El concurso para la resignificación de Cuelgamuros sigue su curso, a pesar de la estrategia de frenos constantes que despliegan distintos grupos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha rechazado una decena de recursos presentados contra el pliego casi al mismo tiempo por Abogados Cristianos y una serie de arquitectos, algunos de los cuales eran firmantes del manifiesto franquista lanzado por la Plataforma 2025 para contrarrestar los actos por el 50 aniversario de la muerte del dictador.

El tribunal había decidido la suspensión cautelar del concurso de ideas que el Ministerio de Vivienda para recuperar como un lugar de memoria el mausoleo franquista. De esa manera se paralizaba provisionalmente la resolución del certamen del que saldrá un proyecto definitivo, que ahora vuelve a ponerse en marcha.

El TACRC en realidad no ha decidido sobre el fondo del asunto sino que ha considerado que las objeciones que se presentaron no tienen interés legítimo en el proceso. Una de las resoluciones asegura, por ejemplo, que Abogados Cristianos no es una asociación o colegio sectorial que tenga interés en la licitación. Otras –se han hecho dos individualizadas y otras ocho conjuntas– señalan que el resto de los particulares que interpusieron recurso, aunque acrediten ser arquitectos, no han hecho oferta alguna en el concurso de ideas ni han mostrado intenciones de participar en la licitación.

Preservar la abadía

Los textos presentados ante el TACRC, casi calcados unos con otros, argumentaban sobre todo la necesidad de preservar la abadía o el valle y por eso pedían la anulación de los pliegos cuyos detalles fueron pactados por el Ejecutivo con el Vaticano y el Arzobispado de Madrid. Las condiciones recurridas abarcaban todo el proyecto, que costará unos 31 millones de euros, tanto el concurso, que se prevé que finalice en octubre, como la adjudicación posterior de las obras al proyecto ganador.

En el caso específico del recurso presentado por Abogados Cristianos, el tribunal entiende que “la Asociación recurrente no es una organización sindical ni tampoco empresarial” y por tanto “no representa intereses de las empresas pertenecientes al sector objeto de contrato”. Esto, abunda el escrito, resulta “palmario” al leer los estatutos de la asociación: “la defensa jurídica de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, la defensa jurídica de la familia natural, y la defensa jurídica de la libertad religiosa”. De ninguna forma estos objetos habilitan a “la impugnación de actos integrantes de los procedimientos de contratación pública”, concluyen.

Sobre los otros recursos, sostiene el tribunal que “las cuestiones alegadas resultan ajenas a la aplicación de aquellas normas que rigen la contratación pública”. “Las impugnaciones relativas a la nueva asignación de usos en el interior de la Basílica y las actuaciones previstas en ella, que los propios recurrentes afirman ‘concernientes al derecho internacional y canónico’, no son materia susceptible del objeto del recurso especial en materia de contratación”, defiende el texto conjunto que desestima los recursos de la mayoría de arquitectos.

Contra esta decisión del TACRC cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses.