desde el mismo momento del levantamiento” y en un contexto dominado por la rápida caída de las instituciones republicanas bajo el control de los militares sublevados, “fueron encarcelados muchos políticos y funcionarios acusados de izquierdismo o que no habían querido adherirse a la nueva situación”. “Se inició una auténtica caza de sospechosos, que serían fusilados sin contemplaciones en las cunetas de las carreteras o en las tapias de los cementerios, sin ningún tipo de juicio y sin ningún motivo o muchas veces por motivos inconfesables”, incide Garí con base en lo arrojado en Guerra Civil i repressió a Mallorca, del historiador Josep Massot Muntaner, uno de los estudiosos que durante la Transición más se volcó en esclarecer cómo se desarrolló el conflicto bélico en la isla.

En concreto, el Govern balear del PP se ha plegado a varias de las exigencias que imponía Vox para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025. Entre ellas, la derogación de la ley de memoria democrática, a pesar de que los conservadores alcanzaron a finales de 2024 un insólito pacto con los partidos de izquierdas para no eliminarla.

El pasado mes de diciembre, los conservadores facilitaron, con su abstención, la vigencia de esta normativa a raíz del pacto que habían alcanzado previamente con las formaciones de izquierdas: a cambio de no eliminar la ley, la oposición posibilitó en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa, y que los conservadores habían incorporado por error dos semanas antes, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana.

Finalmente, los dos socios de investidura tumbarán una normativa que no solo condena la dictadura franquista, sino que rechaza también cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático, promoviendo el reconocimiento y la garantía de los derechos a la reparación, la verdad y la justicia de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La derogación de la ley de memoria figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado en 2023 entre PP y Vox, por el que los de Bambú se comprometían a abstenerse en la investidura de Marga Prohens, posibilitando con ello su nombramiento como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo.