miércoles, junio 25 2025

El Congreso da el primer paso para castigar penalmente las terapias de conversión sexual

La iniciativa del Partido Socialista se empezará a tramitar en la Cámara Baja gracias a los votos del bloque de la investidura y el PP. Vox vota en contra

Igualdad comienza a investigar la denuncia a siete diócesis por acoger terapias de conversión LGTBI

El Congreso comenzará a tramitar una ley para castigar con penas de prisión a quienes pongan en marcha o apliquen las llamadas terapias de conversión sexual contra personas LGTBIQ+, prácticas que a menudo se dan en entornos religiosos para modificar la orientación sexual o la identidad de una persona. La toma en consideración de la iniciativa, promovida por el Partido Socialista, ha salido adelante con los votos del bloque de la investidura y el PP. Solo Vox ha votado en contra y el diputado de Unión del Pueblo Navarro se ha abstenido. La votación ha salido adelante con 311 votos a favor y los 33 en contra de la extrema derecha.

La ley registrada por el grupo socialista busca modificar el Código Penal con el objetivo de introducir penas de entre seis meses y dos años de prisión a quienes promuevan estas terapias. La última ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, impulsada durante la legislatura por el Ministerio de Igualdad, ya recogía como infracción administrativa “muy grave” la promoción o práctica de este tipo de métodos. La idea del texto es que ahora pasen a ser consideradas como delito.

Estas pseudoterapias, que muchas veces se desarrollan en entornos religiosos y en la mayoría de los casos de forma secreta, buscan “modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”, según la ley registrada por el PSOE. Algunos de los métodos utilizados van desde el uso de exorcismos o intervenciones espirituales hasta la castración hormonal o el “recondicionamiento” del placer.

La propuesta del PSOE establece que se use la horquilla de penas más altas cuando las víctimas fueran menores de edad, cuando se emplee violencia, intimidación o engaño, o se abuse de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima “por razón de enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia”. También “cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades” o cuando haya “fines de lucro”.

Además, contempla penas de inhabilitación especial de hasta cinco años para las personas que incurran en estas prácticas y se desempeñen en profesiones que impliquen un contacto regular y directo con menores.

Y “en todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en la persona delincuente”, añade la ley.

“Hoy nos miran jóvenes que con apenas 15 o 16 años fueron llevados a la fuerza al despacho de un supuesto psicólogo, de un supuesto médico o sacerdote que les prometía una cura para algo que no es una enfermedad. Nos miran también mujeres lesbianas que fueron violadas con la excusa de corregir su orientación”, ha defendido el diputado socialista Víctor Gutiérrez, que ha presentado el texto en nombre de su grupo.

Gutiérrez ha argumentado la necesidad de endurecer el castigo contra estas terapias e incorporarlo al Código Penal. Entre otras cosas, ha dicho, porque son en ocasiones las familias las que empujan a este tipo de prácticas, lo que dificulta las denuncias. También ha señalado que son muchas veces las comunidades autónomas las que reciben esos avisos pero no toman las medidas adecuadas.

“¿Qué es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde se ha ejecutado el primer retroceso en materia LGTBI de la democracia que la señora Ayuso ha abierto la puerta?”, ha argumentado a continuación González. “Que se puedan practicar terapias de conversión a personas trans. Eso es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid. Ayuso presume de que Madrid es la comunidad más libre. En Madrid cada uno hace con su vida lo que le da la gana, excepto los niños a los que usted ha dejado vendidos a sectas y a pseudoterapeutas, esos no pueden hacer lo que les dé la gana y lo que han hecho es gravísimo”, ha denunciado.

En otros lugares como en la Comunitat Valenciana, la mayoría de PP y Vox se puso de acuerdo para vaciar la ley trans autonómica y abrir la puerta a que este tipo de terapias sean voluntarias. “Han desactivado la protección contra estas terapias, han vaciado de recursos los centros de atención a víctimas, han permitido que asociaciones ultra católicas vayan a centros concertados para adoctrinar a los niños trans…”, ha acusado González al PP.

La iniciativa ha contado con el apoyo de todo el bloque de investidura, aunque algunas formaciones de izquierdas han reprochado al PSOE poca ambición en la redacción de la ley. Algunas como Sumar y Podemos han avanzado que enmendarán el texto para que no sea una ley únicamente punitiva, sino que incluya medidas de acompañamiento psicológico o educación sexual integral en las escuelas.

Vox, en contra

Tanto la derecha como la ultraderecha han asegurado estar en contra de estas terapias, pero al mismo tiempo han cargado contra esta ley que busca perseguirlas penalmente. El diputado del PP Jaime de los Santos se ha limitado a criticar que el texto sea una proposición de ley y no un proyecto del Gobierno, una decisión que a su juicio busca que no pase los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, cuyos argumentos ha avanzado- “Les diría que ¿qué es una terapia de conversión?”, ha dicho para defender a continuación la modificación de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Pese al duro descargo de su diputado, el partido ha votado a favor del texto.

Vox ha asegurado que no está en contra de las personas homosexuales pero ha cargado a continuación contra el PSOE por pretender “proteger a personas ya protegidas”, “mandar a personas a la cárcel” y “comprar los argumentos del lobby LGTBIQ+”.