La Comisión Europea reprocha a España que no haya impulsado una estrategia nacional contra la corrupción. Es del gran tirón de orejas en el informe anual sobre la situación del estado de derecho que se lleva el Gobierno en un momento en el que está en horas bajas, entre otras cosas, por el gran escándalo que afecta a los dos últimos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último en prisión provisional. El gobierno comunitario recrimina que no se haya dado ningún paso para impulsar esa estrategia, que está comprometida en la ley de protección a los denunciantes.

“Aún no se ha empezado a trabajar en la estrategia nacional anticorrupción prevista por ley para septiembre de 2024”, recoge el informe, que alerta: “De acuerdo con las partes interesadas, a pesar de la inclusión de prioridades anticorrupción en los planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada corre el riesgo de fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas”.

Preguntado por los escándalos de corrupción que recientemente han afectado al entorno de Pedro Sánchez, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ha evitado pronunciarse sobre “casos individuales”. “El régimen general de lucha contra la corrupción en el estado miembro se examina como un pilar fundamental del proceso del Estado de Derecho. Y en relación con España, el Gobierno está obligado por ley a adoptar una estrategia global de prevención y lucha contra la corrupción, pero aún no se ha empezado a trabajar en ella. Se está revisando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se han proporcionado más recursos para reducir la duración de las investigaciones y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel, mientras que el nivel de aplicación de la ley en materia de soborno extranjero sigue siendo bajo”, ha resumido.

Tampoco el informe hace referencias expresas a los casos, pero sí recoge de nuevo el “alto riesgo de corrupción” en sectores como “la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos”. Y se basa en las respuestas del Eurobarómetro en el que un 40% de las empresas piensan que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos años (la media de la UE es del 25%).

Y, en relación a la financiación de los partidos políticos, España se lleva otro tirón de orejas por no haber “tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas”. Por el contrario, ve progresos en el intento de poner límite a las investigaciones de las macro-causas de corrupción, aunque recomienda que se dé el impulso definitivo a la tramitación de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para culminar ese proceso.

También señala los avances para que el mandato del Fiscal General del Estado se desligue de la duración de la legislatura para adecuarse a los “estándares europeos”. La pretensión es que se desvincule lo máximo posible esa figura del ejecutivo, aunque Bruselas no cuestiona que sea el Gobierno el que nombre al máximo responsable del Ministerio Público. En sus recomendaciones, apunta a la necesidad de “continuar los esfuerzos para fortalecer el Estatuto del Fiscal General, en particular en lo que respecta a la separación de su mandato del relativo al Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la Fiscalía”.

El informe menciona el procesamiento de Álvaro García Ortiz por la presunta filtración de información confidencial sobre el fraude de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Respecto a ese caso, también recoge la imputación de cuatro periodistas y la correspondiente queja de las asociaciones de informadores.

El informe vuelve a pasar de puntillas por la amnistía al procés, pese a los intentos del PP de que la Comisión Europea cuestionara esa ley en su análisis del estado de derecho. Lo que hace Bruselas es tomar nota de que el Tribunal Constitucional ha avalado la norma y recuerda que su evaluación será parte de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la UE. Ese análisis fue crítico con la ley de amnistía, aunque Bruselas no ve perjuicio a las finanzas de la UE, que es uno de los principales motivos por los que el conflicto se elevó al tribunal de Luxemburgo.

También desaparece prácticamente el que durante años fue el gran reproche de Bruselas respecto a la situación del estado de derecho en España: el Poder Judicial. Tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en junio de 2024, el gobierno comunitario ve avances en los nombramientos que se han ido desbloqueando.

“Actualmente hay acciones de protesta de jueces y fiscales que reflejan las tensiones en torno a las reformas propuestas sobre el poder judicial. Algunas asociaciones judiciales y fiscales convocaron una huelga de tres días manifestándose en contra del proyecto de ley sobre la carrera judicial y fiscal, pidiendo su retirada del proceso legislativo”, señala sobre la ley de eficiencia de la justicia impulsada por Félix Bolaños y que tiene al sector conservador de la carrera judicial en pie de guerra. De hecho, este mismo martes han viajado a Estrasburgo, de la mano del PP, para quejarse al respecto. El informe recoge que el derecho a huelga de jueces y fiscales no está regulado.

El informe, que en la mayoría de casos se limita a enumerar las medidas y apenas hace un puñado de recomendaciones sobre la necesidad de reforzar los sistemas frente a la corrupción, la regulación de los lobbies y la modificación de la ley de secretos para dar más transparencia, tiene una lectura radicalmente opuesta para el Gobierno y el PP.

Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el informe avala sus reformas y “echa por tierra los bulos que se han repetido insistentemente para intentar frenar la mayor transformación de la Justicia en décadas”. La secretaria general del PP europeo, Dolors Montserrat, cree que es “demoledor” porque recoge “persecución de jueces y periodistas”, “nula independencia judicial”, “dudas de la legalidad de la amnistía”, y “fiscal general procesado”, a pesar de que la Comisión Europea no entra en esas valoraciones. “Sánchez es un peligro”, concluye en un post en X.