Un grupo de ex altos cargos de la Unión Europea y de instituciones globales como Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE, Mary Robinson, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o Heidi Hautala, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, han firmado una declaración bajo el título de Salvaguardar el marco de sostenibilidad de la UE en la que piden que “la UE que envíe unas señales claras al mercado para que los agentes económicos dirijan sus esfuerzos a una rápida descarbonización, fortalezcan su resiliencia al cambio climático y adopten modelos de gestión sostenibles y respetuosos con los derechos humanos”.

El pasado febrero, la Comisión Europea presentó el Pacto Industrial Limpio con el que se pretende revigorizar a la industria ‘verde’, con la movilización de 100.000 millones en inversiones, incentivos fiscales y ayudas públicas masivas. Sin embargo, este Pacto tiene su lado oscuro. El paquete ómnibus aboga por la simplificación de la burocracia que se traduce en un recorte las exigencias medioambientales de las empresas, rebaja las sanciones por el incumplimiento y reduce sustancialmente el número de empresas que están sometidas a la rendición de cuentas por la sostenibilidad, entre otros nuevos obstáculos para lograr la descarbonización de la economía.

Por estos motivos, para los firmantes del documento el reciente paquete regulatorio de la Unión Europea en materia de sostenibilidad (Ómnibus I) “representa el riesgo de desmantelar el entramado normativo en materia de sostenibilidad construido durante años”. Este grupo de ex representantes de alto nivel de instituciones globales denuncian que “la supresión o el aplazamiento de normativa” que suponen “los cimientos de la transición hacía una economía más sostenible y resiliente, es una preocupante marcha atrás”.

“La transición hacia una economía más justa y sostenible no puede esperar. Los efectos del cambio climático ya se dejan sentir generando costes económicos y problemáticas sociales. Es necesario enfrentar estos efectos urgentemente y acorde a los escenarios planteados por la comunidad científica”, señalan en su escrito.

Aunque este grupo de ex altos cargos de la Unión Europea admiten que “un exceso de burocracia y de exigencias normativas puedan afectar a la vida interna de las compañías europeas”, de manera que se muestran “partidarios” de “reducirlas y optimizar esas exigencias”, también plantean que ante la normativa del Pacto Industrial Limpio, se deberían “reivindicar algunos principios indeclinables y acciones políticas que han posicionado a la Unión Europea en el liderazgo social y medioambiental a nivel global”.

Entre estos principios, el documento recoge que “una competitividad basada en la innovación y la justicia social, no en la competencia a la baja en costes y la devaluación de los estándares de bienestar y respeto a los derechos humanos en la UE y en terceros países”. Los firmantes sostienen que “Europa debe mantener ese liderazgo moral no solo en su territorio, sino a través de las cadenas de suministro (altamente internacionalizadas) de las grandes empresas que operan en el ámbito comunitario”.

Además, recuerdan que “se corre el riesgo de que una atenuación de las normativas de sostenibilidad reduzca los incentivos para desarrollar tecnologías y modelos de negocio sostenibles dentro de la UE”. Este grupo de ex altos cargos también reconocen “los esfuerzos realizados por empresas y otros actores, conscientes de la importancia de la sostenibilidad medioambiental y social”, pero también avisan de su rechazo al “falso dilema entre sostenibilidad y responsabilidad social versus eficiencia y competitividad”.

Ante esta situación, los firmantes de la declaración Salvaguardar el marco de sostenibilidad de la UE reclaman “un marco legal estable y coherente, que aporte seguridad jurídica”, ya que “alcanzar los objetivos de descarbonización implica cambios transformadores en los modelos productivos apoyados por políticas públicas que favorezcan la transparencia y generen incentivos, y desincentivos, a los agentes del mercado”.

“La transición hacia una economía más sostenible y justa no solo es un desafío, sino también una oportunidad para construir una Unión Europea menos dependiente del exterior y resiliente a crisis y factores externos”, concluyen en su misiva.