El exdirigente del Partido Popular (PP) que fichó para su despacho de abogados a Salvador Alba también se siente dañado por los comentarios vertidos en redes sociales por la magistrada Victoria Rosell, víctima de los delitos del exjuez corrupto, contra su alta en el colegio profesional.

Jorge Rodríguez, administrador único de Consortium Abogadis, el despacho donde se publicita desde el pasado mes de marzo Alba como “abogado, asesor legal y exmagistrado”, ha elevado una queja-denuncia al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Esa queja ya se ha acumulado a la que presentó Alba en mayo y que dio lugar a la apertura de unas diligencias informativas en el órgano de gobierno de los jueces.

En esta denuncia, Rodríguez considera que Rosell “ha venido desarrollando una activa promoción de acoso y derribo” contra Alba a través de los mensajes que ha ido publicando en su perfil en la red social X (antes Twitter) desde que se publicaron las primeras informaciones sobre su alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El exdirigente popular considera que esas publicaciones “dañan indirectamente la reputación del resto de abogados miembros del bufete y de la propia marca”. La queja de Rodríguez incorpora los mismos pantallazos que la de Alba. En concreto, cuatro capturas de otros tantos mensajes publicados por Rosell en X con enlace a informaciones publicadas tanto en Canarias Ahora como en Infolibre.

En esos mensajes, la magistrada califica de “increíble” que el Colegio de Abogados de Las Palmas permitiera el alta de Alba, explica “los motivos legales” por los que considera que esa autorización nunca debió darse y llama a los abogados y abogados a “defender la ley y la dignidad de su función”. “Por ahora sólo yo he presentado reclamación contra la colegiación como abogado del delincuente”, escribe en una de esas publicaciones.

En su queja, Rodríguez, al igual que Alba, sostiene que ese “acoso y derribo” se realiza “mediante la difusión activa en sus cuentas en redes sociales de la información que publica Carlos Sosa, su pareja y propietario y editor de la publicación digital Canarias Ahora”. Omite que algunos de esos mensajes enlazan a informaciones publicadas en otro medio, Infolibre.

A juicio del administrador de Consortium Abogados, la denuncia no se basa en “un acto aislado”, sino que “es un comportamiento habitual y continuo de faltas de consideración a profesionales y ciudadanos en el desempeño de sus funciones”, un hecho que califica de “especialmente grave” puesto que Rosell es magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el mismo partido judicial en que ejercen tanto Rodríguez como Alba.

El escrito presentado ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ pide que se aparta o se suspenda a Rosell como jueza.

Una polémica colegiación

El Colegio de Abogados de Las Palmas dio de alta a Alba el pasado 18 de marzo, pese a que el exjuez aún cumple una pena de seis años y medio de cárcel (ahora en régimen de tercer grado -semilibertad-) y de 18 de inhabilitación por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, delitos que cometió en su afán por acabar con la carrera política y profesional de Rosell cuando la sustituyó al frente de un juzgado de instrucción.

Rosell, al igual que una treintena de juristas que han firmado un informe jurídico al respecto, sostiene que el Colegio de Abogados de Las Palmas no debió dar de alta a Alba porque incumplía uno de los requisitos que el estatuto que regula la profesión establece para permitir la colegiación: “Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

El Código Penal califica como graves las penas de prisión e inhabilitación superiores a los cinco años. Y sólo por el delito de prevaricación judicial en concurso medial con el de cohecho Alba fue condenado a quince de inhabilitación especial como juez. Por lo tanto, con el actual Estatuto de la Abogacía en la mano, el exmagistrado no cumple ese requisito.

Sin embargo, a Alba no se le ha aplicado el actual estatuto, vigente desde julio de 2021, sino el anterior, que data de 2001 y que tenía requisitos de colegiación menos exigentes, ya que sólo impedía ejercer a quienes estuvieran inhabilitados para el ejercicio de la abogacía.

A la hora de autorizar la colegiación de Alba, el Consejo de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Las Palmas se basaron en una disposición transitoria del actual estatuto, que estipula que “los aspectos más estrictos” de la nueva regulación no se podían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor. Y, como Alba cometió sus delitos entre 2015 y 2016, entendían que no era de aplicación el estatuto de 2021, que entró en vigor cuatro meses antes de que la sentencia que condenó al juez adquiriera firmeza.

Frente a esta interpretación se han posicionado una treintena de juristas de Las Palmas que han presentado un informe al Colegio de Abogados de Las Palmas pidiendo la revocación del alta de Salvador Alba. O, lo que es lo mismo, su inhabilitación para ejercer como letrado.

Este colectivo de abogados recuerda en ese informe que la colegiación es un acto administrativo que habilita para el ejercicio de la profesión y que no se trata ni de una sanción ni de una medida de carácter penal. Es decir, que el principio de irretroactividad de las sanciones “no es aplicable” en este caso, puesto que lo que se dirime es si cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía, no la imposición de una pena.

Los firmantes entienden que el Colegio de Abogados de Las Palmas debió valorar los requisitos de acceso previstos en la normativa vigente en el momento en que Alba solicitó su colegiación (marzo de 2025) y no cuando cometió los hechos delictivos.

Entre lo público y lo privado

El abogado que ha acogido a Alba en su despacho mientras el exjuez cumple condena por tratar de acabar con la carrera de Rosell, Jorge Rodríguez, es un histórico dirigente del PP. Durante la primera Alcaldía de José Manuel Soria en Las Palmas de Gran Canaria (1995-1999), fue concejal de Urbanismo. No acabó el mandato. Dimitió después de que se descubriera un trato de favor a la empresa de una persona de su entorno cercano.

Tras un tiempo apartado de responsabilidades institucionales, que no orgánicas (siguió como secretario de Estudios y Programas del PP en Canarias), en 2003 regresó como diputado y portavoz económico de los conservadores en el Parlamento regional. Y volvió a dimitir en 2007 después de que Canarias Ahora publicara que había ejercido como intermediario entre una empresa, Grupo Europa, y varios ayuntamientos canarios para facilitar la adjudicación de contratos en concursos públicos de viviendas sociales.

Rodríguez fue investigado, procesado y acusado por esos hechos. La Fiscalía Anticorrupción le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y pedía para él una pena de un año y ocho meses de cárcel y cinco de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al resto de acusados, pero absolvió al dirigente popular por el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del reo). El tribunal consideró probado que había intercedido a favor de esa empresa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero entendió que esa presión no había sido determinante para que el Grupo Europa ganara un concurso para la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.

Jorge Rodríguez también fue senador entre 2016 y 2019. Y en 2021 estuvo a punto de ser magistrado suplente en la Sala de lo Social del TSJC. Acabó renunciando por incurrir en incompatibilidad, puesto que no había dimitido de sus cargos orgánicos en el PP.

Rodríguez es también el abogado del Alba en la causa en que pide 23 años de cárcel y 422.500 de indemnización para Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, por publicar las maniobras delictivas del exjuez para intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.