La jueza que investiga a Alberto González Amador acaba de abrir una nueva fase de la investigación contra él por la comisión de dos millones de euros que se embolsó en pandemia. La magistrada Inmaculada Iglesias ha descartado las explicaciones que ofrecieron el empresario y su presunta cómplice, la farmacéutica Gloria Carrasco, y ha reclamado la intervención en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La jueza razona la intervención de la unidad especializada del instituto armado en la “complejidad” y el “carácter interprovincial” de lo que ya califica como “trama aparentemente delictiva”, requisitos propios del delito de organización criminal. También reclama a la UCO porque necesita de la cualificación de los agentes para indagar en un posible delito de blanqueo de capitales. O como dice textualmente la jueza, para que determinan “si el producto de dichas actividades presuntamente delictivas se ha transformado o se ha disimulado para ocultar su origen ilícito”.

El empresario Alberto González Amador realizó la operación más importante de su carrera al obtener 1.973.000 euros de comisión por una sola intermediación para la venta de mascarillas por parte de una empresa catalana a otra gallega en enero de 2020, tal y como desveló elDiario.es. Como también adelantó este medio, la sociedad gallega, la que pagó 42 millones por el material, se llama Mape y en su consejo de administración se sentaba Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención.

En mayo de 2020, tres meses después del éxito de González Amador, el empresario y comisionista compró una sociedad, sin apenas valor, a Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino, por medio millón de euros. La jueza sospecha que se trató del pago encubierto de una comisión al presidente de Quirón Prevención por facilitar que Mape comprara el material sanitario y González Amador se embolsara los casi dos millones de euros. La Fiscalía habla de posible “soborno” al directivo de la empresa sanitaria que ingresa casi mil millones al año de la Comunidad de Madrid.

Alberto González Amador declaró como investigado en la pieza de su caso que aborda estos hechos el pasado 10 de abril. Después de dos horas ofreciendo explicaciones a la jueza, la pareja de Ayuso dijo a los periodistas que estaba muy satisfecho y que esperaba el rápido archivo de las actuaciones. El 6 de junio comenzaron a torcerse sus previsiones. La jueza citó como imputada a Gloria Carrasco, quien declaró el jueves de la semana pasada.

Ambos coincidieron en trasladar a la jueza que esa pequeña sociedad, Círculo de Belleza SL, que apenas facturaba 30.000 euros al año, no tenía empleados y contaba con un patrimonio de tres aparatos de depilación y un ordenador portátil, sí que valía medio millón de euros por la oportunidad de negocio que suponían sus contactos en una red de farmacias a través de la que ampliar la facturación.

Ocho días después de la declaración de Gloria Carrasco, la previsión de González Amador de un rápido archivo ha quedado totalmente arruinada. La incorporación de la UCO a la investigación supone un salto cualitativo y demuestra que la jueza no creyó a ninguno de los dos investigados.

La acusación popular, de PSOE y Más Madrid, conscientes del impulso que darían las unidades especializadas al caso había solicitado que participaran en el mismo repartiéndose tareas. La Fiscalía se posicionó a favor de que la UCO de la Guardia Civil se convirtiera en la policía judicial del caso, decisión que ha adoptado finalmente la magistrada.

Las características del caso derivan los trabajos al Departamento de Delitos Económicos y contra la Corrupción de la UCO, que lidera el teniente coronel Antonio Balas, el mismo que investiga, entre otros muchos, el caso de presunta corrupción de los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La jueza Iglesias deja entrever cómo ha ido formando su criterio acerca de la trama liderada presuntamente por Alberto González Amador. Por primera vez, la jueza traslada en su auto del viernes que los 500.000 euros pagados por la sociedad de la mujer de Fernando Camino pudieran deberse, no a la comisión por la venta de las mascarillas, sino, o también, por un intercambio consistente en que el presidente de Quirón Prevención realizara más encargos a la actual pareja de Ayuso y este aumentara su facturación.

La primera noticia de la relación sentimental entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador fueron unas fotos de ambos en Ibiza en mayo de 2021. La compra de la empresa y la comisión son del año anterior, pero desde que González Amador comparte su vida con la presidenta madrileña, su facturación a Quirón se ha multiplicado por cuatro.

Un 1.000% más de valor

La jueza también advierte de que el pago de casi 500.000 euros por Círculo de Belleza supuso que sus participaciones crecieran un 1.000% de valor, apenas tres meses después de que se hubieran desprendido de sus acciones tanto Fernando Camino como el hermano de Gloria Carrasco, vendiéndoselas ambos a la farmacéutica.

La pareja de Ayuso transformó Círculo de Belleza SL en Masterman & Whitaker. Y sin dotarla de medios ni empleados le transfirió “ficticiamente” un trabajo asignado por Quirón Prevención a la que era la empresa de cabecera de González Amador, de nombre Maxwell Cremona. La transferencia contó con el acuerdo expreso de Quirón.

En realidad fue la empresa de cabecera de Alberto González Amador la que realizó los trabajos, según sospechó desde un primer momento la inspección de Hacienda. El objetivo sería pagar menos impuestos de los que le correspondían por el encargo de Quirón Prevención.

La acusación popular también había solicitado la imputación de Fernando Camino y la declaración como testigo de otro directivo de Quirón que habría firmado la transferencia del encargo de una empresa a otra de González Amador. Por el momento, la jueza no adopta estas diligencias. A la espera del resultado de los trabajos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.