La vicepresidenta segunda insiste en sus peticiones a la parte socialista del Gobierno para que activen medidas de regeneración democrática y retomen la agenda social
Sumar no ve avances tras la reunión de la coalición del Gobierno: “El PSOE no es consciente de la gravedad de la situación”
“La preocupación de Sumar no es el Comité Federal del PSOE sino su inmovilismo”. Así ha respondido este viernes a los medios la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que insiste desde hace varios días en que la relación con su socio de Gobierno está en un mal momento por la falta de reacción que notan ante el estallido por el escándalo de Santos Cerdán. “Está en su mano el mantenimiento de la legislatura”, ha advertido.
Para la ministra de Trabajo, es importante que el Partido Socialista haga gestos urgentes, incluso antes de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, el próximo 9 de julio. “Tolerancia cero contra la corrupción, queremos medidas no solo claras sino urgentes de regeneración democrática y giro social de la legislatura”, ha dicho en unas declaraciones en Oviedo, después de reunirse con Las 6 de la Suiza.
“La reunión fue mal y nos preocupa”, ha dicho sobre la comisión de seguimiento de la coalición que se celebró este miércoles entre PSOE y Sumar. El encuentro lo pidió la coalición de Díaz ante el estallido del escándalo del ex número tres socialista, que entró en prisión preventiva el pasado lunes ante su presunta vinculación en una trama por mordidas y amaños de contratos de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte.
Díaz considera muy grave el caso y cree que el PSOE tiene que tomar medidas en dos sentidos, tal y como trasladó el socio minoritario de la coalición esta semana tras la reunión: regeneración democrática y activar la agenda social. “Está en su mano el mantenimiento de la legislatura. Le hemos dicho a la ciudadanía que íbamos a gobernar. Ha pasado un año y tres meses [desde los cinco días de reflexión que se dio Sánchez] y ahora tenemos un caso de corrupción gravísimo. Lo que nos preocupa es el inmovilismo y la percepción que hay en el PSOE de que esto no es tan grave”, ha avisado.
“No queremos que gobierne el PP y Vox pero está en la mano del PSOE mantener el Gobierno”, ha insistido Díaz.
En la reunión del miércoles, Sumar trasladó a sus interlocutores socialistas un documento con la batería de medidas que ven necesarias para ese “reseteo” de la legislatura que defienden. En él incluyen, por ejemplo, el impulso de una ley integral contra la corrupción que garantice que tanto los corruptos como los corruptores “asumirán los costes, directos e indirectos de sus acciones, perjuicios a terceros, costes judiciales y restitución de derechos lesionados” y también una “prohibición de 20 años para concurrir a concursos públicos de contratación de empresas condenadas por corrupción o sus directivos, en los últimos diez años”.
La coalición plurinacional defiende también la “ampliación de los tipos penales así como homogeneización de las penas de corrupción establecidas en el Código Penal con otros delitos de la misma gravedad para corruptos y empresas corruptoras” y el “endurecimiento del delito de cohecho o soborno impropio” así como de las penas del delito fiscal. Piden asimismo “extender la inhabilitación para ocupar cargos públicos a 30 años para los condenados por corrupción”.
Piden también “medidas de urgencia para evitar la gran revisión de contratos de alquiler y el aumento de los precios que acarrea el fin de los contratos firmados durante la pandemia. ”Ante la aguda crisis de vivienda que asola el país y la negación de las CCAA del PP a topar los precios de los alquileres, es imprescindible prorrogar de forma obligatoria los contratos vigentes al menos tres años más para asegurar que las personas y familias que viven en estas viviendas no se queden en situación de desamparo e impedir la gran subida de los alquileres que previsiblemente se producirá“, reclama la coalición, que también traslada la necesidad de aprobar la regulación de los alquileres de temporada que ya está en marcha en el Congreso.