La Universitat de Barcelona (UB) ha comunicado a Ramón Flecha y al equipo de investigación del que forma parte (CREA –Community of Research on Excellence for All) que no podrán utilizar ninguna de sus instalaciones para celebrar un congreso europeo sobre “violencia doméstica” que han organizado a comienzos de septiembre, tal y como ha podido saber elDiario.es. CREA, el grupo investigador que creó en los 90 el catedrático emérito de la UB Ramón Flecha, es el organizador de la ‘Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica’ que tendrá lugar en Barcelona del 3 al 5 de septiembre y que iba a celebrarse en instalaciones de la Universitat de Barcelona. Tras la publicación de una investigación conjunta entre elDiario.es, TVE junto a RTVE Noticias, Ràdio 4-RNE e Infolibre, la UB ha cancelado el uso de sus instalaciones, aunque se resiste a abrir una investigación.

Los testimonios de un grupo de mujeres sobre el comportamiento de su catedrático emérito Ramón Flecha señalan que el investigador creaba un ambiente envolvente, con premios y castigos académicos, que desembocaba en masajes y sexo, según el relato de las afectadas, mientras mantenía una clara relación de superioridad jerárquica sobre ellas. También les pedía limpiar su casa, llevar a lavar el coche, planchar o preparar su maleta, de acuerdo a estos testimonios. Él era el líder del grupo de investigación CREA del que ellas formaban parte y, en ocasiones, era su director de tesis o parte del tribunal que juzgaría su trabajo de investigación para convertirse en doctoras.

Los relatos describen este tipo de comportamientos a lo largo de dos décadas, desde comienzos de los 2000 hasta casi la actualidad. Además, dos abogadas, en representación de 14 personas que han abandonado CREA en el último año, se dirigieron por carta al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guardiá Olmos, el pasado 17 de junio para advertirles de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas. Sin embargo, la Universidad considera que, al no existir una queja formal en la propia Universidad, “no tiene constancia de hechos actuales”.

La decisión contradice el contenido de su propio protocolo “para la prevención, detección y actuación contra las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, de identidad de género o de orientación sexual, y otras conductas machistas o LGTBIQ+ fóbicas”, aprobado el 13 de mayo de 2022. En ese protocolo, la UB manifiesta “su política de tolerancia cero” y “su compromiso institucional”, que se concreta por ejemplo en “promover una cultura de prevención contra las conductas de acoso y las conductas machistas” o “elevar quejas, denunciar, investigar y, en su caso, sancionar, de acuerdo con lo previsto en este protocolo, cualquier conducta que pueda ser constitutiva de acoso, discriminación o violencia”.

La Universitat asegura que, al no haber llegado una queja formal cursada tal y como aparece en su protocolo, no puede iniciar la investigación. Sin embargo, el documento asegura que no solo las personas afectadas pueden presentar la queja o denuncia, sino que también las personas “con responsabilidades académicas y/o administrativas” o “terceras personas que hayan tenido conocimiento directo o indirecto de alguna de las conductas descritas en el Protocolo” pueden hacerlo. Así mismo, consta que si durante el “impulso del procedimiento” hay personas afectadas o testigos que no se presentan a las citaciones, “se podrá continuar de oficio la tramitación del procedimiento, siempre que queden garantizados los derechos de defensa de todas las partes”.

Preguntada por este hecho, la UB insiste en que no tiene constancia de hechos actuales. “Para poder actuar de oficio, el rector necesita tener conocimiento al menos indiciariamente de unos hechos concretos, de la persona que denuncia y de la persona denunciada. En el caso que nos ocupa, la UB no dispone de ninguna denuncia actual, solo de las denuncias de 2006 y 2016 que ya se elevaron a Fiscalía, fueron archivadas y actualmente en materia administrativa (que es la competencia que corresponde a la Universidad) son hechos prescritos”, aseguran.

Una carta al rector

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Varias de ellas han buscado asesoramiento legal ante el temor de que su salida supusiera algún tipo de represalia. En la carta fechada el 17 de junio y dirigida al rector de la Universitat de Barcelona, dos abogadas, en representación legal de un grupo de 14 exmiembros de CREA, advierte de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”. En la misiva, las abogadas cuentan que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.

La UB subraya que sus Servicios Jurídicos ya se han puesto en contacto con las abogadas que les enviaron la misiva “para conocer a fondo estos indicios y poder dar los pasos pertinentes”. Las abogadas, por su parte, valoran la disposición del centro, pero subraya que la campaña de desprestigio que sufren algunas de sus representadas por su decisión de desvincularse de CREA genera “un clima de miedo” que dificulta que puedan acudir a los mecanismos administrativos habituales. “No puede trasladarse exclusivamente a nuestras clientas la carga de activar los mecanismos existentes, más aún en un contexto en el que están siendo objeto de una campaña pública de desprestigio encabezada por el propio Ramón Flecha”, señalan.

“Los testimonios recogidos relatados en los reportajes publicados por RTVE, elDiario.es, InfoLibre y RNE – Radio 4, basados en hechos coincidentes, no describen incidentes aislados, sino un patrón prolongado de coerción sexual y subordinación jerárquica encubierta bajo vínculos académicos. Esta realidad exige una respuesta que trascienda los protocolos formales. No estamos ante hechos individuales, sino ante un esquema sistemático que requiere una mirada estructural y una intervención decidida por parte de la institución. Por ello, entendimos —y seguimos entendiendo— que el Rector, como máxima autoridad académica y responsable del buen gobierno universitario, es quien debía tener conocimiento directo de esta situación y actuar en consecuencia”, dice el comunicado de las abogadas que representan a 14 personas que abandonaron por CREA.

Por su parte, la Universitat de Barcelona asegura que CREA no está vinculado a su estructura académica desde 2020, si bien todos los correos de contacto que maneja CREA, así como el dominio de su página web, pertenecen a la UB. La universidad señala que ya han activado la desvinculación de su dominio tanto de la página web como del correo de CREA.

Otros mecanismos

La UB tiene, además, un Código Ético, cuya última modificación es de 2024. “Las relaciones sexoafectivas entre el personal docente e investigador y el alumnado se consideran, en todos los casos, claramente asimétricas, con un evidente componente de superioridad del primer colectivo hacia el segundo. Para evitar situaciones de abuso y/o de conflicto de interés en el proceso de evaluación y supervisión, estas relaciones se consideran una mala praxis profesional y, por tanto, contrarias a los principios de este Código”, dice en su artículo 6.

Más allá del protocolo de la Universidad, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado incluye la posibilidad de incoar un procedimiento de información reservada “de oficio o a propuesta del Jefe del centro o dependencia en que preste servicio el funcionario” cuando haya indicios de un comportamiento susceptible de ser una falta disciplinaria. El Reglamento incluye como falta grave el abuso de autoridad y, como muy grave, “toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La investigadora y experta en protocolos contra el acoso en las universidades Paula Martín Peláez explica que, como administración pública, una universidad debe abrir un procedimiento de información reservada si tiene indicios de que se están produciendo hechos que pueden ser constitutivos de falta disciplinaria y/o delito. “Es un procedimiento previo a la incoación de un expediente disciplinario, es una manera abrir una investigación para indagar. Se nombra a un instructor y se investiga los hechos, se puede llamar a personas del departamento, por ejemplo. Si se concluye que hay una falta o delito, entonces sí se necesita que las víctimas lo ratifiquen”, prosigue. En cualquier caso, Martín Peláez considera que la Universitat de Barcelona cuenta ya con suficientes indicios como para abrir una investigación según su protocolo interno.