El eurodiputado ha publicado una revisión de su declaración tras ser multado por ocultar sus ingresos e incluye los 100.000 euros que investiga el Supremo como financiación ilegal
El Supremo cita a Alvise para declarar por financiación ilegal el próximo 11 de julio
Alvise Pérez lleva más de un año ocultando al Parlamento Europeo sus ingresos en la declaración obligatoria después de tomar posesión como eurodiputado. Pero por fin ha cumplido la exigencia y ha presentado una nueva declaración, adelantada por Infolibre, en la que explica que cobró ingresos por valor de 783.200 euros entre enero de 2021 y julio de 2024.
Lo que figura en el documento es, en primer lugar, la cifra de 20.000 euros al mes durante 2024, prorrateados, que en los seis meses hasta julio fueron 120.000 euros. En 2023 la cifra fue de 145.200 euros, en 2022 fue de 198.000 y en 2021 de 156.000.
La cifra de 2024 incluye un “pago único” de 100.000 euros por participar en lo que él describe como “una charla no profesional sobre la carga fiscal y la libertad financiera el 6 de abril de 2024 en Madrid”. Los datos aportados coinciden con el evento sobre criptomonedas organizado en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela por la plataforma de inversiones Madeira Invest Club, vinculada a Pérez después de que el empresario Álvaro Romillo dijera haberle entregado precisamente 100.000 euros en plena campaña de las europeas, tal y como reveló elDiario.es. La causa está ya ante el Tribunal Supremo y tendrá que declarar el 11 de julio.
Además de eso, se suman 15.000 euros en 2021 como administrador de la compañía Resistencia Popular, según recoge la declaración de Alvise. Y añade 500 euros mensuales por suscripciones de Instagram y Patreon (Twitter, YouTube). No aparecen incluidas las microdonaciones: “La cifra exacta se actualizará en la declaración al final de cada año”, añade.
El líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ fue recientemente sancionado con la suspensión de las denominadas dietas de estancia durante dos días (700 euros) por no publicar sus ingresos. El Código de Conducta de la Eurocámara obliga a los eurodiputados a dar detalles sobre las actividades remuneradas los tres años anteriores a la entrada en el Parlamento así como la pertenencia durante ese tiempo a comités o consejos de administración de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otros organismos con personalidad jurídica.
