Cuatro representantes de empresas administradas por el abogado ultracatólico Javier Cremades, fundador del bufete Cremades & Calvo, cliente de las grandes eléctricas y a su vez secretario general de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, han copado este lunes la junta de accionistas de Redeia, dueña de Red Eléctrica, para pedir la dimisión de su presidenta no ejecutiva, la exministra socialista Beatriz Corredor, por la gestión de Red Eléctrica (REE) en el histórico apagón del pasado 28 de abril.

El apagón ha monopolizado las preguntas de los accionistas en una junta celebrada de forma exclusivamente telemática por primera vez desde la pandemia. En la asamblea más larga de los últimos años, tres horas de duración, la compañía ha tenido que adaptar sus sistemas para someter a votación un punto no comprendido en el orden del día para forzar el cese de Corredor, que ha sido rechazado por no alcanzar el número de votos necesarios. En concreto, se ha rechazado “con el 98% de los votos”, explican fuentes de Redeia.

Antes de las votaciones, cuatro representantes de empresas administradas por Cremades, miembro del Opus Dei que se encargó del polémico informe sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica en España, han acusado a Corredor de desinformar al mercado con “informaciones contradictorias” antes y después del apagón, negando riesgos pese a la “preocupación” por las “reiteradas ocasiones” en que, han afirmado, la empresa avisó de la necesidad de adaptar la red a la evolución del mercado eléctrico.

También han preguntado si los incumplimientos de los generadores que ha aducido Redeia como causa del apagón son “frecuentes” y “cómo es posible” que tuvieran un efecto mayor que la DANA de Valencia. Han subrayado que Aemec “no había hecho nunca” una petición de dimisión de este tipo. El bufete de Cremades ha trabajado por ejemplo para Iberdrola en una demanda por competencia desleal de ACS.

Corredor, que ha subrayado que las empresas vinculadas a Cremades han comprado acciones en las últimas semanas de cara a la junta, ha cortado la intervención de otro accionista que ha tachado a los consejeros de Redeia de “cobardes” y a Corredor, de “títere en manos del Gobierno”. La ex ministra ha finalizado la junta subrayando que la empresa “cumplió con su deber, antes, durante y después del apagón”.

Previamente, y durante su largo discurso a los accionistas, Corredor ha insistido “rotundamente” en que “no habríamos tenido apagón” si las eléctricas hubieran cumplido con sus obligaciones. Ha asegurado que las centrales de generación disponibles ese día “no resultaron confiables”. Ha negado un error de REE al programar la potencia de reserva del mercado conocido como restricciones técnicas, que “deben ser modificadas lo mínimo indispensable” respecto al mercado diario “que gestiona Omie”, el operador en el que participaneléctricas y bancos.

Hubo un “incumplimiento por parte de la generación de sus obligaciones en el control de tensión”. “La red de transporte no falló”. “No fue el problema, sino parte de la solución”, ha abundado el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino.

La empresa, según Corredor, “tomó las decisiones adecuadas y siempre considerando que los operadores cumplirían” la programación de los grupos convencionales. Ha defendido que se asignaron “recursos suficientes al sistema” pero “a la hora de la verdad” los grupos de generación que debían prestar ese servicio (y cobrar por ello) no cumplieron sus obligaciones.

También ha defendido que “no fue un problema de inercia” y los grupos acoplados por restricciones técnicas “fueron suficientes”; y que siguió los protocolos para amortiguar los “muy peligrosos” fenómenos oscilatorios que comenzaron en la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa de Iberdrola en Badajoz media hora antes del apagón.

En su discurso a los accionistas, Corredor ha lamentado las “acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves” contra una empresa “que blinda un servicio público esencial desde hace cuarenta años”. Ha cargado contra el uso “malintencionado” en medios de comunicación de informes de la compañía sobre advertencias de los riesgos que entraña la creciente penetración de renovables.

Y ha dicho que “carece de fundamento” hablar de “posible conflicto de interés” entre las funciones del transportista (dueño de la red de alta tensión) y el operador del sistema que aglutina Redeia. Ha subrayado que ese es el modelo en 22 de los 27 países de la UE, que lo han adoptado “en algunos casos, precisamente, tras sufrir apagones”, caso de Italia en 2003. Ha defendido la “incontestable ventaja” que, según ha explicado, mostró este modelo en la rápida reposición del servicio tras el cero total.

Corredor ha lamentado las “dificultades” para recabar información de los agentes para su informe sobre el apagón, cuyas conclusiones se basan “en datos de fiabilidad máxima”. “Nosotros no especulamos. Nosotros analizamos y comprobamos”. Se ha felicitado de que “buena parte” de las recomendaciones y medidas de Red Eléctrica han “vertebrado” el Real Decreto-Ley recién aprobado por el Gobierno con las lecciones aprendidas del apagón.

Y ha cargado contra quienes “ponen en duda la agenda verde” para tratar de frenar el cambio climático. Ha destacado que la penetración de renovables en el mix eléctrica “sigue su evolución positiva” en 2025 tras el récord del 57% registrado en 2025.

Hasta junio de este año, las fuentes limpias han cubierto el 59% de la producción eléctrica y en mayo su cuota fue del 61,5% pese a la “operación forzada”, con más gas, con la que está operando el sistema desde el apagón para tener un colchón extra de seguridad. Corredor ha confiado en que “muy próximamente” el Ministerio para la Transición Ecológica someta a consulta pública la nueva planificación de las redes hasta 2030, que se va a traducir en nuevas inversiones récord de Redeia, como ha señalado García Merino.

La junta ha aprobado los nombramientos como nuevos miembros del consejo de administración a Arancha González Laya, ex ministra de Exteriores del primer gobierno de Pedro Sánchez, en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y, como independientes, de la catedrática Natalia Fabra, hija del expresidente de REE y ex consejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Jorge Fabra, y de Albert Castellanos, vinculado a ERC.