Una decisión política tomada a más de 10.000 kilómetros de distancia puede costar la vida a más de 14 millones de personas. Así lo advierte un nuevo estudio publicado en la revista The Lancet, que calcula el impacto potencial del recorte del 83% en los programas globales de salud de Estados Unidos. La mayor parte de esa financiación se canaliza a través de USAID, la agencia de cooperación internacional norteamericana, cuyo futuro pende de un hilo tras los intentos de desmantelamiento por parte de la Administración de Donald Trump.

Según las proyecciones del estudio –en el que ha participado el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), junto a la Universidad Federal de Bahía, la Universidad de California de Los Ángeles y el Centro de Investigación en Salud de Manhiça, entre otros–, si se mantienen estos recortes hasta 2030, se producirán 14 millones de muertes adicionales en países de renta baja y media, incluidas más de 4,5 millones de muertes infantiles. El informe insiste en que la gran mayoría de estas pérdidas serían completamente evitables.

“No se trata de una decisión técnica ni presupuestaria: es puramente ideológica”, señala Gonzalo Fanjul, investigador especializado en salud global y políticas de cooperación y director de análisis y desarrollo en ISGlobal. “No hay evidencia que demuestra que la ayuda haya sido eficaz o corrupta. Recortar la cooperación se convierte en un objetivo fácil para administraciones con una agenda nacionalista e insolidaria”, explica a elDiario.es.

Entre 2001 y 2021, la ayuda internacional en salud canalizada a través de USAID ha contribuido a evitar 91 millones de muertes, de las cuales casi 30 millones fueron niños menores de cinco años. Estos logros incluyen avances cruciales en la lucha contra el VIH, la malaria, la tuberculosis, las enfermedades tropicales desatendidas y en salud materna e infantil. El estudio demuestra que la cooperación estadounidense ha sido altamente efectiva. Ha reducido las muertes por VIH en un 74%, por malaria en un 53% y por enfermedades tropicales desatendidas en un 51%.

África subsahariana, mayor impacto

Además, el informe apunta que África subsahariana sería la región más golpeada por la retirada de los fondos. Algunos países como Malaui, Mozambique, Etiopía, Uganda o Zambia dependen en gran medida de la financiación exterior para sostener sus sistemas sanitarios. Algunos programas clave como el suministro de vacunas infantiles, la distribución de mosquiteras, el acceso a anticonceptivos y la atención a embarazos y partos podrían paralizarse.

“Esto va a suponer un terremoto absoluto para todo el sistema de asistencia en salud. No estamos hablando solo de enfermedades concretas, sino del colapso de infraestructuras críticas, del desmantelamiento de sistemas que tardaron décadas en construir”, advierte Fanjul. “Tres décadas de progreso pueden irse al traste en cuestión de pocos años”.

La malaria es un caso pragmático. En 2025, la Iniciativa Presidencial contra la Malaria (PMI) logró evitar 13 millones de infecciones y más de 100.000 muertes en países africanos. Ese programa está entre los que desaparecerían casi por completo si se confirma la absorción de USAID por el Departamento de Estado.

En Sudáfrica, el país con la tasa de prevalencia más alta de VIH en el mundo, los recortes de USAID ya están teniendo efectos devastadores: se han cancelado cerca del 89% de los contratos vinculados a la lucha contra la enfermedad, afectando a servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención. El cierre de clínicas comunitarias y la suspensión de programas clave como el Plan de Emergencia del presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR) podrían provocar hasta 65.000 muertes adicionales y más de 150.000 nuevas infecciones antes de 2028, según estimaciones del propio estudio. Además, 39 centros de investigación han paralizado ensayos clínicos cruciales por falta de fondos.

La propuesta de recorte llega desde el Congreso estadounidense y ha sido impulsada principalmente por sectores conservadores alineados con la agenda del presidente Donald Trump. En marzo de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió públicamente el cierre de programas que “no se alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos”. Sin embargo, el informe de The Lancet y la comunidad científica internacional coinciden en que el impacto global es devastador y desproporcionado.

“Estamos ante un retroceso histórico en la cooperación internacional”, lamenta Fanjul. “Es el final de una etapa iniciada tras la Segunda Guerra Mundial, cuando los países ricos establecieron una arquitectura de solidaridad que, con todos sus defectos, salvó millones de vidas. Lo que se está haciendo ahora no es solo dar un paso atrás: es destruir los fundamentos del sistema como lo conocíamos”, insiste.

El informe apunta que una inversión media de 64 dólares anuales por ciudadano estadounidense fue suficiente para sostener estos programas y lograr los avances. Una mínima inversión evitó millones de muertes y su retirada causará un daño irreversible: “Estamos validando debates sobre el 5% del PIB para defensa sin haber resuelto cuestiones básicas sobre la salud global. Es una muestra clara de prioridades desalineadas con los derechos humanos”, denuncia Fanjul.

Escasas alternativas a la USAID

Frente a este escenario, la gran pregunta es si existe algún actor capaz de compensar el colapso financiero que provocarán los recortes de USAID. Aunque países como España han anunciado un incremente de su cooperación internacional, su volumen de ayuda está todavía muy lejos del que han recortado Estados Unidos, Reino Unido o Francia. “Dentro del escaso margen fiscal, incluso en el mejor de los casos, la ayuda española sigue estando muy por debajo de lo que invierten Reino Unido, Alemania o Francia”, advierte Fanjul.

La clave, según el investigador, está en una redefinición urgente y profunda del sistema multilateral de ayuda, especialmente en salud: reducir la intermediación, establecer mecanismos más ágiles de financiación directa y apostar por modelos de cooperación centrados en resultados y control local. “Hay que repensar la arquitectura, no destruirla. Es momento de definir un nuevo marco de cooperación más eficaz, más transparente y justo. Pero también hay que marcar líneas rojas, denunciar y exigir rendición de cuentas a quienes toman decisiones que cuestan vidas”, concluye.