La policía entrando en el Parlamento de Cantabria para registrar un ordenador, un bolígrafo espía con el que supuestamente se grababan conversaciones privadas, una querella por acoso laboral y un diputado que se ha ido al grupo mixto. Los despachos del Grupo Vox en la Cámara autonómica son el escenario de una guerra interna, entre el liderazgo de la actual portavoz, Leticia Díaz, y el equipo de asesores heredado de la anterior legislatura, que deja algunas imágenes insólitas en la vida política de la comunidad autónoma.

Hasta el punto de que hace unos días la policía judicial accedió al Parlamento de Cantabria por primera vez en su historia. Hace algunos años, dos agentes vigilaban los accesos al hemiciclo desde la puerta de entrada -hoy es un servicio en manos de seguridad privada- pero nunca habían actuado dentro del edificio con una misión dirigida por un juzgado.

La primera semana de junio un juez de instrucción de Santander envió un requerimiento al Parlamento de Cantabria para realizar un registro en los despachos de Vox a raíz de la querella por acoso laboral que presentó en marzo una de sus trabajadoras, Carmen López-Tafall, de baja desde hace un año, a la portavoz del grupo parlamentario de ultraderecha, Leticia Díaz.

La presidenta de la institución lo autorizó y los agentes de la policía judicial y científica se personaron en los despachos que ocupa el grupo parlamentario Vox en la cuarta planta del antiguo Hospital de San Rafael. Llegaron a las nueve y media de la mañana. A las dos de la tarde dieron por terminada su tarea de búsqueda y se llevaron precintada la CPU del ordenador de la empleada presuntamente acosada.

El juzgado busca descifrar si alguien ha accedido al mail y al WhatsApp personal de la trabajadora del grupo parlamentario de Vox en Cantabria. Los antecedentes del caso, que continúa su tramitación judicial, se remontan al día después de las elecciones autonómicas. Vox obtuvo 4 de los 35 escaños del hemiciclo cántabro. La candidatura estaba encabezada por Leticia Díaz y el anterior número uno, Cristóbal Palacio, pasó a ocupar el segundo lugar de la lista. Ambos obtuvieron asiento en la Cámara junto a otros dos diputados: Armando Blanco, que ya lo había sido en la legislatura previa, y Natividad Pérez, que se estrenó como parlamentaria.

Rivalidad y renuncias

Desde los primeros días estalló cierta rivalidad entre Palacio y Díaz, a consecuencia del cambio en la manera de dirigir y trabajar del grupo que se fracturó en dos: las dos mujeres, Díaz y Pérez, por un lado, los dos hombres, Palacio y Blanco, por otro. El responsable de comunicación acabó por despedirse y, más tarde, también el primer coordinador que envió Madrid para intentar pacificar el grupo ante los constantes desacuerdos, Nico Gutiérrez. Su sustituto, Toni López, siguió el mismo camino tiempo después, no sin antes dejar un reguero de polémicas por compatibilizar ese trabajo con su acta como diputado del Parlament de Catalunya.

En medio de estos desencuentros quedaron los trabajadores que formaban parte del equipo anterior durante la pasada legislatura. Estos empleados, que realizan diversas funciones como asistentes, asesores o periodistas, son contratados directamente por el grupo parlamentario con los fondos que recibe la formación política del Parlamento. Tienen, por tanto, un estatus peculiar: no son trabajadores de la institucion pero trabajan en ella con despachos, ordenadores y correos electrónicos corporativos.

Apenas cinco meses después de iniciada la legislatura, el panorama de tensión en los despachos de Vox provocó que una de las asesoras, Carmen López-Tafall, cogiese una baja laboral en enero de 2024. Más sorprendente resultó cuando se desveló el motivo: había denunciado a su jefa por acoso laboral. Es más, Leticia Díaz ya está sancionada internamente por este caso.

En paralelo, se cruza otra inquietante trama. Los diputados Palacio y Blanco denunciaron “espionaje” dentro del grupo parlamentario y pusieron una denuncia en la Policía. En ella relataban que un asesor de confianza de la actual portavoz les había estado grabando conversaciones en los despachos del grupo con un ‘bolígrafo espía’ cuya extraña apariencia les había llamado la atención. Lo abrieron y apareció un minúsculo dispositivo. Pero, en ese momento, les pilló in fraganti el propietario del artilugio: hubo gritos, forcejeos y empujones, aunque nadie salió lesionado de la rocambolesca escena.

La portavoz del grupo Vox en Cantabria, Leticia Díaz, junto a Santiago Abascal y el diputado Emilio del Valle

Sanción interna a la portavoz de Vox

Tras este incidente, el Comité de Garantías de Vox cerró el expediente del caso de acoso laboral y tomó una decisión: suspendió de militancia durante seis meses a la número uno del partido en Cantabria, una resolución que no se ha traducido en nada efectivo puesto que Leticia Díaz continúa representando al partido como portavoz en las sesiones parlamentarias.

En otro giro de guion, un mes después al diputado Cristóbal Palacio, que denunció el espionaje interno, le comunicaron que también él ha sido sancionado con dos años de pérdida de militancia “por negligencia en sus labores de diputado”, sin que nadie le hubiese dado ni el aviso ni la oportunidad de explicarse. Simplemente recibió un mail de Madrid que atribuía la decisión a una denuncia de sus dos compañeras de bancada: Leticia Díaz y Natividad Pérez. No obstante, como ocurrió con la portavoz, la sanción no lo inhabilitó para ejercer como diputado en la Cámara.

El diputado Cristóbal Palacio, que abandonó Vox y se fue en solitario Grupo Mixto, se retrata frente al vinilo que colocó en su despacho y que retiró el Parlamento.

Un diputado abandona Vox

La consecuencia fue que Cristóbal Palacio solicitó su baja como afiliado de Vox, se dió de baja también del grupo parlamentario pero no renunció a su acta. Actualmente sigue en la Cámara como diputado independiente y no adscrito a ningún partido.

Curiosamente, para abundar en la anécdota, el Parlamento instaló su despacho en un almacén en el sótano del edificio, junto a la cafetería y el baño de mujeres. Un habitáculo con las puertas de cristal transparente que el diputado, para tener intimidad, decoró con un vinilo decorado con una caricatura de sí mismo. Era una obra del artista cántabro Santiago Arrarte que representaba a Palacio, una vaca tudanca y al propio edificio del Parlamento. Al cabo de tres semanas, desde el Parlamento ordenaron retirarlo y el diputado denunció el “allanamiento” de su despacho y puso una queja oficial a la Mesa del Parlamento al entender que el despacho de un diputado es “inviolable”.

Para entonces, incapaz de atenuar el conflicto en el Parlamento, el presidente de Vox en Cantabria ya había tirado la toalla. Emilio del Valle, también diputado nacional en el Congreso, presentó la dimisión de su cargo orgánico y se nombró en su lugar a la concejala del Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, como presidenta.

Leticia Díaz, portavoz de Vox en Cantabria.

Querella judicial contra la portavoz

Tras este cúmulo de incidencias, la asesora presuntamente acosada decidió recurrir a la vía judicial y en abril presentó una querella contra Leticia Díaz en los juzgados de Santander que sigue su curso con el último episodio: el registro policial de los despachos del Parlamento de Cantabria.

Esta cuestión también tiene su intriga. ¿Por qué el juzgado realiza esta diligencia? La respuesta está en la documentación que la propia acusada, Leticia Díaz, aportó para recurrir la querella judicial. Un informe en el que incluía algunas fotografías. En una de ellas aparece, posiblemente por descuido, el ordenador de la denunciante. Está encendido y en la pantalla se aprecian abiertos su correo electrónico y la aplicación de su WhatsApp personal con una conversación entre Carmen López-Tafall y el diputado Cristóbal Palacio.

La asesora pidió ampliar la denuncia de acoso laboral añadiendo la presunta vulneración del secreto de comunicaciones. Eso explica que la policía haya entrado en el Parlamento a registrar los despachos del grupo Vox.

La querella sigue su curso en el juzgado, Vox ha perdido uno de sus cuatro diputados y tiene menos fuerza en la Cámara autonómica. En las elecciones autonómicas y municipales de 2023 la formación política obtuvo un 11% de los sufragios y casi 36.000 apoyos en las urnas. Los resultados tampoco permitieron hacer un pacto de gobierno con el Partido Popular que gobierna Cantabria en minoría gracias al apoyo del PRC de Miguel Ángel Revilla.

A diferencia de otras comunidades, la relación con Vox no ha sido decisiva y el Ejecutivo de María José Saénz de Buruaga (PP) únicamente ha pedido su apoyo para casos puntuales, como la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática o la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa.

Dos años después de las elecciones la afiliación de Vox en Cantabria se ha reducido a menos de la mitad, según fuentes internas de la formación. El balance de la mitad de legislatura no ha podido ser más agitado, aunque todavía quedan más capítulos, al menos la resolución de la investigación judicial.