La erupción volcánica desatada por los documentos que vinculan al hasta hace días número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con la trama corrupta en la que los investigadores atribuyen un papel también clave al exministro de Transportes José Luis Ábalos ha provocado un eclipse total. La crisis en que ha sumido al Gobierno el crecimiento exponencial de lo que hace un año se conocía como caso Koldo deja así en la cuneta la revelación de episodios ocultos que en otras circunstancias habrían impactado. Por ejemplo, el que figura en el decreto donde la Fiscalía corrobora la existencia de “indicios de criminalidad urbanística” en las casi dos décadas de historia de un chalé aislado que, situado en una parcela de La Adrada (2.837 habitantes, Ávila), se levantó vulnerando la normativa y ha permanecido incólume sin que nadie sepa la fecha exacta en que terminó de construirse. Ese chalé pertenece a Juan Carlos Peinado. Es decir, al juez que investiga penalmente a la mujer del presidente Pedro Sánchez en una controvertida instrucción, que incluso ha obligado al magistrado a corregirse a sí mismo, y a la que ahora ha sumado una petición al Supremo para que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En su decreto de archivo de diligencias, la Fiscalía considera que los delitos urbanísticos de La Adrada están “prescritos”. ¿El argumento? Que no consta que los gobiernos municipales de los últimos 12 años –el actual está en manos del PP aunque también el PSOE ha ostentado la Alcaldía en legislaturas previas– tuvieran “conocimiento de las irregularidades” confirmadas en relación al chalé.

Pero con o sin eclipse político resulta incontestable que, tanto en la biografía institucional como personal del titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, 2024 quedará como un año bendecido. No solo su figura avanzó hasta la primera línea del escenario de la judicatura al iniciar el 16 de abril de ese año el caso Begoña tras una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias por tráfico de influencias sino que fue dos meses más tarde, el 12 de junio, cuando el Ayuntamiento de La Adrada dio un paso decisivo para iniciar la regularización del chalé de Peinado.

Ese día –y así lo expone la Fiscalía en su decreto de archivo– la junta de gobierno que preside la alcaldesa del PP Pilar Martínez Saguar concedió “por unanimidad” permiso para que el chalé se conecte a la red de evacuación de aguas fecales. Quedar fuera de esa red representa un peligro urbanístico real. Y ese factor es el de mayor enjundia entre los que desde la concesión de una licencia de obras datada en 2004 impidieron la regularización del inmueble de uno de los jueces más conocidos de España. Peinado consta como propietario de la parcela desde 2007. La obtuvo, señalan documentos oficiales, por donación.

Silencio municipal

¿Se ha conectado ya el chalé del juez Peinado a la red de evacuación de aguas residuales? ¿Se le ha otorgado licencia de primera ocupación, condición sine qua non para que pueda residir alguien en la vivienda de forma lícita y bañarse en una piscina no se sabe si ya en funcionamiento y cuya licencia de construcción se denegó en 2022 para finalmente dársela el equipo de la alcaldesa Martínez Saguar en marzo de este año? ¿Se ha realizado la inspección requerida en junio de 2024 por un particular al trascender que el magistrado tenía en La Adrada un chalet que, a tenor de lo ya entonces conocido, incumplía las normas vigentes para el común de los mortales? Las preguntas siguen sin respuesta. Y el denunciante particular que ante el silencio municipal acudió a la Fiscalía, el “activista anticorrupción” –la definición es suya– Fernando Jabonero, ha escrito de nuevo al ministerio público por si así logra que haga lo que sigue: “Investigar la inacción del Ayuntamiento de La Adrada, que es delito de prevaricación dado que tendría que haber tomado medidas en seis meses desde que le hice el requerimiento para restaurar la legalidad”.

Como aparece tres párrafos más arriba, la Fiscalía relata en uno de los párrafos confusos de su decreto de archivo que los alcaldes que han ido gobernando La Adrada en los últimos tiempos no tenían por qué saber nada: “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente por concesión de una licencia, con informe favorable de la arquitecto municipal y la posterior inactividad municipal tras los escritos del promotor de los años 2006 y 2013 [Juan Carlos Peinado] serían conductas con indicios de criminalidad urbanística pero serían delitos prescritos”.

Por qué cierra el círculo en 2013, cuando en julio el juez pidió una prórroga de la licencia de 2004 “para finalizar las obras sin que conste contestación por el Ayuntamiento”, es uno de los interrogantes del caso. No obstante, el decreto de archivo deja abierta para Jabonero la puerta para “ejercitar las acciones que estime oportunas”. Por ejemplo, una denuncia ante los juzgados. Pero Jabonero dice que no se cuenta entre quienes pueden pagar de su bolsillo abogados, procuradores, todos los trámites que acompañan a un procedimiento penal y cuyo coste verdadero apenas trasciende sea quien sea la persona o la organización denunciante.

El miércoles 18 de junio, y tras una escueta conversación telefónica, se remitió al correo institucional de la alcaldesa de La Adrada un cuestionario. El viernes siguiente, la regidora aseguró también por teléfono que no lo había recibido y que la dirección de destino del email no era la correcta. Una vez reenviadas las preguntas al mismo email –que sí era el correcto– y también a través de WhatsApp, la alcaldesa se escabulló de nuevo en un tercer contacto telefónico: tiene “bastantes cosas que hacer” antes que responder sobre la vivienda del juez.

858 metros construidos y un valor catastral de 323.000 euros

En otras palabras y volviendo atrás, el equipo de Martínez cruzó en junio de 2024 el Rubicón administrativo que hasta ese momento había operado como la barrera que impedía legalizar oficialmente el chalé. De 858 metros cuadrados, alzado sobre una parcela de 2.990 metros cuadrados y con un valor catastral que se cifra y así lo ha verificado este diario en 323.000 euros –el de mercado es un misterio–, el inmueble ha sobrevivido durante dos décadas tras una licencia de obra otorgada en 2004 pero supeditada al cumplimiento de determinados requisitos que nunca se aplicaron. Al menos, así se lee en el decreto de la Fiscalía de Ávila. Aquella licencia de 2004 –expone el ministerio público– “no parece ser acorde a la legalidad urbanística”.

Instalada de este modo en una especie de limbo administrativo, la villa de Peinado –conceptuada como “almacén” en el Catastro hasta el pasado día 6 de junio– se mantuvo durante casi dos décadas en un municipio que en 2004, el año de la licencia fallida, apenas sobrepasaba los 2.000 habitantes.

Los requisitos básicos para que aquel casoplón se atuviese a la legalidad y se hubiese erigido atendiendo a la ley eran dos: el ya citado de que pudiera conectarse a la red de aguas fecales; y que la construcción del inmueble se viese acompañada de un plan de desarrollo donde se incluyera la cesión de zonas verdes y la realización de viales. Lo que aprobó el 12 de junio de 2024 el gobierno que preside la alcaldesa Pilar Martínez (PP) fue la autorización para conectar la vivienda a la red de aguas residuales. De la cesión de suelo, ni se sabe ni ya nada se espera dada la imposibilidad de ceder áreas que a día de hoy rodean tanto la casa como una piscina cuya licencia solicitó Peinado en 2022. Esa licencia para la piscina la denegó el entonces alcalde, Roberto Aparicio –del PSOE todavía en aquel momento y hoy líder local de la formación abulense Nuestra Tierra–, y la ha aprobado ahora el equipo de Pilar Martínez. Aparicio fue expulsado del PSOE en junio de 2022 por negarse a votar el cambio de portavoz del grupo en la Diputación de Ávila.

Según el INE, La Adrada tenía exactamente 2.837 habitantes en 2024. ¿Se sabía que el chalet pertenece al juez Juan Carlos Peinado? “Claro. Aquí nos conocemos todos”, responde el exalcalde del PSOE y hoy edil Juan José Tomás, cuyo equipo otorgó en 2004 una licencia “provisional sujeta a condiciones” para edificar en lo que entonces era una parcela urbanizable pero no urbana. Tomás y su predecesor –“del PP”, precisa el hoy edil de oposición– fueron inhabilitados durante nueve años en 2005 por prevaricación administrativa tras recortar las retribuciones de una secretaria municipal. Ahora, Juan José Tomás preside la Mancomunidad del Alto Tiétar, integrada por tres municipios con alcaldes del PP al frente.

Una “amistad de toda la vida” con el tesorero del PP de la etapa de Casado

Desde luego, y a la vista de sus declaraciones, Roberto Aparicio y Juan José Tomás no se aprecian lo más mínimo. Pero ambos coinciden, por separado, en que Peinado, padre de una concejal del PP en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, “mantiene una amistad de toda la vida” –el entrecomillado es de Tomás– con Sebastián González, natural de La Adrada y a quien Pablo Casado designó como tesorero nacional del PP en 2018 y que ejerció hasta 2022. “Son amigos, sí”, responde Aparicio cuando, sin revelarle que la fuente original es su antiguo compañero de partido, se le comenta que alguien ha hablado de la relación personal entre Peinado y González.

Durante la elaboración de este reportaje y a través de los portavoces de comunicación del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) se pidió al juez Peinado que ofreciera su visión sobre todo lo sucedido con el chalé. El juez declinó acceder a la solicitud. Días más tarde, se le comunicó por la misma vía que dos concejales de oposición habían destacado su amistad con quien hasta el ascenso de Alberto Núñez Feijóo ocupó el puesto de tesorero del PP. El magistrado también rehusó confirmar o desmentir el dato.

El punto sobre la -supuesta- amistad con Sebastián González es el único de este laberinto en que los dos exalcaldes del PSOE muestran acuerdo. Porque, según Aparicio, “Tomás, que actúa como portavoz del PP en los plenos, fue quien dio esa licencia [la de 2004] y el PP no hizo luego nada por corregir esa situación.” La versión de Tomás, claro, es opuesta: “La licencia se dio supeditada a que se hiciera un plan de desarrollo, pero nadie ha hecho nada en 20 años. En 2019 era alcalde Roberto Aparicio y hubo dejación total”.

Un año después de que Aparicio denegase la licencia para la piscina en 2022, el PP ganó las elecciones. Con Aparicio se habían aprobado en 2016 las nuevas Normas Urbanísticas que ahora sustentan el plan del PP para regularizar el chalé de Peinado aunque –remarca el exalcalde– no se haya realizado la obligada inspección de la vivienda y su interior. Esas normas pasan de calificar la parcela como “urbanizable” a declararla suelo “urbano”. Pero aun así, la parcela seguía sin adquirir la condición de “solar”, imprescindible para construir en ese espacio. “La parcela –detalla la Fiscalía en su decreto– no tenía la condición de solar al carecer de enganche a la red municipal de saneamiento” como exige el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL).

“Aunque se aprobaron en mi mandato –aduce el exalcalde Aparicio en defensa de su actuación sobre las nuevas Normas Urbanísticas que impulsaban de forma todavía insuficiente pero necesaria la legalización del chalé– yo no voté a favor de las nuevas normas urbanísticas, redactadas antes de que en 2015 llegara a la alcaldía. Si bien es cierto que forzar su paralización era imposible sin mayoría en el pleno. Esa paralización además habría forzado empezar otra vez desde el comienzo y causar un daño mayor al pueblo, por el cumplimiento de las normas superiores de Castilla y León.” Averiguar a través del principal responsable municipal el porqué de ese cambio de redacción en las normas urbanísticas durante los mandatos de 2007-2015 no es posible: quien fue alcalde del PP en esos ocho años, Luis Pedraza, ya ha fallecido.

Años antes de que Aparicio desembarcase en la presidencia de la Corporación Local de La Adrada, el chalé ya le había complicado la vida a Hilario Gabriel Ruda, otro antiguo pero efímero regidor socialista que sucedió a finales de 2005 a Juan José Tomás. Ruda tomó posesión como alcalde después de que Tomás intentara, sin éxito, evitar su ascenso con la rocambolesca estrategia de presentar una moción de censura contra sí mismo para colocar en el puesto a una concejal de su cuerda y antes de verse obligado a dimitir por la condena judicial por prevaricación. Ruda, que solo duró un año al frente del consistorio antes de que el PP ganara las elecciones de 2007, ordenó en 2006 la demolición de las obras ya realizadas, y así lo atestigua el decreto de la Fiscalía. Pero su orden quedó en papel mojado. Ruda lo narra así: “Cuando Peinado supo que había una orden de paralización firmada por el arquitecto y que no podía hacer la casa porque las Normas Urbanísticas de La Adrada no lo permitían si no había ni plan parcial ni proyecto de actuación, me dijo: ”Con lo que he hecho por el pueblo y ahora esto“. ¿Y qué había hecho Peinado por La Adrada? El exalcalde responde de inmediato: ”Y yo qué sé, si casi ni le conocía. Tengo 90 años y no estoy para muchos trotes“.

Mucho más joven, Aparicio sigue en la brecha: la de la oposición. Y peleón: contra el PP y contra su antiguo compañero de partido Juan José Tomás. “No sabemos –remacha– qué movió a Juan José a conceder esa licencia [la de 2004] a sabiendas de que incumplía la legalidad. Lo cierto es que hoy Peinado tiene muy sencilla la legalización y quienes tienen y han tenido más responsabilidad en el incumplimiento de la ley son el señor Tomás con la concesión de licencia y los señores del PP que encontraron ese expediente activo y no hicieron nada para arreglar la situación”.