La súper mayoría del Supremo de EEUU que tiene Donald Trump opera. Y mucho. Este viernes se ha alineado con el presidente de EEUU para limitar la capacidad de los jueces de bloquear la agenda del presidente. Sin embargo, el Tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que los cambios en la ciudadanía por nacimiento sigan bloqueados en todo el país, en función de cómo se desarrollen los recursos de constitucionalidad.

Trump decretó que se negara la ciudadanía a los hijos nacidos en Estados Unidos de personas que se encuentran en el país de forma irregular. Y el Supremo este viernes no ha entrado a estudiar la constitucionalidad de la medida, pero sí a que haya jueces de instancias menores que puedan bloquear órdenes del presidente en todo el país.

La ciudadanía por nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los hijos de madres que se encuentran en el país de forma ilegal. Este derecho quedó consagrado poco después de la Guerra Civil en la Enmienda 14 de la Constitución.

Lo que sí ha hecho Tribunal Supremo es repaldar la solicitud del presidente Trump de reducir las órdenes nacionales que durante meses han bloqueado la prohibición de su Administración de conceder la ciudadanía automática a los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y visitantes extranjeros, una medida clave en la agenda de Trump por restringir la inmigración.

Los tres jueces progresistas del tribunal discreparon de la sentencia, que devuelve los casos a los tribunales inferiores para que determinen las implicaciones prácticas de la decisión de la mayoría.

Los jueces no abordaron directamente la constitucionalidad de la orden del presidente sobre la ciudadanía por nacimiento, que según sus oponentes entra en conflicto con la 14ª Enmienda, sentencias judiciales anteriores y la historia del país.

En cambio, la administración Trump había pedido a los jueces que redujeran las órdenes impuestas por tres jueces de tribunales inferiores que bloquearon la entrada en vigor de su política en todo el país mientras se examina su legalidad en los tribunales.

La esencia del fallo del Supremo es que el Congreso, al crear los tribunales federales inferiores en la Ley Judicial de 1789, no otorgó a los jueces de los tribunales de distrito la facultad de dictar mandamientos judiciales a nivel nacional o universal que prohíban la aplicación de una política gubernamental (presumiblemente ilegal) contra cualquier persona.

Más bien, los jueces de los tribunales de distrito solo pueden conceder medidas cautelares a demandantes específicos.