La detención de dos hackers acusados de publicar teléfonos y direcciones de políticos y periodistas da continuidad a la tendencia de la extrema derecha a buscar que sus objetivos se expongan a ser acosados, como Pablo Iglesias e Irene Montero en su casa durante meses, o a que se publiquen sus datos
El ciberataque a ministros, políticos y periodistas pretende promover su acoso: “Es un escarmiento”
Recuerda esto. La gente que intentas pisotear es de la que dependes. Somos los que lavamos tu ropa, preparamos tu comida y servimos tu cena. Hacemos tu cama. Conducimos las ambulancias. Somos cocineros y taxistas y sabemos todo sobre ti. Controlamos cada parte de tu vida (…) Así que no nos jodas
En ‘El club de la lucha’, el escritor estaounidense Chuck Palahniuk presenta a Tyler Durden y su proyecto ‘Mayhem’. Una revolución soterrada de la facción invisible y desencantada de la sociedad que amenaza la tranquilidad de la élite y la civilización consumista. Desde camareros que orinan en las sopas de una fiesta hasta la fabricación de explosivos caseros. Una rebelión ficticia convertida en objeto de fascinación en grupos y chats de extrema derecha donde la consigna es impedir que los rivales políticos o periodísticos puedan ir “tranquilos” por la calle o estar en sus casas, como sucedió con Pablo Iglesias, Irene Montero y su familia en Galapagar. El último capítulo: dos piratas informáticos detenidos por filtrar los números de teléfono y datos personales, sobre todo, de políticos y periodistas de izquierdas.
“Ningún votante de la izquierda debe poder caminar tranquilo”. Alberto ‘Ferrando’ Caliu, agitador de extrema derecha y difusor habitual de bulos racistas, puso hace poco por escrito en la red social X el dogma ambiguamente violento que, desde hace años, intentan legitimar sectores radicales y que no ponen personalmente en práctica, pero sí actúa como combustible. Convertir en aceptable o disfrazar de revolucionaria la incitación al acoso en la calle no solo a políticos sino a informadores, en este caso considerados progresistas o de izquierdas.
Ni este ni otros influencers de la ‘fachosfera’ más extrema tienen la patente de este formato de invitar a la violencia sin hablar de violencia y, por tanto, sin tener que responsabilizarse de ella. Tampoco el pirata informático ‘Akkaspace’, considerado responsable de esta última filtración de datos de políticos, que sí ha dado un paso más y ha expuesto datos personales de miembros del Gobierno y periodistas, algunos de los cuales han recibido amenazas en sus móviles. Lo ha hecho “para el pueblo” y contra la “corrupción del PSOE”, dijo en conversación con Vozpópuli, medio que le define como un “Robin Hood”.
La Audiencia Nacional investiga bajo secreto de sumario si, lejos de una acción altruista en defensa de los débiles, este y otro joven canario respondían ante terceras personas, o si hay algún tipo de negocio de por medio. El objetivo ideológico es explícito. Junto a la difusión de datos de expolíticos del PP que ya no están en activo, los piratas informáticos publicaron números de teléfono, direcciones y hasta matrículas de buen parte del Consejo de Ministros, dirigentes y exdirigentes de Podemos y diversos periodistas, entre ellos el director de este periódico, Ignacio Escolar. “Un poco de info de estos políticos de mierda, ultraizquierdas y corruptos”, escribió el usuario que publicó los datos.
Ante el juez, antes de quedar en libertad con cautelares, Akkaspace ha dado una versión distinta. Ha asegurado, según fuentes jurídicas, que un “agente encubierto” le pagó, pero ha negado haber perpetrado ataques informáticos sino que usó una “aplicación” y no tiene conocimientos de informática. Ni rastro de la lucha en nombre del “pueblo” que le atribuían algunos medios antes de su arresto.
Los datos fueron publicados en un canal de Telegram con más de 90.000 suscriptores montado en “apoyo” al eurodiputado y agitador Luis ‘Alvise’ Pérez, aunque sin vinculación real con él. El líder de ‘Se Acabó La Fiesta‘ sale victorioso cuando se le hace la prueba de paternidad a este tipo de estrategias. Es quien, desde hace años, promueve desde su canal de Telegram y sus cuentas intermitentes de Twitter el hostigamiento –principalmente a políticos y periodistas del espectro progresista pero sin cerrarse a otras opciones– llamando a la colaboración ciudadana y disfrazándose de Tyler Durden para convertir el acoso en una causa noble.
“Somos el Club de la Lucha”
“Seguís sin entender que somos vuestros camareros, taxistas, policías, jardineros y los que hacemos que el sistema funcione. Os vemos”, dijo en una ocasión para desarrollar su campaña de acoso contra la futbolista Jenni Hermoso, víctima de abuso sexual tal y como han declarado los jueces. “Somos el Club de la Lucha contra el sistema corrupto que nos esclaviza y vamos a por vosotros”, dijo en otra ocasión para revelar el itinerario de Pedro Sánchez y fomentar las protestas contra él. “Somos sus vecinos, limpiadoras, contables, jardineros, trabajadores, taxistas…” dijo en otro mensaje muy similar cuando pidió información contra Javier Tebas, presidente de La Liga.
En el caso de Alvise Pérez, las incitaciones ambiguas al acoso no se han quedado en mensajes inflamados en su canal de Telegram. Durante años ha sido habitual que el agitador publique fotos de políticos y periodistas en situaciones personales, a veces con familiares y menores de edad, dando a entender que hacen algo ilegal y, sobre todo, que tiene mil ojos en las calles para perseguir a sus rivales. Lo que Tyler Durden bautizó como ‘Monos Espaciales’ en ‘El Club de la Lucha’ y que Alvise denomina ‘Ardillas’, apropiándose de la tendencia en Twitter que le reprochó haber sexualizado a los animales que protagonizan ‘Space Jam’.
Los paralelismos entre Alvise, sus seguidores y la ópera prima de Palahniuk terminan ahí. El agitador, lejos de ser el líder anónimo de un grupo de ciudadanos que buscan la refundación de la sociedad capitalista, está al frente de un partido político con tres eurodiputados peleados entre sí y un código interno que le permite ejercer un control férreo, investigado además por financiación ilegal. Y su hostigamiento a políticos y periodistas, lejos de haber minado el poder de las élites a las que aspira a unirse, se ha traducido en varias condenas e investigaciones penales contra él.
Publicar datos personales o fotos privadas de políticos y periodistas no es un ejemplo de lucha contra el poder, han dicho varias veces los jueces, sino una forma de acoso. El propio Alvise acumula decenas de miles de euros en condenas civiles y está imputado en el Tribunal Supremo por difundir un bulo sobre Salvador Illa y por promover el hostigamiento de sus seguidores a la fiscal Susana Gisbert. También ha sido sancionado por difundir una foto de la hija menor de edad del ministro Óscar Puente dando a entender que no era su hija sino su amante.
La derecha parlamentaria y periodística, tanto el Partido Popular como Vox, celebran desde hace tiempo que Pedro Sánchez no puede “salir a la calle con tranquilidad”, entusiasmo que comparten con la extrema derecha aunque sin capacidad demostrada, al menos por el momento, de poder llevar a la calle la beligerancia violenta que sí preconizan en sus redes sociales.
Grupos como Núcleo Nacional, que intentaron capitalizar las manifestaciones de miles de personas ante la sede del PSOE en noviembre de 2023, no han concitado la unidad que esperaban entre los grupos de la extrema derecha, y las cabezas visibles de ese espectro ideológico, como Alvise o el líder de Desokupa ya demostraron su alcance: llevar a la gente a las puertas del Congreso e invitarles a sentarse de espaldas mientras tranquilizan a la Policía. Pero también su capacidad para hostigar a políticos y sus familias durante meses sin tener que sufrir consecuencias. Por ejemplo cuando agitadores como Miguel Frontera fomentaron el acoso diario durante meses a Pablo Iglesias, Irene Montero y sus hijos pequeños frente a su domicilio.
