El Congreso ha tumbado este martes el intento del PP y Vox de defender a los agitadores de extrema derecha acreditados en la Cámara Baja. Los grupos parlamentarios del bloque de investidura han rechazado las enmiendas a la totalidad de la derecha y la extrema derecha contra la reforma del reglamento que busca sancionar los comportamientos de estos pseudomedios, que a diario y con impunidad perturban el trabajo normal de los periodistas, les señalan en sus redes sociales y boicotean las ruedas de prensa.

Ambas enmiendas han recibido el voto en contra de 174 diputados y el apoyo de los 166 escaños de las bancadas de la derecha y la extrema derecha. Los planes de los partidos que impulsan la reforma son llevar la votación definitiva al Pleno extraordinario que se celebrará el 22 de julio.

La propuesta alternativa del PP la ha defendido Cayetana Álvarez de Toledo. O esa era la idea, porque la portavoz adjunta apenas ha hablado de la reforma del Reglamento, motivo del debate, y ha utilizado su tiempo (superior a lo marcado) para arremeter contra el Gobierno y los casos de corrupción que, supuestamente, le afectan.

Álvarez de Toledo ha obviado que la reforma del Reglamento es una cuestión reclamada por Asociación de Periodistas Parlamentarios, no por los grupos, No ha mencionado una sola línea de su enmienda de sustitución. Una fórmula que no plantea tumbar el texto propuesto, sino que plantea una alternativa. La portavoz adjunta del PP se ha parapetado detrás de El País y su grupo editor, Prisa, o de la presentadora Ana Rosa Quintana, para no posicionarse sobre quienes usan su acreditación en el Congreso para señalar e intentar amedrentar no solo a los diputados que no son de su agrado, sino a profesionales de la información, estos sí. Algunos de ellos, como Javier Negre, invitado especial en el reciente XXI Congreso Nacional del PP. También Vito Quiles fue invitado a la posterior fiesta organizada por Nuevas Generaciones.

A la diputada del PP no ha parecido interesarle este debate y ha optado por hablar de Pedro Sánchez, su feminismo o las primarias del PSOE entre extemporáneas referencias a “occidente” y una premonición: “¿Han leído las encuestas, qué pasará cuando haya otra mayoría?”.

La extrema derecha mientras tanto ha encumbrado a estos agitadores como periodistas que hacen “preguntas incómodas” y ha cargado al mismo tiempo contra el resto de periodistas, que son, a su juicio, “lamebotas del Gobierno”. Entre esos redactores “serviles” están los de la mayoría de medios de comunicación, de todo signo y tendencia política, pero que a diferencia de los anteriores respetan los turnos de palabra y las normas de convivencia del Congreso.

El diputado de Vox que ha defendido la posición del partido, José María Figaredo, apenas ha usado un minuto para hablar del asunto que se debatía en el Pleno de este martes. Ha acusado al 99% de los periodistas del Congreso de “ensobrados” y ha censurado que el Gobierno quiera “expulsar” a quienes hacen preguntas incómodas. La norma no parte del Ejecutivo sino de una decena de grupos parlamentarios que suman mayoría en la Cámara Baja y no pretende echar a redactores incómodos sino a los que no respetan las normas básicas de comportamiento.

Tanto el PP como Figaredo han descartado abordar el contenido real de una reforma que han reclamado las principales asociaciones de periodistas del país: los insultos de estos activistas de extrema derecha a políticos y al resto de trabajadores de otros medios y también el señalamiento a estos compañeros a través de sus redes sociales con miles de seguidores. El diputado de Vox ha preferido hablar de las “corruptelas” del Gobierno o pronunciar sus habituales discursos racistas. Y se ha quejado de que un asunto como este le haya hecho trabajar en julio, un mes no hábil en el Congreso.

“Esto no va de inquisión”, ha replicado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. “Las preguntas incómodas todos los periodistas deben hacerlas, hay ejemplos de periodistas que hacen su trabajo cada día, incluso periodistas de medios que son más que críticos con el Gobierno y que han sufrido señalamientos, insultos”, ha defendido. “No buscan la noticia sino generándola reventando ruedas de prensa”, ha añadido el diputado, que ha preguntado al PP si crear una policía patriótica para fabricar pruebas contra otros dirigentes políticos y filtrarlas a medios “es periodismo libre”.

“Quien solo persigue a unos, quien solo entrevista a unos, investiga a unos, incomoda a unos y no a todos, no hace información, hace propaganda. Son propagandistas, entonces no caben aquí. Esperan recibir órdenes”, ha dicho el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mientras señalaba a la bancada de la derecha. El diputado republicano se ha dirigido directamente a estos influencers, sentados en la tribuna de periodistas durante el debate, para preguntarles si han ido en todos estos meses al restaurante El Ventorro, donde el president de la Generalitat estuvo comiendo durante horas en plena crisis de la DANA que se llevó 228 vidas el año pasado en la Comunitat Valenciana.

La reforma del reglamento la impulsaron en marzo los principales grupos del bloque de la investidura. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria rubricaron una proposición de ley que pretende reformar el artículo 98 del reglamento para establecer un régimen de sanciones a aquellas personas acreditadas como periodistas que no cumplan con unos criterios mínimos de convivencia. Incluye un régimen sancionador que distingue entre infracciones leves, graves y muy graves que pueden conllevar desde apercibimientos a la retirada definitiva de la credencial.

La reforma busca impedir que se repitan escenas que ya son habituales en los espacios de la cámara donde trabajan los periodistas. Hace apenas unas semanas, los redactores tuvieron que abandonar la sala de prensa durante una de las ruedas tras la Junta de Portavoces tras las continuas interrupciones de personas como Vito Quiles, acreditado por el pseudomedio de Javier Negre, EDATV. Unos días después, los trabajadores de los medios de comunicación hicieron un plante después de que otro de ellos, Bertrand Ndongo, volviese a boicotear una rueda.

Este tipo de activistas, que visten de preguntas los argumentarios de la extrema derecha y que han estado vinculados o lo siguen estando a partidos como Vox o Se acabó la fiesta, de Alvise Pérez, suelen utilizar sus redes sociales para tergiversar esos episodios y señalar públicamente a los periodistas que se quejan de sus comportamientos y les plantan cara.

Hace poco más de un mes, Quiles participó en una charla en Zaragoza junto al líder de SALF, a quien aplaudió sus propuestas. Su nombre figuraba en las listas de esa formación política ultraderechista en las listas para las últimas elecciones europeas.

Insultos y descalificaciones, faltas muy graves

La reforma del reglamento distingue entre distintos tipos de infracciones. El régimen sancionador detalla que las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles. Que las infracciones graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses. Y que las infracciones muy graves conllevarán una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.

En la propuesta, se plantean como infracciones leves: la omisión de información requerida en la solicitud de la credencial y el acceso a espacios de uso común del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización.

Como infracciones graves: la inclusión de información falsa en la solicitud de la credencial, la grabación de imágenes o audios sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello, el acceso a espacios reservados, tales como despachos o zonas de reunión, del recinto parlamentario ajenos a los acotados para los representantes de los medios de comunicación sin la preceptiva autorización.

Hace unos días, Quiles se grabó mientras accedía sin la pegatina de acreditación a una de las dependencias del Congreso en las que está prohibido grabar sin autorización expresa. El agitador cruzó los accesos de seguridad sin permiso ante la impasibilidad de las fuerzas policiales que custodiaban ese espacio para cuestionar al exministro socialista José Luis Ábalos.

También se considerarán faltas graves interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación; la publicación en medios y redes sociales de imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable; cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación.

Entre las infracciones estipuladas como muy graves, por su parte, se detallan: la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo. “Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma”, se señala.

También serán infracciones muy graves “la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios y la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas”.