La decisión del Gobierno de Viktor Orbán de prohibir la celebración del Orgullo LGTBIQ+ de Budapest no responde a una preocupación por la infancia —como trata de hacer creer—, sino a una estrategia política basada en la represión, la estigmatización y el miedo. ¿Qué clase de protección es aquella que censura la diversidad, da voz a la extrema derecha y silencia a quienes defienden los derechos humanos? La verdadera protección a la infancia no pasa por ocultar ni perseguir la visibilidad LGTBIQ+, sino por construir sociedades más inclusivas, informadas y libres de violencia. Justo todo lo contrario a lo que hace Orbán.

Prohibir el Orgullo en nombre de la infancia es lanzar el mensaje de que las personas LGTBIQ+ son, somos, peligrosas, degeneradas o inmorales para el entorno infantil. Es una forma directa de criminalizar a todo un colectivo, de negar nuestro derecho a existir y de reforzar la idea de que la diversidad sexual y de género es una anomalía. En lugar de naturalizar nuestra presencia como parte de la sociedad, se busca marcarla como una desviación. Es la violencia institucional que no solo vulnera derechos y alimenta la discriminación y el odio hacia las personas adultas del colectivo, sino que también niega los derechos de los propios niños, niñas y adolescentes, sean o no LGTBIQ+. Derechos que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y diferentes instrumentos internacionales, además de la Carta europea.

Los derechos LGTBIQ+ no son negociables cuando hablamos de infancia y adolescencia. La Convención, ratificada por Hungría en 1991, establece el derecho de cada niña, niño y adolescente a vivir libre de discriminación (art. 2), a expresar su identidad sin injerencias ilícitas (art. 8), a recibir información adecuada y acceder a materiales que promuevan el bienestar social, cultural y la salud física y mental de (art. 17) y a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental (art. 24). Prohibir el Orgullo contradice estos derechos y desatiende una realidad evidente que muchos niños, niñas y adolescentes forman parte de la comunidad LGTBIQ+ o tienen familiares y amigos y amigos que lo son. Interpretar estos derechos en clave de represión es traicionar su sentido más profundo, es imponer dogmas morales y religiosos para castigar la diferencia y la disidencia.

El interés superior del niño y la niña está estrechamente vinculado con el respeto a su dignidad y su derecho a su bienestar. Derechos absolutamente fundamentales para garantizar, proteger y promover los derechos humanos de la infancia. Su negación implica un obstáculo al ejercicio pleno de otros derechos civiles, políticos y también derechos sociales, económicos y culturales. Si no se permite a las y los niños vivir libremente a lo que son, tampoco podrán construir su subjetividad con libertad. Negar su identidad, su ser, es negar su lugar en el mundo.

Las niñas, niños, niñes y adolescentes LGTBIQ+ son especialmente vulnerables al acoso escolar, al aislamiento, al rechazo en sus entornos más cercanos. Por eso es crucial implementar políticas públicas que los protejan, que prevengan estas violencias y que garanticen espacios seguros donde puedan crecer con autoestima, respeto y apoyo. Esa es la función del Estado: acompañar y cuidar, no infundir desprecio. Garantizar que las infancias —sean o no LGTBIQ+— tengan acceso a información veraz, a referentes positivos, y a servicios adecuados para su desarrollo emocional, social y afectivo es una obligación pública. Eso es proteger. La censura, el silencio, el señalamiento, el odio… son formas de violencia.

Poner a las y los niños como excusa, como hace Orbán y gran parte de la extrema derecha europea, es de cobardes o de ignorantes. Y, además, no es nada nuevo, es parte de una ideología peligrosamente reaccionaria que va contra todos no solo contra las personas LGTBIQ+. Orbán repite la lección de Vladímir Putin, como buen alumno aventajado que es. Fue Putin quien, en 2014, marcó la senda que siguen hoy los gobiernos reaccionarios y los fundamentalismos religiosos —una senda que Vox quiere transitar en España. En su retorcido planteamiento, Putin no dice prohibir las relaciones homosexuales, sino la llamada “propaganda gay hacia los niños”, que presenta como una supuesta medida de protección infantil. Imitadores no le faltan.

Lo que protege a la infancia no es perseguir la diversidad, sino abrazarla. No es negar la existencia de quienes no encajan en la norma religiosa o de ideas tradicionales anacrónicas, sino asegurar que todos y todas puedan vivir con dignidad. Si un Estado impide a sus niños y niñas vivir con libertad su orientación sexual o su identidad de género, no los está protegiendo: los está excluyendo. Por eso, cualquier política pública que se diga comprometida con la infancia debe comprometerse, sin ambigüedades, con combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos que afectan a las personas LGTBIQ+. Porque la represión no construye paz y el odio, por más que se disfrace de moral o de orden, jamás protege.