En marzo de 2016, la Unión Europea firmó con Turquía uno de los acuerdos migratorios más ambiciosos y polémicos de su historia reciente. El objetivo: cortar el flujo de personas que cruzaban el mar Egeo y reducir las muertes en sus aguas. Casi una década después, una investigación titulada El impacto del acuerdo UE-Turquía en el número de vidas perdidas en el mar, realizada por Irene Tafani y Massimo Riccaboni del IMT School for Advanced Studies de Lucca (Italia), asegura que ese objetivo se cumplió a medias. Mientras descendían las llegadas de migrantes por la ruta oriental, aumentaban las muertes de los que trataban de cruzar el mar Mediterráneo desde el norte de África.

El trabajo estima que el acuerdo provocó el desvío de unos 2.090 migrantes hacia Libia y la conocida como ruta central del Mediterráneo entre abril y diciembre de 2016. En la zona del Egeo, las llegadas de enero a agosto pasaron de más de 67.000 en 2016 a 3.400 después de la firma del pacto, mientras que Italia mantenía un flujo constante de alrededor de 115.000 llegadas hasta agosto de 2016. Ese “efecto desvío” habría contribuido a al menos 45 muertes adicionales en el mar durante ese periodo de tiempo, aunque podrían ser más. “El número es, sin duda, una subestimación. No se contabilizan las muertes por tierra, por ejemplo, en los centros de detención en Libia”, advierte Irene Tafani en una entrevista con elDiario.es.

A diferencia de estudios anteriores, esta investigación emplea un modelo de aprendizaje automático para estimar qué habría ocurrido sin el acuerdo. Al analizar los datos mes a mes entre 2014 y 2019, y por nacionalidad, los autores pudieron detectar un desvío significativo de migrantes desde Grecia hacia Libia tras la entrada en vigor del pacto. Esta redistribución del flujo migratorio elevó el riesgo de muerte, no solo porque la ruta central es más letal –con tasas de mortalidad hasta 90 veces superiores a la ruta oriental–, sino porque implica un periodo de viaje más largo, más dependencia de traficantes y una exposición más prolongada a la violencia y la explotación. Así, el acuerdo no redujo el número total de muertes, sino que las trasladó geográficamente.

El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía entró en vigor el 20 de marzo de 2016. En virtud del acuerdo, los migrantes de cualquier nacionalidad que llegaran a las islas griegas desde Turquía serían devueltos a este país; pero por cada sirio devuelto a Turquía desde Grecia, la UE se comprometía a reubicar en Europa a otro sirio desde Turquía, lo que se clasificó como “mecanismo uno por uno”, hasta un máximo de 72.000 personas.

Tras la aprobación del pacto político, muchas organizaciones denunciaron que violaba el derecho internacional, ya que Turquía no era considerada un “tercer país seguro” para los refugiados, al mismo tiempo que los centros de recepción en las islas griegas, como Lesbos, se convirtieron en campos superpoblados en los que los migrantes estaban en condiciones precarias.

La investigación de Tafani y Riccaboni no ocurre en un vacío: forma parte de un escenario mortal y creciente. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), entre 2014 y 2019 más de 25.000 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo, mayoritariamente en la ruta central entre Libia e Italia.

En 2016, el peor año de la década y en el que se aprobó el pacto UE-Turquía, alrededor de 5.000 personas murieron en el mar, según ACNUR. De esa forma, el Mediterráneo central se convirtió en la ruta más letal donde las probabilidades de morir eran diez veces mayores que en la ruta de Turquía o Grecia. Las tasas de mortalidad en la ruta central rondaban el 4,5% en 2019, frente al 0,05% en la ruta oriental y el 1,7% en la occidental.

Solo en 2024, más de 2.200 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo. De ellas, cerca de 1.700, en la ruta central, que carece de apoyo institucional, con embarcaciones precarias y controlada por redes criminales.

Redistribución de las rutas, riesgo y muertes en el Mediterráneo

El estudio incide en que la externalización de fronteras no solo redistribuye los flujos migratorios, sino también el riesgo y la muerte al empujar a las personas a optar por vías más peligrosas. Para comprobar los factores que influyen en esos desplazamientos, los autores incorporaron al modelo datos económicos y políticos del país de origen de los migrantes, como el PIB per cápita –indicador habitual de desarrollo y pobreza– y el Índice de Fragilidad del Estado, que mide el nivel de debilidad institucional, servicios públicos o conflicto. Ambos son utilizados con frecuencia en estudios migratorios para explicar por qué las personas deciden abandonar sus países.

Sin embargo, en este análisis, ni el PIB ni el Índice de Fragilidad resultaron estadísticamente significativos. “Probablemente, eso se deba a que son datos anuales y el análisis que hacemos sobre las travesías o muertes en el mar es mensual”, explica Tafani, coautora del estudio. Es decir, los indicadores estructurales no reflejan con precisión los factores dinámicos e inmediatos que influyen en la elección de una ruta migratoria frente a otra o en el riesgo al que se exponen las personas en el mar.

Para los investigadores, esto refuerza la idea de que no basta con entender por qué las personas migran –condiciones estructurales de pobreza, conflicto o represión–, sino que es necesario analizar cómo y por dónde lo hacen y cómo las políticas migratorias de los países receptores alteran esas decisiones y aumentan la vulnerabilidad de los migrantes.

“Occidente usa las cifras para deshumanizar”

El trabajo también plantea y expone una crítica a la forma en la que las instituciones europeas tratan a las personas migrantes. “Sí, la Unión Europea habla de migrantes como números, igual que hacemos nosotros en el estudio. Pero usamos las cifras para devolver humanidad. Occidente, en cambio, las usa para deshumanizar”, añade la investigadora. Así, mientras el discurso político habla de “eficacia” o “disuasión”, los números de la investigación exponen que no hubo una reducción de la migración global, sino un cambio de ruta, con mayores costes humanos.

Más allá de las cifras, el estudio ofrece una lección para el presente. Desde 2022, la Unión Europea ha replicado acuerdos similares al de Turquía con países como Túnez, Egipto o Libia. Todos ellos siguen un patrón similar: externalización de fronteras a cambio de financiación y cooperación económica.

El análisis de Tafani y Riccaboni advierte de que esta lógica no soluciona el problema de fondo, solo lo desplaza geográficamente. “El principal mensaje para la Comisión Europea es que los acuerdos bilaterales no tienen sentido. Europa gasta miles de millones de euros para reducir la migración, pero solo la mueve de lugar. Deberían sentarse con todos los países del Mediterráneo y buscar soluciones comunes”, insiste la investigadora italiana.

El estudio concluye con un llamamiento a repensar el diseño de las políticas migratorias con base en la evidencia empírica, no en presiones o promesas electorales.