Vamos a dejar a un lado el feo gesto de haber utilizado en su protesta laboral la toga, símbolo del poder conferido por el Estado para administrar justicia. Vamos a obviar también la evidencia de que, la manifestación convocada en Madrid este 28 de junio, acabó pareciendo más la séptima movilización del Partido Popular contra Pedro Sánchez, que un acto de defensa de sus derechos por parte de un colectivo profesional que, casualmente, también encarna una autoridad; con los derechos y obligaciones que conlleva.

Centrémonos en los motivos de su protesta y su dramática alarma alertando del fin de la separación de poderes. El primer gran argumento señala como amenaza la incorporación de un caso práctico en las pruebas de las oposiciones. Algunos de mis alumnos han expresado objeciones más razonadas a los formatos de sus exámenes que los invocados por sus señorías. Alegar que la introducción del caso práctico aumenta el margen de discrecionalidad de los evaluadores tendría relevancia si los examinadores fueran militantes del partido en el poder; pero serán señores y señoras magistrados.

No menor se antoja la cuestión de si ha de ser el examinado quien decida las pruebas a las cuales ha de someterse para demostrar su aptitud. No deja de resultar llamativa tanta preocupación por la introducción de un caso práctico por parte de un colectivo donde tantos llevan décadas facturando generosamente por clases preparatorias de discutible encaje legal y fiscal.

Otro argumento se refiere a cómo el cambio del sistema de instrucción a favor de la fiscalía acabará con la independencia del poder judicial, dada la dependencia entra la fiscalía y el ministerio de justicia. Un hecho que resultaría ciertamente preocupante si la instrucción no fuera a estar controlada en todo momento por algún juez.

Lo que resulta anormal es un sistema como el nuestro, donde el juez también es el instructor y sus decisiones solo se ven revisadas por sus pares, no por otro cuerpo independiente de la administración de Justicia. Cada vez que un fiscal demasiado sumiso con el poder se resista a instruir una investigación, o la cierre indebidamente, allí habrá un juez, listo para ponerlo en su sitio.

Lo que nos deja con un tercer y último argumento para la protesta. Atañe a la incorporación a la carrera de personas provenientes de eso que se ha dado en llamar la “justicia interina”. Estaríamos pues, ante un conflicto puramente laboral, donde se debaten la razones y méritos para acceder y progresar en un colectivo profesional; nada que ver con la independencia de la justicia o del poder judicial. Tiene que ver con quién controla y cómo el acceso a la carrera judicial. Atañe al poder corporativo, no a la independencia de la Justicia. Resulta inquietante comprobar que sus señorías consideren a sus interinos perfectamente capaces de hacer su trabajo, pero no convenientemente legitimados para disfrutar de sus derechos.

He oído tantas veces a lo largo de estos años que el teatro español estaba en crisis y que la enésima decisión del gobierno de turno suponía la estocada final para la independencia de los jueces, que ya he perdido la cuenta y tiendo a tomarlo con calma. Si algo goza de buena salud en esta España asolada por la crisis y la desconfianza hacia el sistema es la independencia de sus señorías. Pueden estar más que tranquilos.

Para muestra, un botón. El juez Peinado pretende empapelar a Begoña Gómez y a Félix Bolaños por malversación y tráfico de influencias apoyándose en un correo electrónico, donde una asesora expresa su deseo de la continuidad de un patrocinio de una cátedra que le reportaba unos cinco mil euros al año, y una contradicción entre testigos fabricada sobre la confusión entre nombrar y controlar. El juez Hurtado no aprecia indicio alguno de malversación o tráfico de influencias en el hecho probado de que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, personal eventual seleccionado con idénticos criterios y proceso que la asesora de Begoña Gómez, dedicara y haya consumido una sustanciosa cantidad de recursos públicos a facilitar la defensa mediática de los intereses privados del novio de la presidenta, defraudador confeso y comisionista por dos millones de euros. ¿No querían independencia judicial? Ahí la tienen, personalizada.