El día que Merce aprobó su oposición y antes de conocer qué destino le tocaría, se dedicó a mirar en Idealista qué pisos podía permitirse con su futura nómina en cada ciudad. “Aunque me hubiera gustado más, puse Balears y Bilbao como últimas opciones, rezando para que no me tocaran, porque habría tenido que renunciar a la plaza. La vivienda se llevaría el 80% de mi sueldo y el alquiler era de 1.200 o 1.300 euros por cosas que son prácticamente un zulo”, explica esta médica del Instituto Social de la Marina desde Huelva, donde finalmente aterrizó. Sergio, por su parte, trabaja en una gran multinacional en Italia. Quiere volver a España, pero cuando llegan las entrevistas, el ejercicio de comparar las ofertas económicas con el pago de una renta deja un saldo inasumible. “No aspiro a lujos, pero tampoco quiero un retroceso en mi calidad de vida. Ahora vivo solo y no quiero volver a compartir, ni tener que estar a una distancia desorbitada de mi puesto de trabajo o en una casa de 20 metros cuadrados”, expone.

Los casos de Merce, de 27 años, y Sergio, con 33, son dos ejemplos de cómo el precio de la vivienda limita las oportunidades profesionales y condiciona el mercado laboral. “Nadie se va a desplazar 400, 500 o 700 kilómetros si va a tener que trabajar para que la mitad de su salario vaya a pagar un alquiler abusivo”, afirmaba hace unos días el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que en los últimos tiempos ha centrado buena parte de sus intervenciones en reclamar “políticas valientes y multifactoriales para la vivienda” ante el riesgo de que su precio sea “el principal problema para el empleo en los próximos años”.

Los sindicatos están poniendo cada vez más el foco en la crisis residencial que atraviesa el país. En UGT están preparando un libro blanco y estudian qué cláusulas se pueden incorporar en la negociación colectiva. “En Balears no hay médicos ni posibilidad de que los funcionarios del Sepe se trasladen porque los precios son incompatibles con los sueldos; en Almería nos hemos encontrado asentamientos en los invernaderos; y en Zaragoza van a aterrizar 2.000 trabajadores chinos para la gigafactoría de baterías que a ver dónde se meten”, enumera la vicesecretaria general de la organización, Lola Navarro, que reclama la intervención de las administraciones públicas y políticas que permitan “sacar vivienda cerrada, pisos turísticos o buscar fórmulas para que los funcionarios o las personas que se dedican a la agricultura o la hostelería tengan donde vivir”. “No es una cuestión de pedir más dinero, porque el tema es que no hay vivienda”, advierte.

Fran tiene 36 años y es profesor interino de educación física en la Comunidad de Madrid. Ha pasado por tres destinos: Arroyomolinos, Navas del Rey y Griñón. Cómo el margen para elegir es mínimo, él filtra la búsqueda a una habitación con una cama, un armario y un escritorio. “Les llamo y les digo que quiero instalarme esa misma tarde”, cuenta. El rango de precios, entre 400 y 450 euros, “por una habitación, mejor o peor, y viviendo con otra gente”, pero en lo que más se fija de primeras es en que haya oferta. “Tengo un pequeño colchón, porque al principio piensas que te puede costar dinero trabajar, si estás a media o a un tercio de jornada”, explica.

“La casa del maestro”

A finales de mayo, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM) publicó un informe en el que señalaba unas “huida” del profesorado de la región, con un saldo negativo de 631 profesores en el último concurso de traslados. “La gente no se va por un solo motivo, pero hay factores que inciden claramente: las condiciones laborales y, cada vez más, la vivienda”, explica el coportavoz del sindicato y autor del estudio, Sergio López que recuerda las antiguas “casas del maestro”. “Desde lo público debería darse una solución, al menos al personal interino. Llámalo residencias o un parque público para facilitar estos alojamientos temporales a precios razonables”, propone para atajar un comentario que, dice, se escucha cada vez más entre compañeros y compañeras: “A este ritmo, no va a compensar”.

“Una de las principales complicaciones”

Ocurre en el sector público y también en el privado, donde coinciden con los sindicatos en el diagnóstico del problema. El acceso a la vivienda “es una de las principales complicaciones a las que nos enfrentamos para la movilidad geográfica interna en cuestión laboral”, reconoce el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego. En plena temporada alta, el empresario señala que en el sector turístico “no todos los establecimientos están al 100% por esa limitación para encontrar trabajadores en la que, sin duda, la vivienda es un factor que incide”.

Los archipiélagos le han puesto el cascabel al gato, pero el problema se repite en otros puntos de la península. Teresa vive y trabaja como profesora de esquí en el Pirineo aragonés. Aunque ella ha conseguido acceder a una vivienda, las cosas para los compañeros que van a hacer el invierno son cada vez más complicadas. “Por un apartamento de 25 metros cuadrados piden hasta 8.000 euros por temporada (unos cuatro o cinco meses)”, denuncia. Una situación que afecta a los profesionales del turismo, pero también a maestros o trabajadores de cualquier otro sector. “El turista que viene una semana se lo puede permitir, pero el que está trabajando no puede”, afirma la mujer.

Gallego lamenta la falta de planificación y una visión estratégica, “que España no ha tenido durante décadas”. “Hay desarrollos urbanos en zonas turísticas que solo están centrados en el mercado turístico, pero sin contemplar la construcción de viviendas para las personas que van a trabajar en esos equipamientos. Además, una ciudad que crece tendrá más supermercados, farmacias, tiendas… pero si los planes urbanísticos solo contemplan el crecimiento de la actividad, ¿cómo van a vivir las personas que trabajan ahí? ¿Qué parte de la ciudad está diseñada para ellas? ¿Qué promociones públicas están disponibles para los jóvenes en su primer acceso o trabajadores en tránsito?”, plantea.

Este año las principales cadenas hoteleras han habilitado soluciones habitacionales para sus trabajadores de refuerzo, pero las empresas más pequeñas tienen más problemas. “Las empresas de restauración que no tienen ese complemento de alojamiento se ven en la necesidad de contemplar ese ofrecimiento porque, en algunos casos, en zonas de costa, en el mediterráneo y en las islas, en temporada alta la oferta de empleo es estéril”, indica Gallego.

Los sindicatos, por su parte, están expectantes y buscan fórmulas para garantizar el acceso a la vivienda “en condiciones”. “No podemos volver a los barracones o a los sótanos de los hoteles, disponibles 24 horas al día, en condiciones casi de esclavitud”, defiende la vicesecretaria general de UGT.

Pero el freno que suponen los precios de la vivienda va más allá de los trabajos que no se cubren, sino que supone un lastre para la creación de nuevos empleos. Según un análisis del gabinete económico de CCOO, “abaratar el coste de la vivienda en un 30% supondría un impulso en la demanda agregada de 25.000 millones de euros que llevaría aparejada la creación de 410.000 puestos de trabajo en cinco años” y 780.000 en una década. Es decir, si la población paga menos por la hipoteca o el alquiler, podría dedicar esos recursos a otras compras, incentivando la actividad económica productiva y la creación de empleo.

Sin embargo, “el ladrillo es, siempre lo ha sido, la inversión más rentable, lastrando la inversión productiva”, indica el trabajo del sindicato, que señala que, “a cierre de 2024, la rentabilidad bruta anual de la vivienda se situó en un 12,9%”, que “duplica la rentabilidad de la inversión productiva”, del 7,3%.