Un equipo de 15 personas dispuesto por la consultora PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios (PwC) se encarga desde el pasado mes de febrero de redactar el Plan de Reconstrucción Económico y Social de la Comunitat Valenciana, incluyendo el diagnóstico, planificación, implementación, seguimiento y evaluación.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, presenta este lunes el documento junto al vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, que adejudicó a la consultora su elaboración por medio de un contrato de emergencia valorado en 2,2 millones de euros (IVA incluido).

Para redactar el proyecto, el personal de la consultora se instaló en las dependendes de la Conselleria ubicada en el paseo de la Alameda 16. Una situación que, sin embargo, podría considerarse irregular a tenor de la investigación que ha puesto en marcha la Inspección de Trabajo como consecuencia de una denuncia por cesión ilegal de trabajadores, esto es, estar contratado para una empresa determinada, que es la que paga, y sin embargo trabajar para otra diferente, que es la que organiza el trabajo.

En este caso habría que determinar qué tipo de contratos tiene el personal de PwC, puesto que de estar en nómina con la consultora y al mismo tiempo prestar un servicio a la Conselleria en sus dependencias, se podría dar el caso de la presunta cesión irregular que atentaría contra el Estatuto de los Trabajadores.

Según el artículo 43 de la mencionada legislación, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: “Que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funcionas inherentes a su condición de empresario”.

Como informó este diario, la carta de encargo vinculada al contrato que adjudicó el vicepresidente de la Generalitat y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, recoge que “los servicios de definición del Plan de recuperación económico-social estarán liderados por un socio de PwC, una directora de PwC como directora del proyecto y responsable principal”, y el equipo completo de trabajo estará formado por un responsable del contrato y un director del proyecto. El diseño del plan contará con un manager y tres consultores; la implementación y seguimiento del plan contará con un manager y dos consultores; y el plan de comunicación estará dotado de un manager y un consultor.

Según la información recabada por esta redacción, la investigación estaría aún en marcha en fase de análisis por lo que aún no hay resolución en ningún sentido. Fuentes de la Conselleria y de PwC consultadas por elDiario.es no se pronunciaron al respecto.

La portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Isaura Navarro, ha comentado que “en lugar de arreglar los ascensores o que las ayudas urgentes llegaran a los afectados de la DANA se decidió privatizar la gestión en manos del teniente general Gan Pampols de la Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, desviando el dinero a una consultora”.

Navarro ha añadido que “en lugar de tener a empleados públicos haciendo la labor, gestionando información sensible, se ha metido al personal de la consultora dentro de la propia Conselleria, a nuestro entender vulnerando la normativa laboral” y se ha preguntado: “¿Quién garantiza que no filtren a las empresas constructoras información? ¿Cómo se garantiza el interés general en sus decisiones? Toda la reconstrucción en manos de una empresa privada, que no sabemos ni a quién ha puesto allí a trabajar ni con quién se han reunido, dando la espalda a toda la comunidad científica de las universidades valencianas que conocen el territorio. Todas esas preguntas las hemos hecho por escrito sin que la Conselleria se haya dignado a concretarlas en ninguna respuesta. Poner en manos privadas el futuro del territorio afectado por la DANA es un despropósito”.