El Tribunal de Apelaciones –compuesto por un panel de dos jueces nombrados por Donald Trump y otro por Joe Biden– se ha ratificado este jueves en su primera opinión cautelar de hace una semana y se alinea con las tesis de la Casa Blanca: el Gobierno federal no hizo mal desplegando de forma unilateral la Guardia Nacional en Los Ángeles para responder a las protestas contra las redadas masivas de los agentes de migración y, por tanto, mantiene el control del operativo en manos de la Administración Trump.

Durante la vista del pasado martes, la actitud de los tres jueces ya apuntaban a una mayor proximidad a las tesis del Gobierno federal que de Gavin Newsom, gobernador de California que presentó la denuncia. Una denuncia que fue ampliada para incluir el despliegue de 700 marines, igual de unilateral que los 4.000 efectivos de la Guardia Nacional.

El presidente de EEUU ha celebrado la decisión de los jueces insultando al gobernador de California: “Los jueces obviamente se dieron cuenta de que Gavin Newscum [Newsom] es un incompetente y está mal preparado, pero esto es mucho más importante que Gavin, porque en todo EEUU, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la debemos brindar en el caso de que la policía estatal y local no pueda, por cualquier motivo, hacer su trabajo. Esta es una gran decisión para nuestro país”.

En el caso de los marines, Newsom no solo discutía el procedimiento, sino el fondo: si es correcto que los marines asuman las tareas encomendadas de seguridad ciudadana y de acompañamiento de los agentes de migración en un contexto como el que se vivía en Los Ángeles, sin haberse invocado leyes de excepción.

Este viernes se celebra esa vista con el juez federal Charles Breyer, en San Francisco, en la que el magistrado tendrá que evaluar si dicta una orden judicial preliminar más duradera que restrinja lo que Trump puede hacer con los cerca de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional o los 700 marines desplegados en la ciudad, después que el Tribunal de Apelaciones haya dejado en suspenso su orden de restricción temporal (TRO) inicial.

La orden de restricción temporal del juez Breyer del pasado 13 de junio solo se refería a la Guardia Nacional y a si era legal que Trump la movilizara bajo control unilateral federal. En la vista de este viernes, también se abordará la denuncia de California para limitar las funciones de las tropas bajo control federal a la vigilancia de edificios federales y prohibirles que acompañen a los agentes de Inmigración y Aduanas en las redadas en lugares de trabajo que desencadenaron las protestas.

La denuncia se basa en una ley del siglo XIX, la Ley Posse Comitatus –norma federal de 1878 que prohíbe el uso del ejército para hacer cumplir la ley en el ámbito nacional–. La Administración Trump ha respondido que las tropas no están realizando tareas policiales, sino que protegen a los agentes civiles que intentan arrestar a los migrantes indocumentados.

En su decisión, el Tribunal de Apelaciones concluye que “es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad con la federalización de la Guardia Nacional cuando ‘el presidente no puede ejecutar las leyes de los Estados Unidos con las fuerzas ordinarias”.

El tribunal también determina que, incluso si el gobierno federal no avisó al gobernador de California antes de federalizar la Guardia Nacional, tal y como fija la ley, Newsom no tenía poder para vetar la orden del presidente.

El caso judicial puede tener implicaciones mayores en relación con el despliegue de más soldados dentro de EEUU y en bastiones de la oposición después de que Trump ordenara a los agentes de migración priorizar las deportaciones desde otras ciudades gobernadas por los demócratas, como Nueva York o Chicago.

Desde entonces, en estos días la situación se ha rebajado considerablemente en Los Ángeles, hasta el punto de que la alcaldesa, Karen Bass, anunciada el martes pasado la retirada del toque de queda en el centro de la ciudad después de una semana de su entrada en vigor.