País Vasco y Catalunya se quedan fuera del reparto obligatorio, pero el Gobierno catalán se ha ofrecido a acoger voluntariamente a 31 menores
La aprobación por ley del reparto de menores migrantes costó un año, pero tras meses de trámites, aún se desconocía el número de niños y adolescentes definitivo que serán trasladados desde Canarias a cada comunidad autónoma. Hasta ahora. Las cifras del plan que el Ministerio de Infancia presentará el próximo martes a los gobiernos regionales, a las que ha accedido elDiario.es, coloca a Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana como las autonomías que recibir más niños y adolescentes. Solo estas comunidades deberán albergar 1.895, casi la mitad del total de niños a reubicar.
Por su parte, Catalunya y País Vasco se han quedado fuera del reparto obligatorio, aunque el Gobierno catalán ha aceptado albergar voluntariamente a 31 chavales, según fuentes ministeriales.
*Gráfico: Raúl Sánchez
Aunque en un primer momento Canarias solicitó el traslado de 4.400 menores, finalmente serán reubicados como máximo 3.975 chavales -debido a diversos factores como, por ejemplo, el cumplimiento de la mayoría de edad de algunos de ellos durante este tiempo-, según el cálculo de Juventud e Infancia. De ellos, 677 irán a Andalucía, 647 a la Comunidad de Madrid, 571 a la Comunitat Valenciana,320 a Castilla-La Mancha y 317 a Galicia.
Les siguen Aragón (con 251 traslados), La Rioja (con 205), Castilla y León (197), Cantabria (156), Extremadura (159), Asturias (144), la Región de Murcia (133), Navarra (118). Al final de la lista se encuentra Islas Baleares, que recibirá 49 menores debido, en gran medida a que por ser un archipiélago tiene menor capacidad de adaptación, sumado a que es el destino de una de las rutas migratorias más transitadas actualmente en España. Las comunidades que finalmente no tendrán que recibir a ningún chaval serán, País Vasco y Catalunya, que han quedado fuera del reparto obligatorio debido a que el número de plazas ocupadas actualmente en su sistema de acogida es muy superior a lo que el Gobierno central llama “capacidad ordinaria”, la cifra ideal de plazas que debería tener cada comunidad autónoma.
Sin embargo, Catalunya ha aceptado recibir voluntariamente a 31 niños, con lo que las cuentas del plan de distribución acabarán sufriendo ligeras alteraciones.
Según explican fuentes de Infancia, este sistema “busca garantizar un equilibrio entre los diferentes sistemas de acogida”. La fórmula establecida el número de traslados que corresponde a cada comunidad da un peso destacable al “esfuerzo previo de acogida” y al “dimensionamiento” de los sistemas de acogida en los últimos años, es decir, al número de plazas creadas por cada una de las comunidades. “Hasta ahora han existido enormes brechas entre los diferentes sistemas, con algunos que han realizado un buen trabajo previo y otros que no lo han hecho”, sostienen desde el Ministerio. Según defiende el departamento dirigido por Sira Rego, la normativa sobre la que se rigen los traslados viene “a corregir estas diferencias históricas”.
El real decreto establece una serie de criterios que, tradicionalmente, ya se han aplicado en anteriores acuerdos voluntarios de distribución de menores, lo que varía es el peso que tendrá cada uno de ellos. Estos criterios son: la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el número de plazas de acogida creadas de forma estructural por las comunidades autónomas para alojar a adolescentes tutelados (10), la atención a los menores migrantes (6%), el hecho de que se trate de una ciudad fronteriza o una isla (2%) y la dispersión de la población (2%).
Esa cifra de plazas de “acogida ordinaria” será clave tanto para solicitar financiación del fondo extraordinario estatal como para, en caso de crisis humanitaria, justificar la saturación del sistema de acogida para pedir un nuevo traslado. Para que la ocupación presentada y el número de plazas estructurales se consideren válidos, los chavales acogidos deberán haber sido incluidos en el registro de menores de Interior y las plazas abiertas deberán haber sido certificadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.