El Gobierno de coalición está contra las cuerdas. El PSOE ha entrado en modo pánico. Sus aliados, también. La legislatura ha quedado gravemente dañada. No es seguro que pueda llegar a 2027; ni siquiera a 2026. Dos secretarios de organización del PSOE están hoy imputados por corrupción. Y los audios que grabó Koldo amenazan a muchos políticos más.

Voy a intentar explicarte la situación con el máximo detalle, responder algunas de las preguntas que más se repiten estos días. Es largo. Hay mucho que contar.

¿Qué pruebas hay contra Santos Cerdán?

Ya no son solo los audios que grabó Koldo García, donde ambos aparecen repartiéndose mordidas. En uno de los registros, en la casa del dueño de una de las empresas implicadas, encontraron un documento muy comprometedor: una “escritura privada de compraventa” firmada el 1 de junio de 2016. Según ese documento, Santos Cerdán poseía el 45% de Servinabar 2000, la sociedad que usaba la trama para repartirse las presuntas mordidas que pagaba Acciona.

Esas compraventas privadas son un viejo truco, habitual en casos de corrupción. Es el sistema que también usaba, por ejemplo, Julián Muñoz para ocultar sus mordidas en Marbella. Esos documentos quedan solo en pocas manos: las de quienes los firman. No se suelen elevar a escritura pública ni inscribir en el Registro Mercantil. De esa forma, la propiedad de una empresa queda oculta. Pero al mismo tiempo, el dueño escondido se asegura de que el testaferro no se llevará todo el botín.

La empresa, Servinabar, emitió un comunicado negando que Santos Cerdán posea acciones de la compañía. Pero el acta del registro de la Guardia Civil lo afirma de forma contundente. Lo explican así.

Parecen indicios sólidos. Y eso que la investigación contra Santos Cerdán solo acaba de arrancar. Como estaba aforado, al ser diputado, hasta que dejó el escaño no se le podía investigar. Pero el viernes el Supremo pidió todos los datos: sus cuentas corrientes, sus propiedades, sus participaciones empresariales… todo lo que haya sobre él.

¿Ha ordenado el Tribunal Supremo a la Guardia Civil un registro de la sede del PSOE?

No, a pesar de lo que dan a entender algunos titulares de prensa, a pesar de lo que dijo Alberto Núñez Feijóo, que tachó lo ocurrido de “una redada” en Ferraz. El Supremo, en ese mismo auto del viernes, ordenó al PSOE y al Ministerio de Transportes que permitieran a la UCO –la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil– llevarse una copia de los correos electrónicos corporativos de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. Es eso lo que horas después ocurrió. Nada menos, pero tampoco nada más.

En ese mismo auto, el Supremo desestimó lo que pedía la acusación popular del PP: un registro completo de la sede de Ferraz y de la casa de Santos Cerdán. Por ahora, el juez que lleva la investigación está actuando con bastante prudencia, para todo lo que hay.

¿Es un caso de lawfare?

La sospecha es legítima. Desde que la derecha fracasó en las elecciones de 2023, desde que el PSOE pactó la ley de amnistía con Puigdemont, el asedio contra el Gobierno se ha intensificado. “El que pueda hacer que haga”, como ordenó José María Aznar.

Desde entonces, se ha puesto en marcha una evidente ofensiva contra el Gobierno por todos los frentes, con causas judiciales tan dudosas como la acusación contra el fiscal general o la anómala investigación del juez Peinado contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

La campaña contra el Gobierno empezó desde el minuto uno de esta legislatura. La diferencia es que ahora sí hay serios indicios de corrupción.

¿Quién es el juez?

Dentro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la mayoría de la derecha es abrumadora; consecuencia de los sucesivos bloqueos del PP a la renovación del CGPJ que han permitido a la derecha colonizar los puestos clave de la Justicia. Pero no se puede situar en el bloque conservador al juez que instruye este caso, Leopoldo Puente.

Puente fue nombrado en noviembre de 2020: en la misma tanda en la que entró en el Supremo Ángel Hurtado: el polémico juez que ahora investiga al fiscal general; famoso por intentar evitar la condena al PP en la Gürtel y por oponerse a que M. Rajoy fuera citado a declarar.

A diferencia de Hurtado, Puente venía avalado por el sector progresista en esa tanda de nombramientos –en el pasado fue miembro de Jueces para la Democracia–. Era un nombre que tampoco irritaba a la derecha, como sí lo hacen otros magistrados progresistas. Y entre las decisiones que ha tomado desde que está en el Supremo, destaca su voto particular contra la injusta condena al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que después fue anulada por el Tribunal Constitucional.

A Leopoldo Puente tampoco se le puede definir como un juez próximo al Gobierno. Fue también ponente de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo contra la ley de Amnistía y confirmó las rebajas de pena por la ley del ‘solo sí es sí’. Pero dentro de esa conservadora Sala de lo Penal –que el PP presumía de “controlar desde detrás”–, Puente es uno de los pocos jueces que no está alineado con la derecha.

¿Qué más implicados hay?

Todo empezó con Koldo García, como recordarás: fue investigado a raíz de un contrato de compraventa de mascarillas. Aquella denuncia la presentó Alfonso Serrano, el número dos del PP de Madrid, como venganza por el caso del hermano de Ayuso. Con Koldo García fue acusado Víctor de Aldama, que además está imputado en un fraude de cientos de millones con empresas de hidrocarburos que no pagaban impuestos. Y más tarde imputaron al exministro José Luis Ábalos.

Ahora no es solo Santos Cerdán. A él se suman cinco empresarios más. Y el Tribunal Supremo también ha pedido a la Audiencia Nacional que impute a dos exaltos cargos del Ministerio de Transportes: Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado y expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras.

Ya no es solo una trama que afecte al corazón del PSOE. También al Gobierno. Lo que hay sobre la mesa es gravísimo. Y lo peor es que aún puede crecer más.

¿Quién más sale en los audios de Koldo?

No se sabe con certeza. Y esa es una de las razones por las que el PSOE se encuentra paralizado, a la espera de las siguientes entregas que sin duda llegarán.

Koldo lleva años grabando de forma sistemática. Lo hacía a todas horas: con su móvil y también con una grabadora de la marca Philips. Koldo trabajó como confidente de la Guardia Civil cuando ETA mataba. Llegó a ser condecorado. Fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel por dar una paliza, pero nunca entró en prisión: fue después indultado por José María Aznar.

En los audios de Koldo García, según cuentan fuentes de su entorno, no solo aparecen importantes dirigentes en activo del PSOE o miembros del actual Gobierno. También hay varios hombres del Consejo de Ministros de Zapatero, políticos del PP, dirigentes del PNV, empresarios, presidentes autonómicos… Hay incluso mandos de la Guardia Civil.

“Si sale todo, explota este país, no solo el PSOE”, asegura una de estas fuentes. No se sabe si es una bravuconada de Koldo, o si dice la verdad.

¿Hay audios de Miguel Tellado?

Desde el entorno de Koldo dicen que sí: que el PP ofreció un pacto. Pero no está claro si esa grabación realmente existe. Tampoco si aparecerá.

Tampoco es descartable otra posibilidad: que finalmente Koldo García acabe pactando con la Fiscalía Anticorrupción una confesión, como antes hizo Víctor de Aldama y hoy el propio José Luis Ábalos se está planteando.

Saldremos de dudas en pocos días, el próximo lunes, cuando Koldo declare ante el Supremo. Si reconoce los audios como suyos y se autoinculpa, es que el pacto con Anticorrupción existe ya.

¿Cuántos de esos audios tiene ya la UCO?

Koldo García sabía que estaba siendo investigado. Se llegó a encarar con un agente que lo seguía e incluso ofreció las llaves de su casa a un mando de la Guardia Civil. Aun así, dejó estas pruebas incriminatorias en su domicilio. Desde su entorno aseguran que Koldo García lo hizo a propósito: porque pensaba que le protegerían, que servirían para que no le dejaran caer.

Las mismas fuentes también dicen que hay muchos más audios, más grabaciones que Koldo García esconde en un lugar seguro. Incluso ha dejado instrucciones ante notario para que salgan a la luz en caso de que le ocurra algo.

Pero la UCO ya tiene buena parte de esas grabaciones. Por ahora, solo ha desvelado nueve archivos: aquellos que afectan a Santos Cerdán. Pero el juez Leopoldo Puente ha pedido a la UCO que analice todas las pruebas “con especial interés” en todo lo que implique al actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, “subordinados de este” o “cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo”.

¿Cualquier otra persona aforada ante el Supremo? Eso incluye a todos los ministros, diputados y senadores. También al presidente del Gobierno.

¿Lo sabía Pedro Sánchez?

En los audios que ha desvelado la UCO, hay un fragmento que apunta directamente a esta cuestión. Es una grabación que hizo Koldo García de una reunión con José Luis Ábalos el 23 de noviembre de 2023. En ella Koldo explica a Ábalos que amenazó a Cerdán con chivarse a Pedro Sánchez.

Es un testimonio cuya credibilidad es discutible. En aquel momento, Koldo García ya sospechaba que estaba siendo investigado. Pero la amenaza es explícita: “Le he escrito a Santos, le he dicho (…) o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por dios que le llevo a Pedro [Sánchez] una grabación”.

Por entonces, Koldo García se quejaba de que Santos Cerdán lo había dejado tirado, que le debía dinero y no llegaba a fin de mes.

¿Por qué la UCO no ha registrado la sede de Acciona?

Es una pregunta pertinente, teniendo en cuenta que esta gran empresa es quien presuntamente pagó la mayor parte de las mordidas. Uno de los principales imputados es Fernando Merino, exdirectivo de esta compañía, que fue gerente de Acciona en Navarra. Su casa fue registrada, a la vez que la de Ábalos o los despachos de varias empresas implicadas. Pero la sede de Acciona, no.

Sí hubo una petición de información para Acciona. Agentes de la UCO se presentaron en la sede pidiendo documentos el mismo día en el que entraban en la casa de Ábalos, o en la constructora Servinabar. Pero no hubo registro. Nadie revolvió cajones allí.

Según publicó la Cadena SER, el responsable de seguridad internacional de Acciona desde 2021 se llama Manuel Sánchez Corbí. Es un coronel de la Guardia Civil. Hasta 2018, cuando fue destituido por Marlaska, era el jefe de la UCO.

¿Quién es el abogado de Santos Cerdán?

Se llama Benet Salellas y fue diputado de la CUP entre 2015 y 2017 en el Parlament catalán; uno de los que forzó la dimisión de Artur Mas. Su elección ha llamado la atención porque es la antítesis de las ‘togas de oro’, de los caros penalistas que suelen defender a los que cazan en un caso de corrupción. Salellas no es de los que aceptan a cualquier cliente. Quienes le conocen aseguran que sigue siendo un activista: que si ha aceptado defender a Santos Cerdán es porque cree en su inocencia.

¿Puede caer el Gobierno?

La respuesta es sencilla: el Gobierno caerá cuando al menos uno de los partidos que hoy le respaldan le retire su apoyo. Basta con cuatro diputados de cualquier formación. Depende de Junts, ERC, Bildu, Sumar, PNV o Podemos. El día en que cualquiera de ellos convoque una rueda de prensa exigiendo elecciones anticipadas o sumándose a una moción de censura para convocarlas, la legislatura acabará.

¿Puede pasar tal cosa? Con lo que hoy hay sobre la mesa, aún no. Ninguno de estos partidos quiere unas elecciones que, en un momento tan crítico como el actual, solo garantizan el triunfo de la derecha y la extrema derecha. Nadie desea este escenario. “Es una correlación de debilidades”, teoriza un ministro, que también asegura que nunca antes ha visto tanta distancia entre el escenario y las bambalinas: “En público nos machacan, en privado nos dicen que aguantemos”.

Hay otro factor más: “Un Gobierno no puede caer por un informe de la Guardia Civil, por duro que sea; sería un precedente terrible” –asegura un veterano político de la izquierda. “Hay que esperar a que el caso avance y sepamos más”.

No es algo que solo diga la izquierda. En su momento, cuando la corrupción afectaba al PP, era lo mismo que argumentaba Feijóo.

¿Qué dicen los demás partidos?

Ninguno de los socios del Gobierno se fía completamente de la UCO. Tienen sus motivos: todos han sufrido en propias carnes la persecución de los aparatos del Estado, aunque aquella cloaca tenía su refugio en la Policía Nacional, no en la UCO. Entre los parlamentarios que apoyan al Gobierno hay división al respecto. La mayoría piensa que las pruebas son palmarias, pero algunos desconfían: creen que los audios pueden estar manipulados. Hay incluso periciales en marcha para demostrar si esto es así, o no.

Solo un día antes de que se conociera el informe sobre Santos Cerdán, Gabriel Rufián salió a defenderlo. Decía la verdad: todos los socios del Gobierno –no solo los dirigentes del PSOE– confiaban en su inocencia, pensaban que era parte de una campaña de acoso al Gobierno. Aún hoy, algunos no se lo acaban de creer.

Al mismo tiempo, nadie se atreve a salir públicamente a expresar estas dudas. Más bien al contrario. Las condenas públicas a la corrupción del PSOE son mayores que las sospechas que, en privado, algunos manifiestan.

Muchos temen que el Gobierno no podrá sobrevivir. Nadie se quiere pringar, por miedo a lo que venga después.

¿Y si Sánchez convoca una cuestión de confianza?

Es una alternativa que el Gobierno barajó. Pero no gusta a ninguno de los socios: daría oxígeno a Pedro Sánchez, pero obligaría a los demás partidos a una foto de respaldo que hoy no quieren.

Si el Gobierno la convoca, será forzado por la presión: como un órdago que, en el mejor de los casos, refuerza a Sánchez y, en el peor, le permite ir a las elecciones culpando a los partidos que hayan abierto la puerta a un Gobierno de Feijóo con Abascal.

¿Y si dimite Sánchez?

Su sucesor puede ser cualquiera: no hace falta que esté en el Parlamento –tampoco lo estaba Pedro Sánchez cuando ganó la moción de censura de 2018–. Pero tendría que lograr el respaldo de todos los partidos del bloque de la investidura. De todos ellos.

¿Qué otras medidas puede tomar?

Hay una posible opción, un cortafuegos que puede saltar si la situación se complica aún más: un congreso extraordinario del PSOE al que Pedro Sánchez renuncie a presentarse. También está sobre la mesa una crisis de Gobierno, que seguro será inmediata si este escándalo salpica a alguno de los ministros.

Sánchez también puede hacer algo más: endurecer las penas de los corruptores, de las empresas que pagan las mordidas y suelen salir impunes. Y ofrecer –como piden varios de los socios– un plan que justifique el esfuerzo: más medidas sociales que ayuden a mejorar la vida de la gente, no simplemente resistir.

Y ahora, ¿qué puede pasar?

Todo depende del siguiente golpe. Si afecta directamente a Pedro Sánchez. Si el caso crece hacia una posible financiación ilegal del PSOE. De quién sea el siguiente Santos Cerdán, que se vea obligado a dimitir.

La paranoia en el PSOE se parece al videojuego Among Us. Va de una nave espacial en la que se ha infiltrado un alien asesino, pero nadie sabe quién es. Nadie sabe quién será el siguiente en morir.

Todos los dirigentes del PSOE, probablemente sin excepción, han revisado estos días sus mensajes de Whatsapp: con Ábalos y con Sántos Cerdán. Muchos también tratan de recordar qué dijeron en presencia de Koldo García –y de su grabadora–.

Pedro Sánchez tiene una estrategia, y está a la vista. La próxima semana irá al choque con Donald Trump y ante él defenderá lo que muchos otros países piensan y nadie se atreve a decir: que no se puede subir el gasto militar al 5%, por más que lo exija el presidente de EEUU. El objetivo –bastante obvio– es demostrar por qué es importante que, en este mundo de locos, resista una de las pocas voces progresistas con peso internacional.

Cada semana que pasa es una pequeña victoria para Sánchez, que intenta capear la tempestad y que el verano ayude a reducir la presión. Pero todo depende de factores que el Gobierno no controla: de una investigación judicial, de los informes de la Guardia Civil y de las grabaciones de Koldo García. Como se demostró cuando se conocieron los audios, esta curiosa “dictadura” no manda en los aparatos del Estado ni apenas tiene información.

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Ignacio Escolar