El auto del juez del Supremo Leopoldo Puente conocido este viernes en el que ha imputado a cinco empresarios, ha citado a Santos Cerdán y ha requerido nuevas pruebas que han llevado a la UCO a Ferraz, también hace alusión a los antiguos responsables de Adif y la Dirección General de Carreteras, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. Puente considera que existen “indicios consistentes” contra ambos. Si bien, no les imputa ya que deja la decisión en manos de la Audiencia Nacional, al no estar ninguno de ellos aforados.

En el auto, el magistrado indica que en el oficio remitido por la UCO se detalla que ambos habrían “podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones” asistencia al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García. En concreto, esa ayuda habría estado destinada a “que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término”, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía.

Los investigados, en concreto, detallaban en ese informe que Koldo García “se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero”, para la “manipulación” de procesos de contratación. En la investigación se refleja una conversación, grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, en la que pide con insistencia a la entonces presidenta de ADIF una adjudicación para “LIC, en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia”.

“Otra vez va a cantar”

A lo que Pardo de Vera le recordó que le acababan de conceder una poco tiempo atrás y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque “se comprometió”, según los agentes, “a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora”. “Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo”, contestó Pardo de Vera a García, que “departía directamente” con la dirigente de ADIF.

El magistrado del Supremo considera que la conducta de ambos, por ser instrumentales o accesorias a la finalidad perseguida indiciariamente por Ábalos, no deben ser investigadas por el alto tribunal. Es por eso que Puente acuerda deducir testimonio al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional para que resuelva, si lo considera, investigar esos hechos.

Cabe recordar que el titular de ese juzgado, Ismael Moreno, ha citado el próximo 1 de julio a Pardo de Vera para que declare como investigada por “la contratación aparentemente irregular” de Jésica Rodríguez –expareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos– en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

El bar Franky y Acciona

De igual forma, el magistrado del Supremo sostiene que en ese informe de la UCO se detallan conductas presuntamente delictivas que podrían haber protagonizado Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy.

La UCO apunta en su informe que la presunta trama habría obtenido liquidez proveniente de Acciona a través del Bar Franky. De la información analizada por los agentes se revelan comunicaciones entre la persona que gestionaba ese restaurante, Francisco Javier Lorente, y su asesor Miguel Moreno. Comunicaciones, añade la UCO, “que evidencian una maniobra consistente en la emisión de facturas ficticias por parte del Bar Franky hacia Acciona, quien asumiría el pago a través de transferencia hacia el restaurante”.

El instructor considera que en este momento no se halla vínculo alguno entre dichas conductas y los comportamientos que cabe atribuir, en términos indiciarios, a Ábalos, único aforado en la causa, por lo que también deduce testimonio para el esclarecimiento de dichas conductas por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.