El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha recabado datos sobre el seguimiento de la primera jornada de huelga convocada por cinco asociaciones de jueces y fiscales, lo que impide al Ministerio de Justicia descontar el salario a quienes han secundado el paro. Ante la ausencia de datos oficiales, las entidades convocantes elevan la participación al 75% de los jueces y fiscales que estaban este martes en activo, si bien la jornada transcurrió con normalidad en una parte significativa de los juzgados y fiscalías del país, tal y como ha podido comprobar elDiario.es. El Gobierno ha mostrado su “respeto” a la huelga y ha reiterado su defensa de la “reforma modernizadora” impulsada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que antes de las 14 horas de este martes le informara de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada por todas las asociaciones menos las progresistas. El objetivo era “conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden”. Según Justicia, esta comunicación “es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos”, ya que el ministerio es el organismo pagador“, afirman fuentes gubernamentales.

La Comisión Permanente del CGPJ se reunió el lunes y acordó mantener el criterio adoptado en el pleno el pasado jueves, que determinó que el ejercicio de este derecho por parte de los jueces carece de “soporte” legal y dio por no “anunciada” la convocatoria. El CGPJ, por tanto, no está recabando datos de participación y se ha limitado a reclamar a los tribunales autonómicos que den cuenta de las incidencias que estimen oportunas. Sin esos datos, el Ministerio de Justicia no podrá descontar los salarios a los huelguistas. En una rueda de prensa, los portavoces de las asociaciones convocantes han defendido que se les debería detraer ese dinero. “Es lo que exigimos desde el año 2009”, ha dicho María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

El CGPJ se aparta así del criterio seguido en la última huelga de jueces y fiscales, que tuvo lugar en 2018, cuando era ministra Dolores Delgado (PSOE). El órgano puso en conocimiento del Ministerio los datos de quienes participaron en la huelga, extraídos de los que estos habían remitido a los órganos de gobierno. Entonces, Justicia descontó por primera vez el salario a quienes secundaron la protesta, pero la Audiencia Nacional falló que el Ministerio no era “competente” para hacerlo y obligó a devolver esas cantidades. El departamento que dirige Félix Bolaños pretendía ahora descontar esos salarios con el argumento de que es imprescindible “para asegurar el buen uso de los fondos públicos”.

La negativa del CGPJ a recabar datos provoca también que los únicos datos de seguimiento existentes son los de las asociaciones convocantes, que han afirmado que han secundado el paro el 75% de los jueces y fiscales que están en activo este martes (eliminando jueces sustitutos, bajas, enfermedades, licencias o servicios especiales). La presidenta de la APM, María Jesús del Barco, ha explicado que el dato ofrecido se basa en el número de ‘emails’ que han recibido en la cuenta de correo electrónico habilitada por el comité de huelga de parte de los jueces y fiscales que han decidido comunicarlo. Se trataba de una comunicación personal y voluntaria.

Normalidad en los juzgados

A pesar de la elevada cifra de seguimiento facilitada por los convocantes, juzgados y tribunales han afrontado esta primera jornada de huelga con aparente normalidad. En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se han practicado diligencias, declaraciones y juicios previstos en la agenda. Los tres juicios previstos para este martes en el tribunal especial se han celebrado sin ninguna incidencia.

En los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid la incertidumbre ha marcado esta primera jornada. Ni abogados ni funcionarios han recibido comunicaciones oficiales sobre el funcionamiento de los distintos juzgados: “Estaremos así todo el día, con declaraciones cada 20 minutos sin saber si se podrán celebrar o no”, comentan dos trabajadores sentados en el vestíbulo de la segunda planta, “uno me acaba de avisar por WhatsApp, no viene”, comentan. Desde allí, explican, van recabando información y transmitiéndola a quienes pasan por la zona.

Pese a la huelga, muchos juzgados han mantenido su actividad con normalidad, y los servicios mínimos —como los relacionados con detenidos, presos, menores o los juzgados de guardia— están garantizados. Según el seguimiento que se está haciendo desde la oficina del Colegio de Abogados, sólo tienen constancia de ocho de los 54 jueces que se hayan sumado hoy a la huelga, aunque algunos abogados sospechan que habría magistrados que la estén haciendo de manera encubierta.

Curiosamente, la movilización de jueces y fiscales no ha sido lo que más ha alterado la imagen habitual del edificio de Plaza Castilla. Por todas las plantas cuelgan carteles que anuncian la cacerolada convocada a las 11 de la mañana por CCOO en protesta contra la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que afecta al conjunto de los funcionarios judiciales. “Somos los obreros de los juzgados”, gritaban algo más de una decena de asistentes. “Nosotros somos 45.000 trabajadores y trabajadoras que somos los que hacemos posible, por supuesto con los jueces, los letrados y los fiscales, que esta administración de justicia que funcione y sin embargo, estamos ninguneados”, denuncia la portavoz de CCOO en los juzgados de Plaza Castilla.

Mientras tanto, sólo un cartel en todo el inmueble —en la puerta de la sala de vistas del juzgado de instrucción número 37— avisa: “este juez/a está en huelga porque quiere una Justicia profesional, independiente e imparcial al servicio de la ciudadanía”. Pasadas las 9:30 de la mañana, un abogado y su cliente acaban de saber que su declaración ha sido suspendida. El letrado cuenta que ayer, adelantándose a lo que pudiese pasar hoy, preguntó si se podría llevar a cabo dicha declaración. Nadie pudo confirmarlo, por lo que su cliente, un hombre de ochenta años con movilidad reducida, ha tenido que desplazarse esta mañana hasta el juzgado para que, finalmente, su declaración sea retrasada al mes de octubre.

No se trata del único letrado que se ha intentado adelantar a lo que pudiese ocurrir en los próximos días. No obstante, la única recomendación que reciben por parte de los funcionarios es presentarse en los juzgados con normalidad y esperar allí a ser notificados. Desde la delegación de UGT, lamentan que “todo aquello que se suspenda hoy, quedará en las mesas de los funcionarios para nuevos señalamientos en unas agendas ya de por sí muy apretadas, entorpeciendo un poco más el servicio público de justicia”

Resignación entre los abogados

En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, uno de los pocos signos visibles de la huelga ha sido el cartel que el juzgado de instrucción 25 ha colgado en la puerta de una sala de vistas. En él se anunciaba que los juicios de delitos leves quedaban suspendidos.

Los abogados que no habían sido avisados previamente por el juzgado se lo tomaban con resignación, toda vez que la suspensión de un juicio no es algo ni mucho menos infrecuente en su día a día. “Que te suspendan un juicio o una declaración suele ocurrir casi todas las semanas, con o sin huelga”, comentaba un abogado en los pasillos del edificio judicial barcelonés.

Cartel en la puerta de un juzgado.

Menos resignada estaba otra letrada, que ha preferido mantener el anonimato tras ver cómo una videoconferencia con un juzgado de instrucción de Madrid en huelga se suspendía. “Entiendo y defiendo el derecho a huelga, pero no costaría nada avisar antes a los profesionales. El efecto de la huelga sería el mismo, pero ahora le tengo que explicar al cliente que la declaración se pasa a octubre porque ayer del juzgado no me quisieron decir nada”, lamentaba la abogada.

En la mayoría del resto de juzgados de instrucción de Barcelona el ambiente era de normalidad: abogados y testigos esperaban a entrar en las declaraciones en los pasillos y los procuradores fotocopiaban las causas como en un día normal. A falta de datos oficiales, la incidencia de la huelga ha variado mucho en función del juzgado: según fuentes jurídicas, los tres juzgados sociales de Girona sí han suspendido las vistas.