“Tienen que difamar porque tienen que tapar la montaña de corrupción”. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acudió a la sesión de control del pasado jueves en la Asamblea de Madrid dispuesta a contestar a todos los ataques que recibe de la oposición echando mano del caso Koldo y de la implicación de Santos Cerdán. Y no solo arremetió contra el PSOE, también contra Más Madrid: “Son peores por amparar la corrupción del Estado”.

Ayuso lleva meses en los que solo puede salir a la defensiva en los plenos semanales. La oposición le echa en cara las informaciones que afectan a su pareja y al grupo Quirón, y hasta ahora su respuesta no pasaba de aludir a una persecución contra ella y encapsular el presunto fraude en los negocios de un ciudadano particular: “Lo lamento, mira que les fastidia, no tengo nada que ver”. Lejos quedaron aquellas primeras horas en que defendía que era Hacienda la que debía 600.000 euros a su pareja y que la inspección de Hacienda que derivó en una denuncia de la Fiscalía escondía en realidad una operación de “todos los poderes del Estado”.

La implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo y las ramificaciones de la trama en Navarra sirven ahora a Ayuso para pasar al ataque y emprender una cruzada contra la corrupción en la que tanto ella como el resto de su Gobierno acusan a los demás de “auspiciar” y “tapar” mientras minimiza los casos que afectan a la presidenta madrileña.

Ana Millán, la investigada que no para de ascender

“Lo que queda claro es que Pedro Sánchez lo sabía y lo tapó; lo sabía y permitió que la legislatura continuara como si no pasara nada”, dijo el pasado miércoles el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa. No le habían preguntado por el presidente del Gobierno, si no por Ana Millán.

Millán es una política del PP imputada por cuatro delitos de corrupción en una investigación que arrancó en 2022 en un juzgado de Navalcarnero (Madrid). La causa sostiene, a partir de informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que Millán favoreció con contratos públicos a un empresario durante su etapa al frente de una Concejalía de Arroyomolinos (Madrid), a cambio de prebendas para ella y dos familiares próximos.

Ayuso no solo no ha actuado contra Millán: ha ido ascendiéndola y dándole más responsabilidades. Millán fue en las listas del partido en las últimas elecciones, cuando ya estaba siendo investigada, en un movimiento que le garantizó el aforamiento. Tras los comicios, Ayuso la colocó como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y recientemente la ha nombrado la vocal que representa a los populares madrileños en la Comisión Organizadora del XXII Congreso Nacional del PP.

El Gobierno regional y la propia Ayuso navegan por este caso de corrupción como por el resto de escándalos que les afectan: nunca son relevantes y menos aún comparados con todo lo que hace el Ejecutivo de Sánchez. O, como en el caso, que afecta a su pareja, el argumentario vira hacia la persecución desde todas las estructuras del Estado.

Los pisos de Ayuso

Ayuso se ha escudado en esa falsa persecución para esquivar cualquier explicación sobre los negocios de su pareja con el gigante sanitario Quirón, sobre el dinero que Alberto González Amador reconoció haber defraudado tras dar un pelotazo con mascarillas en la pandemia, sobre la investigación abierta por corrupción en los negocios o sobre la derivada que afecta directamente a la presidenta regional: los pisos en los que vive.

Mientras lanza las acusaciones contra los demás, Ayuso aún no ha respondido en más de un año sobre la solución habitacional que le ha permitido esquivar la crisis de la vivienda que ella misma lamentaba hace no mucho. La presidenta madrileña vive en el piso de lujo que su pareja compró tras el presunto fraude, pero además disfruta de un ático de lujo, situado en el piso de arriba, propiedad de una empresa vinculada a un abogado de González Amador.

El combo de falta de explicaciones y comodín de la persecución contra ella se ha repetido en los otros dos casos que le han afectado más directamente. En primer lugar, el de Avalmadrid: la entidad semipública avaló en 2011 un crédito de 400.000 euros para MC Infortécnica, la empresa participada al 25% por el padre de Ayuso. Lo hizo en contra del criterio de los técnicos y tras una mediación de la propia Ayuso por email.

La operación, tal y como advertían los técnicos, fue un fracaso. La empresa del padre de Ayuso no pagó el crédito, así que Avalmadrid se tuvo que hacer cargo de la devolución. “Yo no he mediado, no he presionado, no era nadie”, dijo entonces Ayuso, que era asesora de Aguirre y estaba a punto de convertirse en diputada autonómica del PP. La comisión de investigación de la Asamblea concluyó que hubo irregularidades y que su padre obtuvo un “trato preferente”.

De las cuentas de la Comunidad a las de su hermano

Pero sin duda, el caso más claro que ha afectado a Ayuso es el contrato de mascarillas con el que se enriqueció su hermano. La Consejería de Sanidad de su gobierno licitó un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive SL a cambio de traer a España 250.000 mascarillas.

Hasta ahí, un caso más de los que se dio en la pandemia: una empresa sin relación con el sector sanitario que hace un enorme negocio vendiendo mascarillas a precios desorbitados. Igual que el de González Amador. Pero este tiene una particularidad: el dueño de la empresa es un amigo de la infancia de Ayuso y el comisionista que hizo negocio era su hermano.

Tomas Díaz Ayuso cobró, en total y en cuatro pagos, 234.103,52 euros. Es decir, ganó dinero con las gestiones realizadas para conseguir unas mascarillas que compró el gobierno de su hermana. “Me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano”, dijo Ayuso cuando por fin se decidió a hablar del caso, que acabó archivado por la Fiscalía Europea.

Este es, por cierto, el único escándalo que se ha cobrado una dimisión: la de Pablo Casado, que señaló públicamente la posibilidad de que el dueño de la empresa de las mascarillas fuera un mero intermediario entre el presupuesto regional y el bolsillo de Tomás Díaz Ayuso, y añadió: “Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueden contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas”. Poco después un golpe interno en el partido le desalojó de la presidencia del PP y colocó a Alberto Núñez Feijóo.

Los contratos fraccionados

La estrategia de Ayuso siempre es negarlo todo y hablar de una conspiración. Pero hay un caso sobre el que no le hemos escuchado aún una palabra: el de los centros de FP. Mientras la presidenta regional da lecciones de ejemplaridad en la Asamblea y afea la corrupción de los demás, la justicia tiene una investigación abierta por el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de formación profesional.

Un resumen. En decenas de centros de FP de la Comunidad de Madrid se hicieron reformas millonarias fraccionando contratos. Dejando las licitaciones por debajo de los 40.000 euros el gobierno regional eludía los controles, esquivaba a la intervención y podía otorgarlas a dedo.

En el informe de la Fiscalía y en las declaraciones de testigos e imputados ha quedado acreditado que se actuó así en casi todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general) e incluso en centros que no eran de FP, y se benefició a empresas diferentes, lo que hace sospechar que la orden de gastar irregularmente el dinero no partió de los directores de los institutos. El entonces consejero de Educación era Enrique Ossorio, ahora presidente de la cámara regional.

La Asamblea de Madrid, desde la que Ayuso acusó a la oposición de intentar “tapar la montaña de corrupción”, ha rechazado poner en marcha una investigación sobre el caso de los centros de FP. Su presidente, Enrique Ossorio, era el consejero de Educación en el Gobierno de Ayuso que financió algunas de las obras que investiga la Justicia.