El auto con el que el juez Ángel Hurtado dejó al fiscal general a un paso del banquillo contenía una acusación inédita en ocho meses de investigación: que no solo filtró un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino que lo hizo siguiendo “indicaciones” de Moncloa. Una novedad que no recoge en su escrito de acusación el propio afectado, Alberto González Amador, pero que sí esgrimen hasta cinco acusaciones populares, sin aportar ninguna prueba o al menos algún razonamiento sobre qué instrucciones recibió Álvaro García Ortiz del departamento de Presidencia del Gobierno. Entre estas acusaciones están Vox y HazteOir, que se han sumado a la causa con la investigación prácticamente terminada.

La resolución con la que el magistrado del Tribunal Supremo dejó al fiscal general y la fiscal provincial de Madrid al borde de juicio refleja las mismas acusaciones que cimientan la causa desde que recibió los primeros informes de la Guardia Civil desde noviembre. Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, dice su relato, se concertaron para obtener toda la información del caso de fraude fiscal de González Amador y en la noche del 13 de marzo de 2024 filtraron a la prensa el correo con la confesión del empresario para contrarrestar varias noticias falsas sobre el caso y sus negociaciones en el caso de fraude fiscal.

Este auto de procedimiento abreviado, que tampoco aportaba una prueba concreta que demostrara que el fiscal general o su subordinada hubieran filtrado el documento, introducía una novedad en su primer párrafo. Todo ocurrió “a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno”. Hasta el momento se había investigado cómo ese correo había llegado al teléfono de una asesora de Moncloa antes de que fuera publicado íntegramente por los medios –ella afirmó que se lo envió un periodista– pero nunca había expresado ni la más mínima sospecha de que hubiera sido al revés. Que el departamento más cercano a Pedro Sánchez hubiera movido los hilos de la supuesta filtración.

La afirmación de Hurtado causó sorpresa en la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el letrado de Pilar Rodríguez. En sus escritos y recursos, además de quejarse de que Hurtado no había tenido tiempo ni de analizar sus argumentos de defensa, denunciaban que en esta causa “los hechos varían de un día para otro”. Pero no fue acogida con entusiasmo unánime por parte de las acusaciones: ni el escrito de acusación de Alberto González Amador, el afectado, ni el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las acusaciones más activas del caso, incluyen esta novedad.

Sí lo han hecho cinco de las acusaciones populares del caso. El pseudosindicato ultra Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y la fundación Foro Libertad&Alternativas, que a su vez engloba a Vox y HazteOir. Las cinco, vinculadas en su mayor parte a la extrema derecha o al Partido Popular, recogen esa afirmación sobre las “indicaciones” de Moncloa con el mismo déficit que el auto de procedimiento abreviado: no aluden a ninguna prueba de que Presidencia del Gobierno, entonces dirigida por Óscar López, diera órdenes al fiscal general para filtrar el correo con la confesión de Alberto González Amador.

El pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó un escrito de 19 folios firmado por el letrado Víctor Soriano, asesor a sueldo del PP en el Senado tal y como explicó elDiario.es. Un documento que, después de una breve introducción con halagos al auto de Hurtado por su “claridad expositiva” y su “inexcusable imparcialidad”, pasa a copiar 12 folios de esa resolución. A continuación ejecuta una pirueta jurídica y, después de copiar y pegar el auto con el que Hurtado procesó a los dos fiscales, pide prisión pero solo para el fiscal general y no para Pilar Rodríguez, quien entiende que debe ser testigo y no acusada.

El escrito de Manos Limpias no justifica la acusación de haber seguido “indicaciones” de Moncloa y tampoco por qué después de ocho meses renuncia a acusar a Pilar Rodríguez, considerada por Hurtado como clave de la estrategia de la Fiscalía para revelar la confesión de González Amador. El resto de acusaciones personadas sí incluye a la fiscal provincial de Madrid en la lista de nominados al banquillo.

El papel de Vox y HazteOir en el caso

Las dos últimas acciones populares en incorporarse al proceso, en contra del criterio de Hurtado pero con la Sala de Apelaciones a su favor, han sido los dos brazos armados de la extrema derecha en los juzgados: Vox y HazteOir. Una presencia que no ha tenido ningún tipo de efecto práctico ya que Hurtado, tras ser obligado a admitir a ambos en el caso, han quedado bajo la dirección de la fundación Foro Libertad&Alternativa. No han participado en los pocos interrogatorios que quedaban antes del auto de procesamiento y su escrito de acusación es el mismo que el del Foro.

Esta fundación, vinculada a antiguos dirigentes del PP como Jaime Mayor Oreja y el fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, ha presentado un escrito de acusación que también alude a que el fiscal general actuó “en coordinación con Presidencia del Gobierno” para obtener los correos y filtrarlos.

Este escrito incide en algunos de los puntos más dudosos del caso para convertirlos en parte de su acusación. Por ejemplo, dando a entender que fue ratificada en su puesto como fiscal provincial de Madrid porque participó en la filtración, cuando esa propuesta fue llevada al Consejo Fiscal una semana antes. También atribuye la frase “poner un poco más de cianuro” a la intención de Rodríguez de perjudicar a Alberto González Amador cuando las conversaciones muestran que la fiscal de Madrid se refiere a que Isabel Díaz Ayuso y su entorno intentaban descalificar la investigación de fraude fiscal contra el empresario recordando que ella había sido alto cargo de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Vox y HazteOir, englobados en esta causa bajo el paraguas de la fundación Foro L&A, no han esgrimido su personación en esta causa como sí hacen en otros casos en los que ejercen e incluso encabezan la acusación popular: el caso Koldo o las diligencias contra Begoña Gómez y David Sánchez. Su incorporación al límite de la fase de instrucción implica que sus abogados no han entrado en los interrogatorios y que tampoco podrán participar en el juicio. Al contrario de lo que sucede en otras causas que afectan al Gobierno y al entorno del Presidente o de lo que sucedió en el juicio del procés, trampolín mediático de Vox con comparecencias diarias a las puertas del Tribunal Supremo.

Sánchez Acera y el juicio del correo

El futuro juicio, pendiente de que la Sala de Apelaciones confirme o revoque el auto de procesamiento de Hurtado, girará en torno a si el fiscal general y la fiscal provincial maniobraron para obtener la confesión de González Amador y filtrarla en la noche del 13 de marzo a la Cadena SER o si, como han defendido desde el principio, no difundieron el documento y se limitaron a elaborar un comunicado para desmentir informaciones falsas sobre el caso. Informaciones falsas que movía entre los medios de comunicación Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, para dar a entender que la Fiscalía se negaba a negociar con el empresario para someterle a un largo proceso judicial.

La presencia de la Moncloa en todo el proceso estará presente pero no en la nómina de acusaciones. La investigación, sobre todo después de la comparecencia del exsecretario del PSOE madrileño Juan Lobato ante un notario, afloró que una asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, tuvo esa misma confesión en su poder en la mañana del 14 de marzo, media hora antes de que fuera publicada de forma íntegra por un medio de comunicación.

Los mensajes aportados por Lobato, en los que se pone de manifiesto el interés de diversos cargos del PSOE y de Moncloa por el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, han llevado al juez Hurtado a expresar su sospecha sobre una posible coordinación entre la Fiscalía y el departamento de Presidencia del Gobierno, introduciendo como novedad las “indicaciones” de Moncloa. En su comparecencia como testigo, que llevó a Hurtado a avisar a la dirigente del PSOE madrileño de la posibilidad de ser imputada por falso testimonio, Sánchez Acera aseguró que un periodista le remitió el documento pero afirmó no recordar quién.