A pesar de episodios como las manifestaciones episcopales en Colón de hace 20 años, los obispos no se habían atrevido a cuestionar la legitimidad de un ejecutivo salido de las urnas, aunque algunos prelados conceden en privado: «Es una absoluta torpeza»
El presidente de los obispos salta a la política: pide elecciones anticipadas y participa en actos con Abascal
“Es una absoluta torpeza. Vuelven los tiempos en los que el presidente hablaba en nombre de todos los obispos sin consultarles, y lo peor es que su portavoz le sigue el juego. ¡Si estaba en Estambul!”. Este viernes, a las diez de la mañana, un relevante prelado español se conectó al streaming de la Conferencia Episcopal para seguir la rueda de prensa final de los trabajos de su Comisión Permanente. Y su reacción fue “echarme las manos a la cabeza” al escuchar al obispo auxiliar de Toledo, César García Magán, subrayar que “no hay posición de la CEE, pero evidentemente el presidente ha propuesto una salida al bloqueo institucional, y que hablen los ciudadanos. Y yo creo que decir que hablen los ciudadanos es un principio básico de una democracia”.
“Si no hay una posición de la CEE, ¿por qué dice eso el portavoz?”, se pregunta este obispo, quien ya mostró su desacuerdo con las afirmaciones del presidente Luis Argüello a ABC reclamando un adelanto electoral y negando legitimidad a la petición de perdón del presidente Sánchez tras la publicación del informe de la UCO que vinculaba a los dos últimos secretarios generales del PSOE en el ‘caso Koldo’.
Esa penúltima algarada de Argüello contra el Gobierno se produjo -“y no es casualidad” apunta dicho obispo- justo antes de su presencia en un acto junto a Santiago Abascal y al virtual director espiritual de la ultraderecha, Miguel Ángel Quintana Paz, y de la celebración de la Permanente del Episcopado. Las declaraciones fueron propagadas por el portavoz de la Conferencia Episcopal (que actúa, según estatutos, en representación de los obispos españoles cuando habla ante los medios en la sede de la Casa de la Iglesia), saltándose una de las pocas normas no escritas en las relaciones Iglesia-Estado en España, donde casi todo está negociado y rubricado desde hace décadas (el año que viene se cumplen 50 años del primero de los Acuerdos Iglesia-Estado que sustituyeron al Concordato franquista): ni el Gobierno deslegitima a los líderes episcopales, ni estos reclaman un cambio de régimen. Este tiempo ya pasó. ¿Pasó?
Presentación del libro de Miguel Ángel Quintana Paz con la presencia de Luis Argüello y Santiago Abascal
Un pacto no escrito de lealtad y no intromisión que, reconocen ambas partes, no siempre se ha cumplido, aunque nunca en lo tocante a la conformación de los equipos dirigentes tanto episcopales como del Gobierno de España. Ejemplos de intromisión política fueron las manifestaciones contra el Gobierno, hace ahora 20 años, con obispos en las calles contra la aprobación del matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía, o las ‘filtraciones’ de los acuerdos sobre inmatriculaciones mientras Pedro Sánchez se reunía con Omella en la misma sede desde la que el portavoz García Magán hablaba de cómo “el presidente [Argüello], ha puesto encima de la mesa el bien común y lo que conviene a la sociedad española, por encima de intereses de partido” al reclamar elecciones anticipadas.
Obispos detrás de la pancarta
Con todo en el asunto de la legitimidad de sus representantes, nunca se había cruzado esa línea. Ni siquiera en la primera legislatura de José Luis Rodriguez Zapatero, en la que los obispos se convirtieron en la principal fuerza de la oposición al Gobierno, con las famosas concentraciones en la plaza de Colón, convocadas por el ‘vicepapa’ español Rouco Varela y que su sucesor, Carlos Osoro, suprimió poco después de que Francisco le nombrara su hombre en España para intentar cambiar el rostro del episcopado español. Una tarea que ni él ni Omella pudieron completar, y que el sucesor de Osoro en Madrid, José Cobo, trata de culminar. No sin dificultades: el año pasado, el único cardenal español en ejercicio menor de 75 años estuvo a punto de no ser elegido vicepresidente en unas elecciones en las que arrasó Luis Argüello, y que se consideraron una bofetada al Papa argentino, que pocos meses antes había señalado a Cobo como cardenal y miembro del dicasterio de Obispos. Y es que al arzobispo de Oviedo, el ultraderechista Jesús Sanz, le faltó un voto para ocupar la vicepresidencia.
Antonio María Rouco Varela en una manifestación anti matrimonio igualitario en 2005.
De hecho, hace siete años, antes de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente del Gobierno tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy, el entonces portavoz de la CEE (hoy arzobispo de Granada), José María Gil Tamayo, se limitó a pedir “responsabilidad y altura de miras política”, sin entrar en declaraciones partidistas ni mucho menos abundar en un cambio de Gobierno que, finalmente, se produjo. “Por el bien de todos los españoles, hoy más que nunca, es necesaria la responsabilidad y altura de miras política de quienes nos representan en el ejercicio de la soberanía”, señalaba, confiando en que el resultado de la moción, fuera el que fuere, sirviera para “el bien común, la unidad, la prosperidad y la cohesión social de los ciudadanos que formamos esta gran nación que es España”.
La perplejidad entre la minoría moderada en el episcopado es total, y fuentes cercanas al Gobierno y al Arzobispado de Madrid sugieren que el cardenal Cobo no esperaba las respuestas del portavoz de la Conferencia Episcopal que, insisten, ni siquiera estuvo presente en la reunión de la Comisión Permanente en la que, como él mismo reconoció, “no se había hablado” de la petición de elecciones. “Nosotros no estamos en esa clave, estábamos en tratar de convencer al PP y al PSOE para que se sumaran a la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de migrantes, que sigue atascada en el Congreso”, subrayan a elDiario.es algunos prelados presentes en la reunión de esta semana.
¿Dónde estaba García Magán? En una reunión de secretarios generales de las conferencias episcopales celebrada en Estambul. El obispo auxiliar de Toledo no participó en la reunión de la Permanente en Madrid, como él mismo reconoció. También admitió que “no se ha hablado” de la situación en el PSOE y el Gobierno. Entonces, ¿por qué habló en nombre de la Iglesia, reclamando elecciones anticipadas y hablando de una “situación de bloqueo” en España? Unas declaraciones que motivaron una dura carta de respuesta del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusando a los obispos de “comunión espiritual y política con la derecha y la ultraderecha”, y sugiriendo (con una fuerte dosis de sarcasmo, todo hay que decirlo) que la Iglesia desea cambiar de Gobierno para que “no se aborde en absoluto” la crisis de los abusos ni los delitos de las terapias de conversión.
Félix Bolaños, con el cardenal Parolin, el 25 de febrero en Roma
“Le hemos dado un balón de oxígeno al Gobierno”, señala otro prelado, más cercano al sector conservador. “Si de verdad se quería atacar a Sánchez, se debería haber planteado una nota oficial de la Permanente, y no declaraciones que nos salpican a todos”, recalca, señalando cómo “a Bolaños le ha faltado tiempo para sacar a pasear el tema de los abusos” o el de las terapias de conversión, que algunos prelados ven como “un nuevo comodín contra la Iglesia, como antes lo fue Franco”. “Se lo hemos puesto en bandeja”, lamenta el prelado.
Munilla, al rescate
No todos piensan así: en su perfil de X, el siempre polémico obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, negaba la mayor y aseguraba que “es falso que la Iglesia esté alineada con partido político alguno”, aduciendo la postura de la CEE ante la migración, muy alejada de los postulados de Vox. Al tiempo, Munilla incidía en que “la gravedad de la corrupción del gobierno actual no se limita a los tristes episodios de estos últimos días (¡históricamente, no ha habido partido político sin casos de corrupción!); sino que la corrupción principal ha sido y es, la de comprometer el ‘estado de derecho’ a su estrategia para mantenerse en el poder: por ejemplo, amnistiando a los delincuentes para obtener su apoyo parlamentario, dinamitando la separación de poderes, etc… Esta es la corrupción principal y más grave; y que, ciertamente, no es sostenible”.
Finalmente, el obispo lanzaba una andanada contra Bolaños, acusándole de fijarse “en plena borrasca, de forma específica, en las manifestaciones críticas realizadas por la Iglesia”. “¿Por qué ha escogido a la Iglesia entre tantos sectores sociales? ¿Tan trascendente le resulta la voz de la Iglesia? Es fácil percibir una maniobra de distracción, con muy pocas probabilidades de éxito…”, culminaba el prelado.
En este caso, Munilla ha hablado en su nombre y no en el de toda la Conferencia Episcopal como hizo el viernes el portavoz García Magán que con sus declaraciones en Añastro parece haber casi dinamitado los puentes de diálogo con los actuales inquilinos de La Moncloa. Un diálogo que, pese a todo, se había mantenido abierto (como se demostró con el acuerdo para la resignificación de Cuelgamuros). Ahora, desde ambos lados de ese diálogo se confiesa: “Estas cosas no ayudan. Para nada”.
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