La reticencia al cambio es humanamente comprensible. Modificar lo que se tiene, aquello que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, implica esfuerzos individuales y colectivos que, de entrada, cuesta asumir. Y también es natural que los cambios que afectan a instituciones centrales para nuestro modo de vida sean objeto de un escrutinio especialmente intenso.

Por esas dos razones, vaya por delante que, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, comprendo que la reforma del Poder Judicial diseñada en el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal pueda generar recelos, más subjetivos que fundados, en jueces, magistrados y fiscales.

El Poder Judicial es un pilar fundamental de nuestro Estado democrático y de Derecho y, por eso mismo, no podemos obviar las reformas que son imprescindibles para adaptarlo a las necesidades sociales actuales. El inmovilismo no es una opción porque es el camino seguro hacia la cronificación de los problemas que afectan a la Justica desde siempre.

Con esa voluntad, el proyecto de Ley Orgánica que se encuentra en tramitación parlamentaria implica reformas estructurales del Poder Judicial pendientes desde hace décadas. Por ejemplo, el modelo de acceso por oposición a las Carreras Judicial y Fiscal proviene de una regulación de finales del s. XIX, la última gran reforma de la Carrera Judicial se hizo hace 40 años y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no ha tenido una reforma integral desde su aprobación en 1981.

La España de hoy, sin embargo, no es la del s. XIX ni la de la Transición, tampoco lo son nuestras necesidades sociales actuales y, por tanto, el Poder Judicial debe reformarse para poder hacerse cargo de la España del s. XXI. Reformar para avanzar, avanzar para servir a la ciudadanía.

Algo que configura de manera trascendental a las Carreras Judicial y Fiscal es el modelo de acceso a las mismas. En este sentido, resulta fundamental mantener el sistema de oposición como mecanismo principal, que no único, que garantiza los criterios de mérito y capacidad.

Sin embargo, este modelo no puede ser incompatible con configurar una oposición que evalúe realmente las competencias imprescindibles para el buen desempeño hoy de la labor de juez o fiscal: la aplicación del Derecho a casos concretos y la expresión escrita. Por eso se propone que una de las pruebas evaluables pase a tener la forma de dictamen escrito que, por lo demás, se corregirá de manera anonimizada.

Y, por supuesto, el Gobierno está comprometido no solo con la igualdad formal en el acceso al Poder Judicial, sino también con la igualdad material. Por ello, el Proyecto de Ley Orgánica blinda legalmente las Becas SERÉ previstas para los opositores a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de Abogados del Estado, con una cuantía individual que no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional y con un período de disfrute de hasta 4 años.

Porque un Estado moderno es el que hace que sus servidores públicos sean aquellos que tienen el mejor expediente y las ganas de aportar a lo común, provengan de la familia que provengan y nazcan en el código postal que nazcan. Estoy seguro de que esta política pública de becas hará bien a la Justicia y por extensión, a nuestro país.

Otro de los pilares de esta reforma es la ampliación del número de integrantes de las Carreras Judicial y Fiscal. Y esta ampliación es integral, pues hace convivir un incremento de las plazas convocadas en las oposiciones anuales con un proceso extraordinario de estabilización de los jueces, magistrados y fiscales sustitutos. En cuanto a ampliar la Carrera, la nueva Ley, mediante enmiendas, permitirá convocar cada año, durante los próximos tres, 480 plazas de jueces y fiscales (360 por oposición a través del turno libre y 120 por concurso-oposición por el cuarto turno), lo que hará que en 2027 España habrá incorporado casi 1.500 nuevos efectivos a ambas Carreras.

Por otra parte, la Ley Orgánica cumple con los requerimientos de la Comisión Europea para acabar con la precariedad laboral en la Administración de Justicia, previendo un único procedimiento de estabilización de juezas y fiscales sustitutas y magistradas suplentes (lo digo en femenino porque casi el 80% de este colectivo son mujeres), siguiendo un sistema de concurso-oposición que garantice los principios de mérito y capacidad, en los términos dictados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia un proceso extraordinario de cuarto turno para cumplir con la UE.

Podría destacar otros avances previstos en la propuesta de reforma que son motivos para acabar con las reticencias infundadas al cambio que mencionaba al inicio, como, por ejemplo, la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales que mejorarán la apariencia de imparcialidad o el nuevo sistema de ascensos automáticos aplicable a jueces y fiscales, que facilitará la promoción profesional y le dotará de certidumbre.

Como canta Bob Dylan en su canción ‘The times they are a-changin’: “¡Vengan, senadores, congresistas! Por favor, escuchen la llamada. No se queden en la puerta, no bloqueen el pasillo. Porque quien saldrá perjudicado será aquel que se haya quedado parado”. Los tiempos cambian, también para la Justicia, y eso requiere de reformas valientes, que hoy son discutidas y que en unos años serán un gran consenso de la democracia española. La reforma necesaria para convertir nuestra Justicia en un servicio público del s. XXI ya está en marcha y es imparable.